El interrogante sigue latente. Dos semanas atrás se preguntó desde estas páginas por qué el Gobierno se obsesiona por mantener vivo el acuerdo con Irán si se volvió impracticable desde el momento en que los iraníes nunca lo aprobaron. Esta semana, Cristina Kirchner por primera vez esbozó una respuesta. Y resultó absolutamente inverosímil. Originalmente, el planteo oficial era que el pacto iba a permitir que la Justicia argentina interrogara a los sospechosos del atentado contra la AMIA. Pero el Parlamento iraní nunca lo avaló. Y uno de los acusados, Ali Akbar Velayatu, le dijo al periodista Mauro Federico que “Argentina no está en posición de interrogar a los funcionarios” denunciados. Incluso en la diplomática oratoria farsi, la respuesta demostró que Irán nunca tuvo la intención de permitir un interrogatorio. En la entrevista que ofreció al New Yorker, Cristina Kirchner argumentó que el acuerdo con Irán debía ser declarado constitucional para poder “exigir en la ONU que se dé cumplimiento”. La realidad es que Naciones Unidas carece por completo de la facultad de imponer un tratado entre dos países. La Argentina lo sabe bien: lleva 50 años intentando que el Reino Unido cumpla con una resolución que insta por una salida “pacífica y negociada” por el diferendo en torno a las Malvinas. Tampoco sirve la Corte Penal Internacional, porque el tribunal puede tomar el caso sólo si Irán acepta ser juzgado. No ocurrirá. La Argentina ya probó con una denuncia en la Corte contra Estados Unidos para reclamar por las sentencias del juez Thomas Griesa a favor de los fondos buitre. Y no pasó nada. EE.UU. ni siquiera respondió. Fueron sólo gestos para el público argentino. ¿Cristina Kirchner ignora que la ONU no tienen capacidad de imponer el cumplimiento del tratado? Es más factible pensar que las verdaderas razones por las cuales necesita que el pacto sea declarado constitucional se mantienen ocultas.
La mayor parte de la oposición, inspirada en la denuncia de Alberto Nisman, sostiene que el Gobierno hizo concesiones a Irán que se encuadran en el delito de encubrimiento y de ahí el empeño del Gobierno por mantenerlo en pie. El pacto serviría como salvaguarda legal para evitar una condena.
La otra explicación es que la torpeza diplomática de Héctor Timerman y el afán de la Presidenta por hacer historia los llevó a quedar enredados en una trampa. Quienes conocen la investigación por el atentado a la AMIA advierten que el principal interés de los iraníes era dar de baja los pedidos de captura de Interpol. En marzo pasado, Luis Fuensalida, ex jefe de Interpol en Argentina, le dijo a PERFIL que el acuerdo podría haber suspendido las circulares. En la entrevista con el New Yorker, Cristina Kirchner trazó un paralelo con Barack Obama y dijo que al presidente de los Estados Unidos nadie lo acusa de acordar con Irán para “pasar a la historia”. El periodista no había aludido a ese argumento. Pero sin duda las críticas sobrevuelan la mente de la Presidenta.
Ninguna de las explicaciones tienen hasta ahora pruebas concluyentes. Pero la respuesta acerca de la necesidad de mantener la constitucionalidad para recurrir a la ONU es inaceptable. Los verdaderos motivos de la obsesión todavía deben salir a la luz.
