Finalmente llegamos a los diez años de kirchnerismo: una década que el oficialismo presenta como “ganada”, pero que le causó a Argentina un daño económico e institucional difícil de reparar.
En el aspecto económico, el notable aumento del precio de la soja les ofreció a los Kirchner una oportunidad histórica para una Argentina próspera. Néstor Kirchner negoció con éxito el pago de la deuda externa y logró cierta estabilidad. Sin embargo, él y su esposa desperdiciaron esa oportunidad al enviciarse con medidas económicas contraproducentes. La política energética basada en subsidios fue un rotundo fracaso. El altísimo gasto público en Aerolíneas Argentinas (que por su mala administración pierde millones de pesos por día), Fútbol para Todos y subsidios a empresarios amigos del poder, entre otros gastos innecesarios, pusieron en jaque el poder adquisitivo de los argentinos. Sucede que el Gobierno financia esos gastos con la emisión monetaria (lo que genera la alta inflación actual) y la enorme carga tributaria sobre el pueblo (el 50% del ingreso mensual de una familia asalariada, según informes del Instituto Argentino de Análisis Fiscal).
Por su parte, esta alta inflación generó que el ciudadano promedio tenga nula capacidad de ahorro. Tampoco se le permitió resguardarse de la inflación comprando moneda extranjera debido al “cepo cambiario”, que además frenó los negocios inmobiliarios, ocasionando grandes perjuicios a los trabajadores de ese rubro. Sin capacidad de ahorro, la gente no podrá hacer inversiones, lo que a su vez dificultará la creación de nuevos empleos. Y al confiscar empresas como YPF, el Gobierno espantó aun más a potenciales inversores, además de incumplir el procedimiento constitucional, que prevé el previo pago de indemnización.
La sustitución de importaciones tampoco fue gratuita. Además de perjudicar sistemas como el de salud, que suelen necesitar productos importados, favoreció a empresarios que aprovecharon sus conexiones políticas para excluir a la competencia extranjera y ostentar monopolios, pudiendo venderles a los consumidores productos de baja calidad a precios caros, lo que produce el atraso tecnológico propio de estas medidas.
A pesar de la gran cantidad de planes sociales otorgados por el Gobierno, el resultado fue 27% de pobreza, índice con el cual Argentina cerró 2012, publicado por el Observatorio Social de la UCA y otros centros de investigación; índice parecido al del menemismo. Es que no hay plan social que pueda sanar el daño económico generado por esas medidas.
En el aspecto institucional, la situación es similar. Las mentiras sistemáticas del Indec respecto de la pobreza y la inflación, los actos de corrupción revelados por investigaciones periodísticas, el uso de la AFIP como policía política para disuadir voces críticas, la promulgación de la peligrosa ley antiterrorista y el avance del Poder Ejecutivo sobre la Justicia y la prensa no oficialista han dañado gravemente las instituciones. La guerra del Gobierno contra Clarín, empezada luego del conflicto con el campo, distrajo a esta gestión lo suficiente como para que se olvide de la gravedad de la tragedia de Once, la represión a indígenas, la desaparición de Julio López y Luciano Arruga, y la muerte de Mariano Ferreyra. Iniciativas dignas de festejar, como el matrimonio igualitario, fueron excepciones al autoritarismo y la soberbia cotidiana. Y aunque los juicios por crímenes de lesa humanidad fueron un avance importante en términos de derechos humanos, habrían brillado más si el Gobierno no les hubiera dado un uso puramente político, percibido más como un intento de hacer propaganda que como una forma de hacer justicia.
Al cumplirse diez años de kirchnerismo, puede festejarse que hay más libertad de prensa que durante la dictadura, y que hay menor pobreza que en 2001. Quedará por discutir si no es un estándar demasiado bajo como para alegrarse sólo por haberlo superado.
*Profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella.
