El oficialismo transita sus dos últimos años de gestión y la Presidenta intenta mantener el control posicionando en las estructuras del Estado a jóvenes dirigentes de La Cámpora, en un panorama político en el que importantes referentes del Partido Justicialista, antiguos compañeros de ruta, piden, casi a gritos, su salida anticipada de Balcarce 50.
El Consejo de la Magistratura no escapa a esta necesidad de control. La llegada del diputado Eduardo De Pedro y la sustitución de Hernán Ordiales por el Secretario de Justicia, Julián Álvarez, como representante del Poder Ejecutivo, se advierte, aún dentro del oficialismo, como una clara señal de que las posiciones se endurecerán.
Los jueces de los tribunales inferiores están preocupados y lo han hecho saber a representantes de la oposición. Una de las cuestiones más graves que en este período se deberá enfrentar es la presupuestaria. La Corte Suprema ha manifestado que no asistirá financieramente al Consejo a cuyo cargo está, entre otras obligaciones, el pago de los sueldos de todos los integrantes del Poder Judicial, jueces, funcionarios y empleados.
Es de esperar que la intención de control que el Poder Ejecutivo exhibe en relación a la Justicia se traduzca en un ahogo económico que termine condicionando la intangibilidad del salario de los jueces y del resto de los trabajadores, con la quimérica idea de que así se logrará sumisión. Ese resultaría el peor de los escenarios, en especial para el propio gobierno.
La debilidad política en la que se encuentra Cristina Fernández de Kirchner, como integrante de un partido que sólo respalda al líder que le asegure seguir ganando elecciones, debe hacer reflexionar a sus legisladores, como así también a sus funcionarios más leales. Para que estos, con la prudencia y la mesura que la actual coyuntura requiere, generen espacios de diálogo y consenso que permitan encontrar soluciones a los problemas existentes y no provocar confrontaciones que desgastan la figura presidencial sin rédito alguno.
Es necesario sacar al Consejo de la Magistratura de la inacción a la que fue condenado desde octubre de 2012 por el conflicto de la Ley de Medios. Los juzgados federales del interior están abarrotados de expedientes con serias demoras de trámite, la designación de secretarios, prosecretarios y jefes de despacho —respetando el escalafón para tener garantizada idoneidad— y un adecuado monitoreo por parte del Consejo contribuiría, en mucho, a la agilización de los procesos y a la eficiencia en la prestación del servicio.
Hay problemas en el fuero civil y en el de la seguridad social que deben ser solucionados. La actuación de los representantes del oficialismo será decisiva para alcanzar estos objetivos. Y junto a ellos también deben colaborar los representantes de los jueces, de los abogados y de la oposición política, dejando de lado vanidades, intereses personales y mezquindades para, que en el último año de esta integración del cuerpo, se pueda intentar dar respuestas a los muchos problemas que tiene la administración de Justicia en la Argentina actual.
Especial responsabilidad tienen, en este trance, los representantes de los jueces que —aunque lo nieguen— permanentemente han sido proclives a pactar con los oficialismos peronistas negociando espacios de poder en el Consejo, encaminados a defender privilegios e intereses corporativos. Es tiempo de dejar de lado esas tristes prácticas y contribuir a la excelencia en la prestación del servicio de justicia asegurando la elección de los mejores y la exclusión de los indignos.
*Senador de la Nación (UCR—Chubut). Consejero del Consejo de la Magistratura.
