Adam Smith, en su monumental Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones (1776), respecto al rol del sector público, sostenía: “Poco más hace falta para llevar a un Estado del peor de los barbarismos al máximo grado de opulencia salvo la paz, unos bajos impuestos y una administración de justicia tolerable, el resto vendrá con el curso natural de las cosas”. En este sentido, el bien público más importante que puede suministrar el Estado es el imperio de la ley.
Las instituciones económicas afectan los incentivos de los agentes económicos. Las personas que toman las decisiones de crear empresas, invertir, innovar y trabajar estarán condicionadas por las regulaciones existentes, por la seguridad que perciban en el marco normativo y por la confianza en que podrán disfrutar de los frutos de su esfuerzo. La actividad empresarial implica apostar por los rendimientos futuros. Por ello, la seguridad jurídica, entendida en términos muy amplios, es crucial para que haya personas dispuestas a emprender esta actividad. Es necesario que las normas no impongan innecesarias restricciones a las empresas, que sean anónimas, que se cumplan y que se hagan cumplir sin distinción, que exista la confianza de que los que tienen la función de aplicar distintos aspectos de las mismas lo vayan a hacer con limpieza y sin sesgos. Es necesario que exista una cultura de cumplimiento de contratos y acuerdos, donde los incumplidores reciben la censura social y la acción correctiva de la Justicia.
Al mismo tiempo, las políticas macroeconómicas seguidas por los gobiernos forman parte del marco institucional, ya que constituyen las reglas de juego en las que los empresarios tienen que actuar. Una tasa de inflación alta y variable, un endeudamiento público alto y creciente, un tipo de cambio sobrevaluado, un tipo de interés intervenido, representan todas ellas distorsiones que entorpecen la inversión productiva y la apertura de mercados exteriores. En este contexto, la primera medida que surge para evaluar la calidad de la política económica es el riesgo país, el cual puede ser estudiado a partir de dos indicadores. Por un lado, está el EMBI, el cual es elaborado por el banco JP Morgan. Por el otro, están los CDS (Credit Default Swap), que reflejan el nivel de cobertura requerido por un inversor para cubrir los pagos en caso de que un país caiga en default.
Para poder estimar la riqueza, es necesario contar con tres elementos. En primer lugar, es necesaria una estimación del PBI. En segundo lugar, se debe contar con una medida de la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía. Por último, hay que tener una estimación de la tasa de descuento para el país.
El primer insumo no reviste mayor problema, puede ser extraído de cuentas nacionales y señala que el PBI es de US$ 450 mil millones. Por otra parte, aplicando el filtro Hodrick-Prescott para la serie completa del PBI de la Argentina, dicha técnica arroja una tasa de crecimiento de largo plazo del 2,9% anual. Por lo tanto, sólo resta la estimación de la tasa de descuento del país, la cual vendrá dada por el costo promedio ponderado del capital, esto es: el promedio de las tasas de interés de las distintas fuentes de financiamiento de la economía, cuyo nombre técnico derivado de su sigla en inglés es WACC.
Para estimar el WACC, es necesario contar con el tamaño de los activos y de la deuda externa, la tasa de interés de la deuda y la tasa que representa el costo del capital propio. En cuanto a los activos, si uno toma como referencia que el promedio de la relación PBI-capital desde 1975 hasta 2004 se ha ubicado en el 28,9%, ello implica que el valor de los activos de la economía argentina es de 3,46 veces el PBI, esto es US$ 1,62 billón. Por otra parte, las estadísticas para el sector externo elaboradas por el Ministerio de Economía arrojan un valor para la deuda externa bruta de US$ 220 mil millones, por lo que el patrimonio de los argentinos asciende a US$ 1,4 billón. Esto es, el activo del país es financiado en 86% por capital propio, mientras que el 14% restante es aportado por los extranjeros.
En materia de tasas, la estimación del costo de la deuda es simple, ya que la misma surge de tomar la tasa de un bono de los Estados Unidos y sumarle el riesgo país. Por otra parte, para estimar el costo del capital propio de Argentina, se procedió a computar el resultado de la suma de la tasa de interés soberana local y el premio ponderado (5%) por la beta (indicador del riesgo específico), la cual, por tratarse de toda la economía en su conjunto y en línea con la teoría financiera (CAPM), debería ser fijada en la unidad. Por lo tanto, con este conjunto de datos se determinó la tasa de descuento.
Aun si se mantuvieran constantes las perspectivas de crecimiento de largo plazo, el cuadro muestra el devastador efecto sobre la riqueza nacional por la política económica llevada a cabo por Cristina Fernández de Kirchner (columna CFK). Por ejemplo, si la Argentina mostrara un riesgo país similar al promedio histórico, la riqueza ascendería a un monto de US$ 4,452 billón, por lo que, si tomamos el actual riesgo país de mil puntos básicos, la riqueza sería menor en 30,2%.
Sin embargo, si tomamos el promedio del riesgo de la gestión de CFK, esto es 1.500 puntos básicos, la caída de riqueza se ubicaría en el 47,7%, mientras que si se toma el valor del CDS a cinco años, la pérdida asciende a 58,2%. Al mismo tiempo, si se toma el promedio de la gestión de CFK, la pérdida de riqueza, si se la comparara en términos del resto de los emergentes que componen el EMBI+, sería de 57,1%, mientras que si la comparación se hiciera respecto a Chile, Colombia y Brasil, la pérdida sería de 75,2%, 73,9% y 70,3% respectivamente.
Por otra parte, si consideramos el impacto negativo de la tasa de interés sobre el proceso de acumulación de capital, el efecto se amplifica. En este sentido, usando los parámetros argentinos en un modelo de crecimiento del tipo Solow-Swan, un riesgo de 1.500 puntos básicos implicaría una tasa de crecimiento del 1% (en el mejor de los casos), lo cual implicaría en un período de cincuenta años pasar de ser un país de ingresos medios a uno pobre.
La contracara de este oscuro futuro se manifiesta en el valor presente de las empresas, donde la pérdida respecto al promedio histórico sería del 53,2%, y respecto a los emergentes 61,6%, mientras que contra Chile, Colombia y Brasil sería del 77,8%, 76,6% y 73,4% en forma respectiva. A su vez, respecto al equilibrio a nivel microeconómico (usando la “q” de Tobin), si el riesgo argentino se ubicara en el promedio histórico, las empresas valdrían 1,71 vez más.
A la vez, si el riesgo se ubicara en el promedio de los emergentes, el valor se multiplicaría 1,99 vez, mientras que para valores como el de los casos de Chile, Colombia y Brasil, lo haría en 2,91, 2,82 y 2,59 veces respectivamente.
Por lo tanto, como reflexión final no queda más que retornar a las fuentes. En este sentido, como afirmara Adam Smith: “Es la mayor impertinencia y presunción, en reyes y ministros, pretender vigilar la economía privada de la gente y restringir su gasto” (...) “Ellos son por sí mismos, sin excepción, los más dilapidadores de la sociedad. Es mejor que vigilen su propio gasto, y pueden confiar sin peligro en la gente particular que decide los suyos. Si su propia extravagancia no arruina al Estado, no será por falta de ganas” (…) “Las grandes naciones nunca
se empobrecen a causa del sector privado”
Economista jefe de Fundación Acordar.
