Para este martes se imagina un show de entrega de premios de cine con el lanzamiento del informe “La verdad”, sobre la empresa Papel Prensa. Un combo anunciado que incluye la intervención presidencial de la compañía –en la cual participa el Estado–, acusada de ilícitos no habituales en ese tipo de empresas. Anticipan que la ceremonia podría contar con embajadores, empresarios, políticos, artistas y, por supuesto, el coro gubernamental que en un mismo acto, y a través de la Justicia, concluiría para llevar a prisión sine die a Héctor Magnetto, el zar de Clarín. Tan cinematográfico el propósito que, con transmisión en directo, hasta testimoniaría el momento en que una comisión policial esposara a Magnetto en su reducto de la calle Piedras, en el mítico cuarto piso del diario. Casi un reality. Aunque, en el fuero íntimo de los Kirchner, ese desenlace parece lejano, improbable. Sin embargo, en este caso interesa el cacareo y el pomposo marco que podría rodear la presentación del informe; de ahí que cierta correntada empieza a darse vuelta, por ahora, en silencio. Aunque faltan horas, mucha agua ha de correr hasta ese día.
Al margen de si Cristina es menos tolerante y más proclive a las sanciones que el propio Néstor, cuestión que confiesan amigos del ex presidente, lo cierto es que en el núcleo duro del Gobierno hay dudas sobre el alcance de la denuncia y la intervención: algunos temen convertir a Magnetto en un caso Dreyfus. Otros, en cambio, insisten en que la flecha ya fue disparada, que el empresario pasará a ser un criminal de hecho, derecho, y la intimidación sobre él supondrá el adicional y automático correctivo para el resto de la clase dirigente argentina, medrosa –como se sabe– para entender el juego político del todo o nada al que es tan afecto el matrimonio. Vanidosos imaginan esa jornada como un antes y un después en la vida política argentina (justo cuando caducan y no serán avaladas las facultades delegadas en el Congreso). Tal vez lo sea, pero aun así ronda un razonamiento: imputarle el delito de lesa humanidad al numen del Grupo Clarín –y por lo tanto, ponerlo eventualmente entre rejas– podría exceder la propia categoría que a esa violación le acaba de reconocer el jurista argentino Luis Moreno Ocampo, presunto especialista en el tema. Parece exagerado endosarle a Magnetto el mismo nivel delictual que a sangrientos dictadores del Africa, de Ruanda a Darfur, o de los otrora castigados Balcanes. Por no hablar de los militares locales. Curiosamente, si bien abundan las prevenciones sobre Magnetto y el poder de fuego poco escrupuloso que a lo largo de los años ejerció Clarín para sus negocios, a muchos les cuesta asociarse en una condena tan ignominiosa.
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Se observa, entonces, otro impedimento para la magna presentación: la reticencia de los empresarios, por lo menos, para compartir la tribuna del escrache. Algunos se imaginan cómplices de un festín en el cual, más tarde, ellos mismos podrían ser parte del menú. De ahí que lo que parecía un trámite habitual de persuasión/extorsión para Julio De Vido y Guillermo Moreno, tropieza con ciertos obstáculos: quienes se fotografiaron con Magnetto últimamente, como si fuera un acto social y no un aval a sus maniobras, los más buscados hoy por el Gobierno para presenciar la ejecución y mostrarlos a su lado, no parecen gozar de ese nuevo privilegio exhibiéndose tan repentinamente volátiles y cambiantes. Amenazan resistir con la ausencia y no por encuadrarse con Alfonsín, Duhalde, Solá, De Narváez o Macri, también comensales. Y, lo peor, como cierto miedo los gobierna, se han atragantado con lecturas de Bertolt Brecht dirigidas al proletariado y empiezan a creer que, tras la deliberada ruina de Clarín y su jefe, progresarán otras escaladas persecutorias, cacerías como la que se acaba de decretar sobre Techint, con denuncias de dumping sorpresivas y trabas impuestas en sus plantas por los camioneros de Hugo Moyano. Justo él que, ni en su más tierna fantasía, se le ocurrió bloquear por zonceras la actividad de la principal multinacional argentina. Esto se explica por el cariz vengativo que nutre la operación contra Magnetto, quien en su desesperada defensa había logrado alinear a Paolo Rocca, de Techint, el que a su vez se sumó a esa parada por el arrebato que advierte en el oficialismo para copar el mundo empresario y las propias empresas. Ahora Rocca, ya un “colorado” antipático, aparece para el Gobierno como el banco que garantiza a Clarín, ascendió un escalón peligroso; el poderoso empresario al cual se le permitían extravagancias confesas como la de nutrir a Roberto Lavagna mudó al calificativo de enemigo. Y los Kirchner, contrariando hasta las reglas elementales de Maquiavelo, atacan todos los frentes en forma simultánea; golosos, quieren comerse todas las fichas de una sola vez, cuando lo educado y estratégico quizá sería engullirse los elementos de a uno.
La espectacular movida del 24 –hay que insistir, una de las más trascendentes de la administración Kirchner– viene precedida del intento de desguace económico del Grupo Clarín, ya manifestado con el cierre de Fibertel y su influencia en Internet. Y la presión para que la Corte Suprema habilite la aplicación de la nueva Ley de Medios. El ataque a Magnetto, sin embargo, rebasa lo económico y quizás afecte el espíritu noble –se supone– de podar la dominante expansión, casi monopólica, que han consolidado en los medios de comunicación los herederos de Noble. Magnetto era un contador que integraba el directorio de Clarín cuando este diario recibió el obsequio de los militares (una cuotaparte accionaria de la papelera Papel Prensa de la familia Graiver) junto a La Razón y La Nación, casi de rebote debido a que Máximo Gainza Paz, de La Prensa, rechazó el regalo por razones éticas alegando que un diario no podía aceptar una gracia estatal de esa envergadura. Hoy será más que la familia Peralta Ramos, que los Mitre, inclusive que la propia Herrera de Noble, pero entonces –hace más de treinta años– se alistaba en una hilera secundaria. No lo libera de ciertas responsabilidades, de ser receptor de una anómala expropiación ocurrida entonces a un empresario privado que se había abastecido de fondos provenientes de los secuestros y, tal vez, hasta se lo puede comprometer con un posible pacto entonces con las Fuerzas Armadas para disimular lo que éstas hacían en materia antisubversiva o amplificar su propaganda. Procedía como alto empleado, igual que los socios de su empresa en el nuevo emprendimiento, el cual luego se desarrolló con otras ventajas del Estado que pagaron el resto de los ciudadanos. Non sancto, claro, pero para el crimen de lesa humanidad falta un trecho brutal.
