Tras el referéndum de Santa Cruz de la Sierra, en el que fue aprobado el estatuto de autonomía por el 86% de los sufragios, con una abstención del 39%, Bolivia se encamina a la aprobación de instrumentos semejantes en Beni y Pando (1° de junio de 2006), para culminar el 22 de junio con la votación del departamento de Tarija, en la frontera con Argentina. Concluirá así el ciclo de referéndums por la autonomía del Oriente boliviano, realizados en rechazo a la autoridad del presidente Evo Morales y a la del Estado nacional con sede en La Paz.
La oposición que controla el Senado lanzó esta semana un nuevo desafío a Evo Morales al aprobar un referéndum revocatorio de su mandato y el de los nueve prefectos, que tendrá lugar dentro de un plazo de 90 días. La serie sucesiva de referéndums regionales, y ahora el revocatorio, parecen indicar que el presidente ha perdido la iniciativa que ha pasado a manos de los departamentos del Oriente boliviano y de la oposición.
Bolivia es un país profundamente regionalizado, dividido en tres franjas sucesivas desde los Andes al Oriente. La franja occidental es el Altiplano y abarca tres departamentos: La Paz, Oruro y Potosí. La oriental es la “medialuna boliviana”; es la más extensa y cubre, desde el sur al norte, cuatro departamentos: Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando. La franja media es el eje geopolítico del país, la balanza donde se decide el destino boliviano y se extiende, de norte a sur, desde Cochabamba a Sucre (antigua Chuquisaca o Charcas).
Las votaciones sobre la autonomía en los departamentos del Oriente, a las que aspiran a sumarse Sucre y Cochabamba, indican que el presidente Evo Morales, elegido hace dos años y medio con el 54% de los votos, no controla –al igual que el Estado nacional– más del 60% del territorio boliviano.
El poder político del Estado nacional, considerado como ejercicio efectivo de control territorial, cubre hoy sólo un tercio de la geografía boliviana: la franja del Altiplano (La Paz, Oruro y Potosí).
La característica de los departamentos de Tarija y Santa Cruz es que poseen, sumados, casi la totalidad de las reservas de gas y de petróleo de Bolivia, segundo país en materia gasífera de América latina y el Caribe, después de Trinidad y Tobago. Santa Cruz despliega, además, la producción de soja (más de 2 millones de toneladas en 2007), segunda fuente de divisas del país, después del gas. El departamento de Santa Cruz origina 30% del PBI, genera 62% de las divisas, produce 50% de las exportaciones y recibe casi 50% (47,6%) de la inversión extranjera directa (IED) que llega a Bolivia.
Tras asumir la presidencia en el Palacio Quemado de La Paz, Evo Morales desarrolló dos líneas de acción. La primera fue la nacionalización de los hidrocarburos; la otra, la aprobación de una nueva Constitución. El núcleo de la nueva Carta Magna , aprobada sólo por los estatuyentes oficialistas, es el régimen de autonomía que prevé para los denominados “pueblos originarios”, en referencia a las 37 comunidades indígenas del país.
Este régimen de autonomía de los “pueblos originarios” implica, como un derivado de lógica necesidad, el reclamo posterior a la propiedad de las tierras de esas comunidades. El inconveniente que ofrece esta nueva distribución espacial del poder territorial es que, a grandes rasgos, es similar a la de la Bolivia previa a la República (1826), e incluso a la anterior a la conquista española. En ningún caso parece sobreponerse a la configuración territorial vigente en los últimos 180 años.
El nacionalismo boliviano, surgido de las trincheras de la Guerra del Chaco (1932-35), señaló desde el comienzo que el mestizaje era la condición sine qua non para la creación de una “verdadera” nación boliviana. Ese nacionalismo triunfó con la revolución de abril de 1952, liderada por Víctor Paz Estenssoro, cuando la coalición del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) y de la Central Obrera Boliviana (COB, mineros) derrotó en tres días de combate al ejército convencional en las calles de La Paz.
El régimen MNR-COB se agotó en la década del 80. El Estado se desintegró en 1982 y estalló la hiperinflación. La crisis fue resuelta en 1985, cuando surgió un sistema hegemónico que actuó como sustento del Estado. Fue la “democracia pactada”, una coalición de partidos tradicionales (MNR, MIR, ADN) que gobernó desde 1985 hasta 2002.
La “democracia pactada” se hundió irreversiblemente entre 2000 (“guerra del agua”/ Cochabamba) y 2003 (“guerra del gas”/El Alto); y con ella, el sustento del sistema de poder del Estado vigente desde 1985. Por eso, la crisis política en Bolivia es también crisis del Estado; y la crisis generalizada de gobernabilidad, que revela la serie sucesiva de referéndums sobre la autonomía, actualmente en marcha, se muestra como la continuación y la profundización de las confrontaciones políticas que derribaron a dos presidentes constitucionales desde 2003. Esta es la dificultad que enfrenta el proyecto de Evo Morales. Su reivindicación “indigenista” no es una propuesta de retorno al ayllu incaico; es una visión moderna, urbana (más del 60% de la población boliviana vive en ciudades), incluso sindical. Su restricción es que no tiene un carácter nacional; nada tiene para ofrecer a la Bolivia que no es indígena, ante todo a Santa Cruz de la Sierra.
Lo fundamental de Nelson Mandela y del Congreso Nacional Africano no fue, en términos políticos e históricos, la denuncia y el rechazo del régimen del apartheid en Sudáfrica, sino la creación de un sistema post apartheid que, sobre los principios democráticos, incluyó a la minoría blanca, y en primer lugar a los boers. Mandela, en sus 27 años de prisión –más de 15 en una celda aislada– pensó y propuso para Sudáfrica un proyecto nacional para todos sus compatriotas, ante todo para los integrantes de la “tribu blanca”, de la que eran parte sus carceleros.
El indigenismo de Morales no tiene carácter nacional. Por eso la crisis política boliviana es una crisis de hegemonía; y la amenaza del “separatismo” no es la causa de esa crisis, sino su consecuencia.
