Hace quince días estuve en Estados Unidos dando unas charlas para clientes, amigos y periodistas, sobre las elecciones en nuestro país; y me quedé sorprendido por la preocupación que encontré. Mi experiencia me dice que el espíritu de negocios ha cambiado, y que hay mucho mayor interés por hacer negocios en un ambiente de transparencia, donde la corrupción sea combatida con firmeza. En diferentes versiones, la pregunta que encontré recurrentemente fue: “¿Sabés de la existencia de programas firmes contra la corrupción?”. A lo cual mi respuesta, con encogimiento de hombros incluido, fue siempre: “No es un tema que esté en agenda, ni siquiera en la oposición”.
Es verdad que, volviendo a casa, las preocupaciones parecen ser otras. De qué manera el país se organiza para hacer frente a un proceso de retroceso y hasta retracción de su economía, y las discusiones giran entonces en torno de las respuestas económicas frente a un escenario poco favorable de la economía mundial. No resulta extraño, entonces, que haya poco espacio para debatir sobre la lucha contra la corrupción.
Me parece importante señalar brevemente en esta nota que esta poca preocupación por el tema puede ser un riesgo significativo para las políticas de integración y atracción de inversiones que declaman como central los diferentes candidatos.
El clima y la institucionalidad internacional en el mundo de los negocios ha cambiado mucho en los últimos siete a diez años. El enforcement dado por los Estados Unidos a la ley de FCPA (Foreign Corruption Practice Act) ha convertido la corrupción en una preocupación central a la hora de decidir acerca de una inversión en mercados emergentes, y esto por los riesgos potenciales de sanciones y su impacto en el valor de las acciones.
El clima general de la región no ayuda en este sentido. El Petrolão, en Brasil, y los casos recientes de SQM y del financiamiento de las campañas, en Chile, transmiten la sensación de que la corrupción es un mal endémico. En el caso de Argentina, las denuncias periodísticas de corrupción han creado un clima de inquietud en el Norte, que expresa la impresión de que es necesario hacer algo para terminar definitivamente con el problema.
Paradójicamente, en uno y otro caso las denuncias periodísticas no afectaron la agenda de los gobiernos, y las consecuencias que podría tener sobre la inversión la falta de una política clara contra la corrupción no aparecen como una cuestión importante en la campaña de los diversos candidatos.
Me interesa señalar que no estoy planteando la cuestión en términos morales, ni siquiera como una cuestión de ética en los negocios, aunque obviamente pueda ser planteado en ese sentido. Mucho más mundano es mi planteo. Si no se tienen políticas activas que den una imagen sólida y coherente de lucha contra la corrupción, las posibilidades de inversión y la calidad de los inversores interesados en nuestro mercado se ven afectadas. No soy de los que creen que Argentina sea un país más corrupto que otros; mi experiencia profesional me indica que la corrupción es algo generalizado a nivel mundial e intrínseco del propio sistema. El problema es cómo se avanza activamente en su combate y control, y esto implica en primer lugar establecer límites claros a lo que se puede hacer que sean transparentes para todos.
Podría decir que sobre el pasado de la lucha contra la corrupción puede haber una discusión casi irresoluble, donde las acusaciones se crucen en todas direcciones; pero lo importante es que se logre transmitir a los mercados internacionales la sensación de un corte, de que la agenda de cualquier gobierno que asuma incluirá entre sus prioridades la elaboración de una política firme contra la corrupción, cosa que hasta ahora ha estado ausente de los programas de gobierno. El mercado internacional percibe fuertemente esta ausencia, esperemos que todavía estemos a tiempo de subsanar esta falla.
*Country manager FTI Consulting.
Autor del libro Contra el fraude.