Hay grieta e intolerancia entre ‘celestes’ y ‘verdes’, pero es una deuda: el aborto legal, seguro y gratuito pelea su lugar entre las leyes que garantizan la salud pública de los y las argentinas hace años. Aunque cause escozor, hay una evidencia irrefutable: las restricciones legales no se traducen en menor cantidad de abortos. Cada año se producen 22 millones de abortos inseguros en el mundo. Y casi todos los abortos inseguros (98%) se producen en países en vías de desarrollo, según datos de la OMS de 2012.
En el país, se estima que se hacen por año entre 350 mil y 522 mil abortos inseguros. Según el organismo internacional, casi todas las muertes y la morbilidad por el aborto inseguro ocurren en países donde el aborto está rigurosamente prohibido por la ley.
El aborto legal en los países desarrollados es uno de los procedimientos más seguros en la práctica médica, con mínima morbilidad y con tasas de letalidad de menos de una muerte por 100 mil procedimientos realizados (datos de Grimes, 2006).
Los abortos clandestinos producen muertes que son evitables: Cada año, en el mundo, aproximadamente 47 mil mujeres mueren debido a complicaciones del aborto inseguro. Se calcula que 5 millones de mujeres que han abortado de forma insegura padecen discapacidades temporales o permanentes, incluso infertilidad.
La muerte por abortos inseguros es la primera causa individual de muerte materna en la Argentina desde 1980. Según fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, en el trienio 2016-2018 se produjeron 704 muertes maternas. De ellas, 108 fueron por complicaciones de aborto (15,3%), y mueren por abortos inseguros unas 47 mujeres por año (REDAAS, 2018).
La despenalización no aumenta la cantidad de abortos. La OMS asegura que las leyes y políticas que facilitan el acceso al aborto sin riesgos no aumentan el índice o el número de abortos. La prevalencia de los abortos inseguros es alta en los 82 países con las normas más restrictivas. En los 52 países que permiten el aborto, la tasa de abortos inseguros es de 2 de cada mil mujeres en edad reproductiva (según Grimes, 2006).
En Uruguay, la mortalidad materna disminuyó significativamente desde la legalización del aborto: de 37% a 8%. En España, tras la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y su entrada en vigor en 2011, las tasas por cada mil mujeres no mostraron aumentos. En Rumania y Guyana también se redujo la tasa de mortalidad. En Ciudad de México, legalizado en 2007, la tasa comenzó a bajar en 2013 y atendió 191.356 mujeres sin reportar complicaciones.
Garantizar el acceso a servicios de aborto legal reduce los costos para el sistema de salud: los costos de incorporar la atención para un aborto sin riesgos son bajos respecto de los que acarrean las complicaciones por abortos inseguros. En algunos países, hasta el 50% de los presupuestos de las áreas de obstetricia y ginecología se dedican al tratamiento de las complicaciones de abortos inseguros. En Argentina, un estudio publicado por la Universidad de Lanús en el año 2018 que compara los costos monetarios totales entre abortos legales y abortos clandestinos, arroja mientras que los abortos inseguros implicaron un total de $ 21.282.000 en gastos, las prácticas seguras arrojaron menos de 4 millones en todos los procedimientos.
Y, sobre todo, que el aborto sea legal, seguro y gratuito no implica que sea obligatorio: su existencia preservará la salud de mujeres y personas gestantes que necesiten o quieran realizárselo, y no modificará ni un ápice lo que sucede con quienes no lo deseen. ¿Caben dudas? Que sea ley.
