La semana pasada tuvo amplia repercusión un comunicado: “Ante la declaración de la emergencia en seguridad”, que expone una fuerte crítica a la disposición del Gobierno en la materia.
Cordialmente invitado, dudé en adherir. El documento, firmado por numerosos ciudadanos de casi todos los horizontes políticos y varias organizaciones, está impecablemente fundamentado, pero trasunta la idea de que en el país no existe una “emergencia” en seguridad. Subraya con razón el fracaso mundial de las políticas puramente represivas y critica lo improvisado de la medida. ¿Es posible, en efecto, poner en manos de las actuales fuerzas de seguridad poderes extraordinarios sin antes purgarlas, equiparlas y entrenarlas? La “autorización de derribo” a aviones no identificados tiene todas las chances de acabar pronto en el deliberado derribo del primer inocente que vuele por allí, para poner a la opinión pública en contra de la medida. Por no hablar del ingreso indiscriminado a las villas y el control de transeúntes. La acepción de “perejil” para minoristas del delito e inocentes elegidos a dedo por los “guardianes del orden” es made in Argentina…
El documento también acierta al subrayar que “La declaración de emergencia no propone medidas capaces de afectar el funcionamiento de los mercados ilegales, como por ejemplo fortalecer el control del lavado de activos provenientes del narcotráfico que atraviesan el sistema financiero (…) Tampoco se han dado a conocer medidas para intervenir en la relación promiscua entre fútbol y política, fenómeno íntimamente vinculado al narcotráfico y a los crímenes mafiosos”. De acuerdo, pero algún día habrá que autorizar, entre otras medidas por el estilo, el derribo de aviones no identificados, tal como lo hacen muchos países democráticos.
También dudé porque firman el documento numerosos kirchneristas –Horacio Verbitsky, Nilda Garré, Jorge Taiana, entre otros– y es sabido que ese sector ha devenido de un republicanismo súbito, con lo que no es cuestión de ayudarle a construir un nuevo “relato”, como si no estuviésemos pagando ahora las consecuencias del anterior. Pero me dije que, en buena ley, debe concederse a esa gente el beneficio de la duda y que la ocasión era buena para demostrarle que hay muchos ciudadanos como la gente. Y firmé.
Es que el problema, para la oposición democrática y progresista consiste, primero, en aceptar que la herencia kirchnerista es la de un país deshecho. Que también hay emergencia económica, institucional, social; en el funcionamiento y composición del Estado. Las políticas económicas liberales son conocidas y vienen fracasando en todo el mundo. Pero en la situación actual hasta Lenin recurriría al crédito internacional y hasta Perón se vería obligado a eliminar a las decenas de miles de “ñoquis” del Estado.
El otro aspecto es no caer en la beatitud de lo “políticamente correcto”, de lo cual “el caso Milagro Sala” es un buen ejemplo. Desde Amnesty Internacional hasta Tomás Abraham, pasando por la izquierda párvula y, por supuesto, el kirchnerismo, se han interesado por la suerte de esa señora. Pero ¿acaso no está presa por orden de un juez? Por cierto que una eventual condena deberá basarse en pruebas concretas, pero políticamente hablando, ¿qué más hace falta para presumir que Sala tiene cuentas con la Justicia? Si se critican medidas así, ¿qué espacio se le deja al Gobierno para actuar?
Los “progres” haríamos mejor aplicándonos a conformar una alternativa democrática de izquierdas, hoy inexistente, y a hacer proposiciones concretas –legalización internacional de las drogas; “Conadeps” diversas; brega por mayor igualdad– aprovechando la debilidad legislativa del Gobierno y el proceso en curso de recomposición peronista y de la política en general.
En cuanto a la coyuntura, aceptar que “es lo que hay” y que es mejor, al menos más esperanzador en materia institucional, que lo que hubo.
* Periodista y escritor.
