Finalmente, y tras varias semanas a la deriva, el Mercosur enderezó proa al puerto menos tormentoso que se avizoraba en el horizonte. Decidió no intervenir directamente en la política doméstica venezolana, pero sí lo hizo en lo que ese país propone como política interna, respecto al Mercosur. El principio consagrado por la Organización de Estados Americanos OEA allá por el año 2005 que refiere a la “No indiferencia” estaría tomando forma en las gestiones sobre todo de las cancillerías de Brasil y la Argentina.
Como anunciara el canciller brasileño José Serra, finalmente se solucionó el impasse en el Mercosur. Tres de los cuatro países fundadores –Brasil, Argentina, Paraguay– (Uruguay se abstuvo de firmarla) aprobaron una resolución por la que Venezuela no asumirá la presidencia del bloque, que a partir de ahora es ejercida por una comisión coordinadora conformada por un representante de cada uno de esos países, y se le otorga a Venezuela una ampliación del plazo para internalizar la normativa regional vigente hasta el 2 de diciembre venidero, que de no cumplirlo, provocaría su suspensión del Mercosur.
El plazo otorgado es una salida diplomática para evitar la crisis total con Venezuela o bien para no invocar la “Cláusula democrática” que vienen esquivando hace meses. La condición prevista en dicha comunicación, que para algunos carece de legalidad, es de muy difícil cumplimiento dada la situación interna de confrontación entre el Ejecutivo liderado por Nicolás Maduro con la Asamblea Nacional como así también con el resto de los miembros de Mercosur.
Sin embargo, no es Venezuela lo que está en juego solamente, sino que al utilizar el polémico argumento de la incorporación de normas vigentes se estaría dando por tierra el planteo de quienes pretendían invocar el “Protocolo de Ushuaia”, como señalamos más arriba. El haber discurrido por este último ámbito hubiera puesto en jaque a Brasil, puesto que tanto para la destituida Dilma Rousseff como para muchos actores políticos de la región el proceso de impeachment se trató de un golpe parlamentario encubierto. Incluso hasta para algunos mercoparlamentarios lo consideran un gobierno de facto. Si se aplicara el Protocolo de Ushuaia para el caso venezolano, ¿cómo justificar el no aplicarlo para el caso brasileño?
El llamado a la incorporación de normas, sin embargo, puede convertirse en un bumerán para quienes hoy aprobaron la resolución, puesto que según fuentes de la cancillería venezolana, el índice de incorporación de normas de los países fundadores no es muy elevado, y el grado de incumplimiento de lo que ellos mismos acordaron y votaron en el ámbito regional es muy alto.
Queda claro que para las nuevas autoridades de los países que cambiaron de gobierno, ya no es el objetivo el de cooperar para afianzar las solidaridades políticas, sino volver a aquel Mercosur que tenía como prioridad las cuestiones comerciales. En este sentido, la canciller argentina, Susana Malcorra, subrayó que el Mercosur es un mercado común y es necesario separar la situación política de Venezuela y el bloque. “Tenemos otras organizaciones para tratar los asuntos políticos”, afirmó la funcionaria.
Esta crisis institucional que se inició cuando Venezuela ocupó la presidencia del bloque, y los restantes países, aunque con la excepción de Uruguay, decidieron impedírselo, delata la frágil actualidad por la que transita el Mercosur en esta nueva etapa, donde la coincidencia ideológica de los gobiernos es menos uniforme que hasta el 2015 y las economías transitan por una crisis sostenida de hace ya varios años. Esta nueva reformulación del Mercosur con una vuelta a sus orígenes más mercantilistas requiere la reconstrucción de un proyecto colectivo común que sea superador de la mera acumulación de proyectos nacionales, sólo así podrá volver intentar a ser lo que pudo haber sido… pero nunca fue.
*Licenciados en Ciencia Política.