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PACTO CORPORATIVO

Poder sindical, la historia continúa

Espero que mi generación vea a alguien del movimiento obrero conducir los destinos del país”, declaró Hugo Moyano. Si bien no señaló a nadie en particular, quedó flotando la idea de que el también o un pariente próximo podrían figurar en la lista de candidatos.

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Espero que mi generación vea a alguien del movimiento obrero conducir los destinos del país”, declaró Hugo Moyano. Si bien no señaló a nadie en particular, quedó flotando la idea de que el también o un pariente próximo podrían figurar en la lista de candidatos.
Las posibles aspiraciones del titular de la CGT forman parte del cotilleo político. Su reciente triunfo sobre el nuevo ministro de Salud, que pretendía controlar parte del dinero destinado a obras sociales, fue una ratificación del pacto corporativo entre la presidencia Kirchner y el poder sindical, posterior a la derrota electoral del 28 de junio. Hay un dato histórico que viene del siglo pasado: en democracia o en dictadura, la debilidad del gobierno de turno se percibe en las concesiones al movimiento sindical.
Con respecto a estos hechos, Carlos Abrehu (La Gaceta, Tucumán), recordó que el presidente de facto, Juan Carlos Onganía les entregó a los sindicatos el uso de los dineros que financian las obras sociales (Ley 18.610, 1970). De este modo, las centrales sindicales obtuvieron un poder económico que les permitiría no sólo aumentar las prestaciones a sus afiliados sino también contar con recursos para la acción política. Por eso cualquier proyecto político apoyado por el sindicalismo tiene asegurados la caja, algo a tener en cuenta si se modifica la ley de financiación de los partidos políticos.


Volviendo a Onganía, no fue su primera intención darle el control de los fondos a los sindicatos. Cuando su gobierno imaginaba que duraría más de diez años, se proyectó reformar el sistema para darle coherencia. Pero después del Cordobazo (1969), los militares hicieron concesiones sustanciales a las centrales sindicales con el objetivo de que éstas los ayudaran a domesticar al sindicalismo combativo de las seccionales.
Illia constituye el ejemplo contrario: un gobierno debilitado que intenta pese a todo limitar al poder sindical. En efecto, militares y gremialistas conversaban con el objetivo de derrocarlo, cuando el decreto 69, de marzo de 1966 modificó la Ley de Asociaciones Profesionales, impuso garantías de democracia interna en los gremios, determinó que el dinero de las cuotas se depositara en las cuentas sindicales locales, no en las centrales, y restringió el uso político de las sedes sindicales. Illia cayó tres meses después.
La primera presidente argentina, Isabel Martínez de Perón, optó por apoyarse en el poder sindical representado entonces por Lorenzo Miguel. El metalúrgico, titular de las 62 Organizaciones peronistas, había mantenido un silencio prudente en vida del General, pero cuando éste falleció su voz se escuchó con mayor intensidad. “Es imprescindible la participación activa del movimiento obrero en las áreas de decisión y de ejecución de la política socioeconómica”, decía Miguel, empeñado por entonces en desplazar al ministro Gelbard, representante de los intereses de la CGE.
“La CGT cogobierna y sus opiniones son para mí una crítica constructiva dentro del movimiento que integro”, admitió Alfredo Gómez Morales, quien sucedió a Gelbard en el Ministerio. Poco después renunció, agobiado por la pugna corporativa.
Este esquema de cogobierno resultó un salvavidas de plomo para Isabel. Aislada en su reducto palaciego de Olivos, ella experimentó en carne propia las consecuencias de que el poder sindical se constituyera en su principal aliado y garante, en particular cuando la CGT y las 62 le torcieron el brazo respecto al intento de darle un sesgo liberal a la política económica, en julio del ’75.
En los últimos meses del gobierno de esta presidenta, sólo el movimiento sindical la apoyaba. Pero el respaldo tenía precio y los reclamos disparatados que no cesaban contribuyeron a crear el clima previo al golpe militar. Por otra parte, Miguel y sus aliados no dieron lugar a una solución política que pasara por el Congreso y que pudo haber salvado la transición a la democracia de 1973.
En los próximos meses, mientras el Congreso permanezca, como hasta ahora, en estado de hibernación, el poder sindical podrá ocupar los espacios vacíos. Esto no constituye una noticia alentadora para el funcionamiento de una democracia moderna que precisa de un gobierno que esté por encima de los intereses corporativos y ejerza su capacidad de arbitrar.

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*Historiadora.