El año 2005 fue un momento excepcional en la historia del grupo U2. La felicidad de haber ganado casi 300 millones de dólares se disipó de improviso cuando su país, Irlanda, derogó la ley que desfiscalizaba el trabajo de los artistas y comenzó a aplicar una nueva política impositiva. El líder del grupo, Bono –que era conocido por su militancia a favor de la anulación de la deuda del Tercer Mundo–, decidió confiar la gestión de los ingresos de U2 a la consultora financiera Promogroup, con sede en un paraíso fiscal de insospechable reputación: Holanda.
Promogroup, que tiene en su cartera a los artistas y deportistas más cotizados del mundo, ganó su prestigio por haber asesorado a los Rolling Stones para que sólo pagaran 450 millones de dólares de impuestos en los últimos 20 años, una cifra que representa apenas 1,6% de sus ingresos.
Su astucia consiste en utilizar las ventajas fiscales que proponen las Antillas Holandesas a los “inversores extranjeros”. Unas 20 mil empresas y 1.800 grandes multinacionales –incluyendo algunos iconos como Starbucks, Exxon, Nike y Subway– operan total o parcialmente desde esas cinco islas diminutas ubicadas frente a Venezuela, según John Orr, vocero de la Agencia Holandesa de Inversiones Extranjeras.
A pesar de esa intensa actividad, Holanda no figura en la lista de los 45 países o territorios “no cooperativos” en material fiscal, difundida en París por la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico). Sin embargo, la discreta ayuda a la evasión fiscal que practican las Antillas Holandesas no difiere de las operaciones que realizan los otros paraísos fiscales que existen en el mundo (ver infografía).
Conocidos como mailbox companies, corporate shells, tax havens, las actividades opacas de esos “bajos fondos de la finanzas internacionales” serán uno de los temas prioritarios que analizará la próxima cumbre del G-20, convocada para el 2 de abril en Londres.
Acusados de complicidad en la evasión y fraude fiscal, blanqueo de dinero mafioso y corrupción, esos centros financieros offshore fueron denunciados como uno de los grandes responsables de la crisis financiera que estalló en julio de 2007 y que en menos de 18 meses llevó al mundo a la peor recesión económica después de la gran depresión de los años 30. Accesoriamente, también se les imputa facilitar las transferencias de fondos que permiten financiar el terrorismo islámico.
Los recientes escándalos de fraude y evasión fiscal que estallaron en Luxemburgo, Liechtenstein y Suiza –sumados a la crisis– agotaron la paciencia de los grandes países occidentales, especialmente Estados Unidos, Alemania, Francia y, en menor medida, Gran Bretaña. Los paraísos fiscales hacen perder a las grandes economías industrializadas entre 300 mil y 500 mil millones de dólares anuales de recaudación impositiva, según estimaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Ese organismo, creado en 1989 por el G-7 para luchar contra el lavado de dinero sucio y la financiación del terrorismo, creó una lista de países y territorios no cooperativos (PTNC) que individualiza 43 países. Pero esa nómina incluye también, sorpresivamente, algunos países que “autorizan la propuesta de servicios offshore a partir de ciertos puntos de su territorio”: Estados Unidos (por la flexibilidad que existe en el estado de Delaware, Irlanda y Gran Bretaña (por Gibraltar y las islas de Man, Guernesey y Jersey).
El aspecto más alucinante es que, tanto las grandes empresas como los principales bancos mundiales utilizan abiertamente las facilidades que ofrecen los paraísos fiscales. Citigroup, que era el mayor banco mundial hasta que estalló la crisis, posee 427 filiales en centros offshore tan exóticos como Saint-Kitts & Nevis, Macao y Turca & Caicos. Bank of America tiene 311 y el francés BNP Paribas, 189. Las 40 principales empresas francesas tienen –en total– 1.470 filiales en esos centros offshore, según un estudio de la revista Alternativas Económicas.
Los paraísos fiscales, sin embargo, no sólo sirven para eludir impuestos sobre las ganancias, sino que algunas empresas los utilizan también para maquillar su contabilidad o, directamente, para ocultar sus pérdidas, como se advirtió durante los famosos escándalos de Vivendi Universal, Enron, Parmalat y Worldcom. La falsa contabilidad de Enron se evaporaba en una galaxia de 800 “sociedades pantalla” radicadas en múltiples islas microscópicas del Caribe.
La existencia de esos paraísos es tan vieja como la historia del comercio mundial. Desde la época de los puertos francos en la Grecia antigua, el sistema financiero internacional siempre tuvo esos “agujeros negros” que actuaban con toda impunidad sin suscitar la menor objeción de parte de los gobiernos. Ese fenómeno se multiplicó y se agudizó en los últimos años como una respuesta a las exigencias de la globalización.
“En un mundo donde el éxito o el fracaso de un producto se define por una diferencia de pocos céntimos cuando llega al consumidor, es fácil comprender las razones que indujeron a algunas empresas a buscar el amparo de paraísos fiscales”, explicó el especialista H.C. Thaler en su libro Guía práctica de los paraísos fiscales y bancarios. La reducción de las cargas impositivas ofrece una decisiva ventaja comparativa para resistir la competencia que plantean –por ejemplo– algunos productos textiles o electrónicos fabricados en Asia, donde la mano de obra tiene una incidencia insignificante en el costo final de la producción.
La incomprensión histórica que existe entre el Estado y el contribuyente terminó por generar un cuadro de hipocresía social que sólo contribuyó a complicar las cosas y disipó todas las posibilidades de entendimiento.
