Desde hace décadas sufrimos el desguace de nuestras industrias estratégicas. Rematamos los ferrocarriles, perdimos nuestra flota marítima, entregamos YPF y Aerolíneas Argentinas, y regalamos nuestros metales a las multinacionales.
Ahora se suma la tragedia del pesquero Rigel, que no hace más que confirmar que el Estado sigue ausente, con la complacencia y la complicidad de los funcionarios para instrumentar los cambios necesarios.
En los últimos 15 años el mar se devoró a los buques Jesús del Camino, Santa Lucía, Atlántida, Unión, San Jorge I, San Antonino y el Repunte, en el que murieron diez trabajadores en 2017. La flota pesquera es mayoritariamente obsoleta, y la mercante nacional no existe: buques con más de cincuenta años, balsas vencidas y una total falta de medidas y equipos de seguridad.
El subsecretario de Pesca y las autoridades portuarias y de la Prefectura están obligados a dar explicaciones respecto de las operaciones que autorizan la partida de estos buques pesqueros; pero el referido subsecretario, el Consejo Federal Pesquero, el ministro de Agroindustria, el Poder Ejecutivo Nacional y los legisladores nacionales deberán interesarse en legislar para transformar y fomentar la industria pesquera, la industria naval pesquera y la marina mercante.
En el Senado presenté el proyecto de ley 27.419, de Marina Mercante e Integración Fluvial Regional, aprobado por el Congreso en 2017.
Pero el P.E.N. vetó los artículos 10 y 13, que promovían la construcción de buques en los astilleros nacionales, dificultando la renovación de la flota. El proyecto de
Ley Nacional de Pesca (Ex. S-2083/15 y S-2548/16) que elaboramos se “cajoneó” durante la gestión anterior y la actual, perdiendo estado parlamentario. Ese proyecto refería en parte a la vida útil de los buques y a los controles de la autoridad de aplicación. Se devolvían al Estado la política pesquera, su administración y la concesión de las capturas.
Ahora, el nuevo proyecto de Ley de Promoción de la Industria Naval Pesquera que venimos trabajando circula para su firma por los despachos del Senado. Esta ley busca proteger a los trabajadores de la industria naval pesquera determinando la vida útil de las embarcaciones. Los barcos con más de cincuenta años deberán pasar a desguace y solo podrán transferir su permiso de pesca a un
buque nuevo construido en astilleros nacionales. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los armadores tendrán un plazo máximo de tres años para reemplazar y desguazar los buques de pesca que tengan una antigüedad superior a los cuarenta años, y de cinco años para reemplazar y desguazar los buques de pesca que tengan una antigüedad superior a los 35 años.
Esperemos que la tragedia del Rigel nos haga pensar en la necesidad de renovar la flota pesquera argentina, una de las más viejas del mundo.
El sector pesquero nacional requiere una industria naval fuerte y desarrollada, tanto en reparación como en construcción de nuevos buques, de forma tal de poder actualizar y renovar su flota. Ello es responsabilidad del sector, pero fundamentalmente del gobierno nacional, que están obligados a tomar políticas de promoción y crédito, de modo de dar mayor seguridad a las tripulaciones, así como contribuir a la modernización de la flota y a su eficiencia tecnológica y económica.
*Senador Proyecto Sur.
