El 9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional venezolana desconoció al presidente de la República, Nicolás Maduro. Votaron a favor de ese golpe de Estado constitucional todos los diputados de la oposición salvo los tres diputados del partido de Henry Falcón, quienes entendieron la gravedad de esa decisión. Venezuela es un sistema político presidencialista desde 1811, influido por el constitucionalismo norteamericano. Al presidente le vota directamente el pueblo –a diferencia de un sistema presidencialista como el español, donde al presidente le vota el Parlamento– y le corresponde al presidente, que es el jefe del Estado, la dirección del país. Cuando la Asamblea decidió desconocer el poder legítimo del Presidente se estaba poniendo al margen de la Constitución. La prensa internacional no dijo nada.
La gran discusión entre el presidente Maduro y la Asamblea tiene que ver con las actas de tres diputados de Amazonas. Se ha demostrado que compraron votos entre otras muchas irregularidades, lo que obligaría a repetir la elección en esos tres casos. La Asamblea se declaró en rebeldía y decidió echar un pulso a la presidencia de la República. A imitación del constitucionalismo europeo, cuando hay un conflicto constitucional entre poderes el Tribunal Supremo puede asumir competencias del Parlamento en los casos en que fuera necesario. Hasta un fantoche como Donald Trump ha tenido que asumir las decisiones recientes del Tribunal Supremo norteamericano.
Por si fuera poco, esa Asamblea dominada por la oposición proclamó que el presidente había abandonado su cargo (algo absurdo y evidentemente falso) y propuso convocar elecciones presidenciales en el plazo de un mes. Ese intento de golpe de Estado desde el Parlamento no recibió ni una sola crítica de los que ahora dicen que hay un golpe de Estado en Venezuela. Entre ellos, el máximo responsable de la OEA. Qué curioso que justo después haya salido la petición de Almagro de enjuiciar a Venezuela desde la OEA. El papel de Almagro como secretario general de la OEA está haciendo mucho daño a la tan necesaria institucionalidad internacional (Pepe Mujica ya se distanció de él de manera definitiva y dejó ver a quién se había vendido). Almagro lleva varios meses mintiendo. Por ejemplo, ha dicho en dos ocasiones recientes que a Venezuela se le ha aplicado la Carta Democrática de la organización (que, tras muchos trámites –ni siquiera iniciados–, podría llevar a su expulsión, como ya ocurrió con Cuba pero nunca ha ocurrido con los Estados Unidos, pese a haber promovido golpes de Estado como el de Pinochet contra Allende). Pero era mentira, como demuestra que hoy mismo ha pedido a la OEA que aplique la Carta Democrática. Ergo miente. Todo el rato. El sabrá por qué, pero en su Uruguay natal dicen que se ha vendido por un puñado de dólares a los que siempre han querido que América Latina sea el patio trasero norteamericano. Washington siempre busca a un criollo para hacer la tarea del traidor.
El Tribunal Supremo de Venezuela ha usado un artículo de la Ley de Hidrocarburos –la principal riqueza del país– que establece que los convenios internacionales y las asociaciones con grupos extranjeros deben ser aprobados por la Asamblea. Pero la Asamblea está en situación jurídica de desacato, de manera que no puede –ni quiere– firmar ningún acuerdo, lo que pone en riesgo financiero a Venezuela. Es por eso que el Tribunal Supremo ha asumido las competencias estrictas de la Asamblea para la aprobación de esos contratos, de manera que el país pueda asumir los compromisos necesarios en un momento económicamente complicado por el hundimiento de los precios del petróleo (preguntémonos en España qué pasaría si se hundiera un 80% el turismo).
El Tribunal Supremo no ha disuelto la Asamblea ni se han convocado nuevas elecciones para elegir nuevos diputados. Lo contrario de lo que están diciendo los medios de comunicación. Lo único que está haciendo el Tribunal Supremo es asumir unas competencias concretas para evitar que Venezuela se paralice mientras dure el desacato. Si los diputados de la oposición quisieran, el desacato desaparecería de inmediato –bastaría con que reconocieran que los tres diputados elegidos en la Amazonía no pueden hacer uso de su acta debido a las muchas irregularidades probadas–, pero les resulta mucho más rentable seguir regalando falsas portadas a la prensa internacional. La derecha internacional, ésa que se regala entre sí viviendas oficiales y que tiene una trama global de fondos buitres –donde están los Aznar, Botella, sus hijos, De Guindos, Rato, Aguirre y toda esa tropa de malos españoles donde también se ha colado algún “socialista” como Felipe González–, quiere tumbar a Venezuela, igual que han hecho con Dilma Rousseff en Brasil. El que no esté vendido a esos intereses ¿puede decir que asumir de manera temporal unas competencias esenciales para firmar unos contratos sin los cuales un país se quedaría entregado a los capitales internacionales es un golpe de Estado? ¿No son acaso los mismos que ven “normal” desconocer al presidente del Gobierno y llamar a nuevas elecciones? Demasiados hipócritas.
Venezuela necesita mucho diálogo. El choque entre instituciones es malo para el país. Hay mercenarios que desearían abocar a Venezuela a una guerra civil. Creen que así podrían volver a recuperar el paraíso que tenían cuando controlaban el petróleo contra los venezolanos y venezolanas. Se equivocan, porque el pueblo venezolano no va a permitir que eso ocurra.
*Politólogo español. Cofundador de Podemos.