Tanto Gran Bretaña como Francia y Alemania –los tres países que se disputan el título de campeón mundial de la evasión fiscal– fingían hasta ahora ignorar la existencia de ese problema. La prueba es que, de los 350 libros y más de 10 mil artículos que se escribieron sobre ese tema en los últimos diez años, la gran mayoría fue editada en Estados Unidos.
Los paraísos fiscales no sólo son aprovechados por las empresas y mafiosos. Las grandes fortunas privadas también suelen acudir a esos oasis fiscales, como dicen los alemanes: los principales clientes son los 793 billonarios (con una fortuna superior a 1.000 millones de dólares) que aparecen en la última lista publicada por la revista Forbes y otros 10 millones de personas que tienen más de un millón de dólares, según el Informe sobre Riqueza Mundial que publica anualmente Merrill Lynch y CapGemini.
“La cantidad de grandes fortunas prácticamente se duplicó en los últimos diez años. Durante ese período, su patrimonio (…) pasó de 16,6 a 33,3 billones de dólares”, aseguraba el último informe divulgado poco antes del estallido de la crisis.
Ningún especialista puede decir con exactitud el dinero que transita por los paraísos fiscales y bancarios. Sin embargo, los expertos del GAFI calculan que los activos depositados en esos centros bancarios alcanzan un volumen de 10 billones de dólares y que 50% de los flujos financieros internacionales cruza por paraísos fiscales antes de terminar –sin mácula– en Nueva York, Londres o París.
Cada vez que miran esas estadísticas, los dirigentes de los grandes países occidentales sienten que un escalofrío les recorre la espina dorsal.
Ahora, la Unión Europea (UE) está preocupada por las actividades opacas que se realizan con toda impunidad en los diminutos Estados que proliferan en el continente: Suiza –que durante casi tres siglos tuvo el monopolio de las cuentas numeradas y el secreto bancario– enfrenta desde hace algunos años la agresiva competencia de Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Andorra, Austria y las islas anglo-normandas (Jersey, Man y Guernesey). Jersey, que practica un asombroso perfil bajo, se especializó en acoger a las cell companies, de compleja estructura legal, que permiten asociar diferentes actividades y múltiples inversores, y los trusts creadores de algunos famosos productos tóxicos que llevaron a los bancos de Estados Unidos al borde de la catástrofe.
Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo aceptaron hace algunos días levantar el secreto bancario, en ciertos casos muy precisos, para ayudar a luchar contra el fraude fiscal. Pero ese gesto constituye, a juicio de los expertos, una concesión mínima para calmar la ofensiva de Estados Unidos y la UE.
Pero el fenómeno no es nuevo. Desde hace años, Europa y Estados Unidos tratan de combatirlo, o al menos reducirlo. “Si Europa no es capaz de curar el cáncer que la corroe, jamás podrá tener una vida económica sana”, advirtió Jacques Delors en 1988, cuando lanzó la primera campaña de la UE contra los paraísos fiscales. El mismo año, el presidente norteamericano Georges Bush (padre) prometió una cruzada similar, destinada a luchar contra el narcotráfico. Pero esas buenas intenciones sólo sirvieron para agregar nuevas lajas al camino del infierno. Veinte años después, la crisis demostró que la actividad de los paraísos fiscales dentro y fuera de Europa comenzaba a convertirse en una grave amenaza para la estabilidad de la economía mundial.
“Hasta el momento, nos limitamos a usar armas livianas. A partir de ahora, soy partidario de recurrir a la artillería pesada”, comentó hace pocas semanas el director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn.
Para lanzar esa ofensiva, Strauss-Kahn cuenta con la determinación anunciada por la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y sobre todo Barack Obama. En 2007, cuando era un simple senador, Obama firmó el Stop Tax Haven Abuses Act (Detengan los abusos de los paraísos fiscales), un proyecto de ley destinado a limitar la evasión fiscal, que le provoca al Tesoro una pérdida de recaudación de unos 100 mil millones de dólares, según un informe del Senado norteamericano. Son entre 20 mil y 25 mil millones en Alemania y de 10 mil a 15 mil millones en Francia.
La cumbre del 2 de abril aportará pistas concretas sobre el plan de ataque contra los paraísos fiscales. Pero, desde ahora, gobiernos y economistas coinciden en la necesidad de regular los fondos especulativos (hedge funds) que operan desde la penumbra jurídica que ofrecen esos refugios.
Otro serio motivo de preocupación son los grandes consultores internacionales, en particular los Big Four: KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers y Deloitte Touche Tohmatsu. Ese tipo de empresas, que operan a la vez como verificadoras de cuentas y consejeras de inversiones, monopolizan el mercado de las 500 multinacionales más poderosas del planeta. KPMG, por ejemplo, tiene en las islas Caimán un gabinete de 240 personas. Las otras tres también están presentes.
La tercera pista que estudia el G-20 es terminar con la ambigüedad e hipocresía del sistema bancario. La mayoría de los grandes bancos que se acogieron a los planes de rescate organizados por Estados Unidos y Europa tienen una enorme red de filiales en los centros offshore, incluyendo los de peor reputación. “No es normal que los bancos que salvamos de la quiebra sigan trabajando en los paraísos fiscales”, bramó Sarkozy.
El arma de destrucción masiva sería prohibir toda transacción con los paraísos que figuran en las listas negras de la OCDE o del GAFI. Pero, por el momento, nadie se atreve a patear el hormiguero por temor a crear un caos incontrolable que podría desestabilizar por largo tiempo las finanzas internacionales.
*Desde París.
