A pocas horas de conocer el resultado de una de las elecciones más ansiosamente esperadas del ciclo democrático iniciado en 1983, vale la pena reflexionar sobre el repetido argumento de que, en materia económica, da lo mismo quién gane, ya que las políticas que se aplicarán serán las mismas y serán las correctas.
En primer lugar, no parece ser el caso que los candidatos con más chances de ser electos compartan un mismo diagnóstico sobre la urgencia y la magnitud de los desequilibrios macro que forman parte del legado de catorce años de un populismo cada vez más rancio. La lista es larga y a veces cuesta ordenar prioridades porque es difícil, sino imposible, pensar que puedan resolverse sustentablemente si alguno de aquellos desequilibrios es dejado de lado o se lo pone a un costado para resolverlo más adelante:
- Déficit fiscal. El déficit primario de 2015 y el de 2016, de no mediar corrección alguna, serán dos de los tres más altos de los últimos 55 años. Apenas superados por el que se dio en 1975 antes del Rodrigazo. El gasto público muestra una inercia en su tasa de crecimiento del orden del 40% anual, unos 10 puntos por encima del crecimiento de la recaudación. Y ha llegado a un nivel récord cercano a los 50 puntos del PBI (cuando se considera el gasto consolidado de la nación, las provincias y los municipios); más del doble de lo que era en 2003.
- Expansión monetaria, inflación y sobrevaluación cambiaria. La emisión de carácter fiscal a la que hicimos mención arriba hace que la base monetaria esté creciendo al 35% interanual (crecería aún más si no fuese porque las ventas de dólares del BCRA contraen el dinero en circulación), convalidando una tasa de inflación, por ahora, del orden del 28% interanual (a pesar de los “precios cuidados”). La devaluación de enero de 2014 intentó corregir parte del desacople entre inflación y depreciación cambiaria de los años previos, pero no lo logró, y hoy la sobrevaluación del peso es aún mayor que la de entonces.
- Balance BCRA, demanda de dólares y brecha. El abuso en la utilización del balance del BCRA para financiar los pagos en dólares del fisco nacional llevó a que el 75% del activo del banco esté formado por deuda pública, que casi en su totalidad no tiene mercado (sólo 3% la tiene). El 25% restante son activos externos, que tienen como contrapartida algún pasivo externo o deuda de corto plazo del BCRA en divisas (tal el caso de los swaps con China, el préstamo del Banco de Francia, los pagos de deuda frenados por Griesa y los encajes en dólares del sistema financiero). Así, los activos externos del BCRA lucen claramente insuficientes para respaldar sus pasivos en pesos. La escasez de dólares es relativa a la abundancia de pesos, pesos que fueron y son emitidos en su gran mayoría para financiar el desequilibrio primario en pesos del Tesoro nacional. La sobrevaluación del peso y la escasez relativa de dólares se conjugan tanto en una demanda constante de moneda extranjera (a través de las canillas abiertas del cepo, en el mercado legal del contado con liquidación, en el mercado ilegal del blue y en los mercados de futuros) como en la demanda de todo tipo de bienes dolarizados (se trate de insumos o de productos finales, durables o no).
- Deuda pública y apetito por el riesgo argentino. Después de tantos años de ausencia en los mercados globales de deuda, y gracias a un relativamente bajo coeficiente de endeudamiento (aunque no tan bajo como muchos piensan), se hace hincapié en la voracidad de los inversores internacionales por hacerse de riesgo argentino. Colocar deuda pública en dólares es el nuevo mantra que podría solucionar de un plumazo la falta de reservas y, al mismo tiempo, permitiría evitar o posponer en el tiempo una corrección fiscal “políticamente incorrecta”. Sin embargo, las condiciones financieras internacionales han cambiado, y se percibe mayor escepticismo sobre la capacidad de Argentina de recuperar rápidamente un estatus de crédito que le permita emitir deuda masivamente. Porque atención, las necesidades de financiamiento del año próximo no son triviales y, mucho menos lo son de no mediar alguna corrección del desequilibrio fiscal ($ 550 mil millones más US$ 10.500 millones, sin considerar un pago a los holdouts).
Pero vayamos al grano: por qué pensamos que no da igual, en materia económica, que se imponga cualquiera de los candidatos. En primer lugar, no es lo mismo llevar adelante un programa de cambio de régimen de política económica que simplemente realizar algunas correcciones marginales a las políticas existentes. Pero, incluso cuando luego de cierto tiempo las políticas resultasen similares, no es lo mismo llevarlas adelante en forma proactiva que reactiva. Esto es, no es lo mismo hacerlo en el marco de un programa, que se fije objetivos e instrumentos desde el vamos, que hacerlo, después de un sacudón o turbulencia, “porque no queda otra”.
No es lo mismo mantener el cepo bajo el eufemismo de “esquema de administración de reservas” u otros circunloquios similares, que apuntar a un régimen de libertad cambiaria. Como tampoco es lo mismo proponer recuperar la competitividad mediante una devaluación fiscal (reducciones de impuestos) y/o a través de aumentos de la productividad, que reconocer que la magnitud de la apreciación real (o atraso) requiere también una corrección de la paridad cambiaria. Mucho menos luego de que el tipo de cambio bilateral con Brasil se depreciara cerca del 50% en términos reales en el último año y medio. No hay devaluación fiscal o mejora de productividad capaz de compensar el desequilibrio de precios relativos que hoy enfrenta la economía argentina.
En relación con el punto anterior, la campaña electoral ha estado plagada de promesas de reducción de impuestos y de aumento del gasto. Muchas de ellas incumplibles, a menos que quienes las realizan ignoren, con gran dosis de inconsciencia, sus efectos sobre el déficit fiscal, o escondan qué medidas tomarían para compensar tales efectos. Pero si se intentara cumplir con tales promesas, sin reparar en su efecto sobre el déficit fiscal, cualquier mejora de competitividad por esta vía tendría un efecto sólo transitorio. Una reducción de impuestos o un aumento del gasto que impacte negativamente sobre las cuentas públicas aumentará las expectativas de financiamiento monetario del déficit (aun cuando se abra la posibilidad de endeudamiento externo durante algunos meses) y con ellas las expectativas de inflación y de devaluación. En consecuencia, la “devaluación fiscal” tiende a inhabilitarse a sí misma de no mediar una corrección del déficit fiscal. Entonces no es lo mismo plantear políticas irresponsables desde el punto de vista fiscal, que buscar poner las cuentas públicas en un sendero compatible con una tasa de inflación más baja.
Por último, no es lo mismo propiciar un acuerdo con los holdouts urgido por la necesidad de financiar un déficit fiscal primario en el mejor de los casos constante, que hacerlo en el marco de un programa de reducción de dicho déficit y de reducción, por ende, de las necesidades de financiamiento del sector público. Como tampoco es lo mismo apurar un blanqueo de capitales como instrumento para hacerse rápido de algunos fondos para financiar al fisco, que hacerlo luego de haber ganado reputación y credibilidad, y de ver los primeros resultados de un programa integral de estabilización y cambio económico.
En síntesis, no sólo se perciben diferencias cuando se trata cualitativa y cuantitativamente el legado de tantos años de oscurantismo populista. Sino que también surgen diferencias apreciables en materia de estrategia y de alternativas o recomendaciones de política económica. Por eso no coincidimos con la visión de que para la Argentina que se viene es lo mismo que en estas elecciones gane uno u otro candidato.
