La estabilidad e integridad financiera son objetivos que se encuentran en el centro de la política económica de los principales reguladores y supervisores financieros, como mínimo, desde finales del siglo XX. Más recientemente, la contribución que la inclusión financiera puede hacer al logro de un crecimiento económico inclusivo y a los objetivos de desarrollo sostenible ha obtenido un importante reconocimiento global incorporándola al mencionado mapa de objetivos.
La estabilidad financiera no posee un significado totalmente consolidado. En términos generales, se utiliza con frecuencia para referirse a la ausencia de inestabilidad financiera. Por ejemplo, el Banco Central Europeo define y describe la estabilidad financiera como un estado en el que se evita la acumulación de riesgo sistémico. A su vez, entiende al riesgo sistémico como el riesgo de que el suministro de productos y servicios financieros necesarios por parte del sistema financiero general se vea afectado hasta un punto en el que el crecimiento económico y el bienestar puedan verse alterados materialmente por interrupción de la intermediación financiera.
La integridad financiera se refiere, de manera general, a un estado en el cual el sistema financiero está protegido y libre de las amenazas y flujos monetarios procedentes del blanqueo del producto del delito. Se incluyen aquí el producto de la corrupción, la venta de drogas, el financiamiento a mafias o terrorismo, tráfico de personas, proliferación de armas, entre muchos otros ejemplos. Si bien las actividades ilícitas que pudieran ingresar dinero al sistema financiero son muchas, sus normativas y literatura comúnmente las resume con las siglas AML/CFT, haciendo referencia al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Por último, la definición de inclusión financiera ha evolucionado a lo largo de los años y a veces es definida de distinto modo por diferentes países, organismos o actores. En términos amplios, existe bastante consenso en definir a la inclusión financiera como el proceso que asegura el acceso, uso y disponibilidad del sistema financiero formal a todos los miembros de una economía.
Con el respaldo a la inclusión financiera en agenda, los reguladores y supervisores financieros se enfrentan al reto de determinar cuál es la mejor manera de optimizar los vínculos entre los tres objetivos de política mencionados. Estos objetivos pueden ser complementarios, pero algunos aspectos y en ciertos casos pueden también presentar el riesgo de entrar en conflicto. Más aún frente a las implicancias para los clientes, reguladores y supervisores que presentan los procesos de inclusión financiera con enfoque digital.
Los desafíos que plantea la endogeneidad entre los distintos objetivos de regulación financiera se conoce bajo el nombre de “proporcionalidad” (proportionality). Consecuentemente, un enfoque proporcional en una política de fomento a la inclusión financiera deberá contemplar (específicamente en su diseño e implementación regulatoria y de supervisión) la optimización de los vínculos entre los distintos objetivos. Esto es, maximizando las sinergias y minimizando los resultados negativos (o trade-off) compatibles con los objetivos de estabilidad e integridad financiera.
En cuanto al primer vínculo, actualmente no existen teorías robustas que expliquen cómo la inclusión financiera puede mejorar o socavar la estabilidad financiera, puesto que no existe un único canal de relación entre ambos objetivos. Es muy probable que el impacto de la inclusión financiera en la estabilidad financiera difiera de un contexto a otro dependiendo de: (a) los distintos procesos de inclusión financiera (según estén más o menos enfocados al ahorro, crédito, transferencias, seguros, digital o no digital, etc.); (b) el marco normativo y de supervisión vigente; y (c) la composición y tipos de los proveedores de servicios financieros. En general, los estudios existentes apuntan con mayor grado de certeza a un riesgo sistémico para la estabilidad financiera derivado de la expansión no controlada del acceso al crédito por sobre otros productos o servicios financieros, pero tampoco de manera concluyente.
Por su parte y en términos comparativos, la relación entre inclusión e integridad pasó mayormente desapercibida en los principales debates. Más recientemente, la complementariedad de estos dos objetivos ha sido reconocida con mayor énfasis. Incluso el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) llegó a afirmar que la inclusión financiera y un régimen AML/CFT eficaz pueden y deben ser objetivos de política nacional complementarios, con metas de política que se apoyen mutuamente.
A pesar de haber ingresado enfáticamente en la agenda política, no existe un único camino hacia la inclusión financiera. Los procesos de fomento a la inclusión financiera pueden cambiar la naturaleza y el nivel de los riesgos en estos objetivos cruzados. Estos cambios pueden ser el resultado de una variedad de factores entre los cuales las nuevas tecnologías financieras se esgrimen como patrón de cambio desconocido frente a la búsqueda de proporcionalidad en los objetivos.
En la era digital, la necesidad de estudiar estos vínculos renace a la luz de innovaciones que acotan el control de los flujos monetarios (y su procedencia) e impulsan el endeudamiento a escala. El desafío para reguladores y supervisores se esgrime en acomodar una nueva y diversa gama de servicios financieros y proveedores digitales, incluidos aquellos con potencial para llegar a clientes excluidos y desatendidos financieramente, buscando la inclusión financiera de manera proporcional sin desatender los objetivos de estabilidad e integridad financiera.
