Con estruendo se divulga la batalla política, casi nadie habla de la guerra económica. Aunque ese capítulo belicoso, invasivo y liquidador sea quizás la marca más distintiva de la elección de este año con relación a cualquier comicio del pasado. Nunca, en apariencia, hubo tanta disputa por dinero, sea por multiplicarlo o por temor a perderlo. Y nunca, claro, las aguas políticas se han mezclado tanto con la de los negocios. El estigma de lo que generalmente se llama poder.
Uno de los frentes, el oficial, resulta explícito: casi todos los días promueve acciones contra grupos económicos indeseables para su gusto, léase Clarín y derivados, el sector agrícola-ganadero, Techint y adlátares, entre otros.
El asedio cotidiano obliga a la pregunta: ¿qué pasará con estas empresas si Cristina se renueva en el poder? Con facilidad tercermundista se habla de expropiaciones, nacionalizaciones, intervenciones, amputaciones, aunque –justo es admitirlo– si no ocurrieron hasta ahora, tampoco se explica por qué se deben precipitar en los próximos cuatro años. Sobre todo, cuando no se atacó la fuente de recursos y, en general, hubo más cacareo e ineficiencia que resultados. Así se admite en el mundo empresario, agobiado por el montaje escandaloso de ciertas denuncias (caso Papel Prensa) o la conversión en secuestro y delito de lesa humanidad una adopción irregular (los hijos de Herrera de Noble). Aunque, claro, la consigna de “profundizar el modelo” eriza la piel.
Quienes se quejan o padecen estos agravios tampoco han sido eficaces para responder: más bien padecen el síndrome de la mujer golpeada, insisten con un continuado de titulares que revela, quizás, un acostumbramiento resignado de la población y cierta falta de credibilidad en los medios.
Tan pudorosos que los principales diarios del país han decidido ignorar la amnistía para el pago de impuesto en sucesiones, en la provincia de Buenos Aires, que parece diseñada para la herencia de los Kirchner. Ese cuidado excesivo en la información hace recordar los tiempos en que varios de estos grupos económicos se beneficiaban con Néstor presidente. A pesar de este cuadro y de incidencias varias (bloqueos a empresas e internas empresarias), otras novedades políticas podrían asistir a quienes se sienten damnificados y atemorizar a quienes disfrutan de ciertas prebendas: algunos opositores, con estricta reserva, se reúnen para propiciar cambios futuros en el amplio radio de los negocios, si alguno de ellos triunfa. Casi como un pacto a cumplir por el que sea, basado en la necesidad de que el poder económico gestado por el kirchnerismo no constituya, en el futuro, un condicionante para el nuevo gobierno. Luego de varios encuentros han imaginado por lo menos dos acciones postelectorales:
1) La evaluación y eventual revisión de los contratos, especialmente en el área de energía, que en los últimos dos años concedió el Gobierno.
Las impugnaciones reconocen todo tipo de fundamento, aunque el principal alude a la magnitud de los emprendimientos (calculan US$ 9 mil millones) y consideran inquietante que una sucesión de obras públicas tan vasta sea patrimonio de una corte exclusiva de preferidos.
Como una medida de esas características podría ofender la “seguridad jurídica” que tanto se le reclama a la actual gestión, distintos juristas han aportado material para justificar una intervención de ese tipo.
2) El avance hacia una suerte de “Conadep” o comisión investigadora de los empresarios favorecidos por la gracia oficial (incluyendo también la fusión de lo público con lo privado). Para no desatar esquizofrenia persecutoria, hubo coincidencia en elegir un número simbólico para indagar en meteóricas fortunas: se trata de restringir la tarea a sólo diez personajes (la mayor cantidad de información al respecto parece provenir del partido de Elisa Carrió, son magros los aportes del Peronismo Federal y del radicalismo).
El número sufre variaciones, ya que si bien hay empresarios del sur inamovibles en la lista y con pocos contactos en la Capital (una media docena), otros aludidos con cierta tradición han empezado a ingresar y a salir, sea por su propio ejercicio de lobby o por su cercanía con determinada agrupación política.
Entre los empresarios sureños se advierten dos tendencias: unos dispuestos a prodigarse ante la oposición (solventar parte de su campaña, por ejemplo) y otros encerrados en no negociar nada. Estas diferencias generan conflictos en la alfombra oficial entre ministros y algunos empresarios propios, no sólo porque los más autónomos entienden que Cristina le debería dejar su lugar a Scioli para tranquilizar los espíritus (y futuras investigaciones, claro). También importa que, por el excesivo gasto público, se han suspendido los pagos de certificados de obra y algunos se han puesto nerviosos: hace seis meses que no cobran algunos de la construcción.
Por razones de decoro, se evitan los nombres de los involucrados. Aunque son obvios. Y muchos más de diez. Pero nunca se sabe si estas iniciativas son parte de una cruzada transparente, institucional y multipartidaria, o el capítulo previo que suele acompañar las necesidades crematísticas de la campaña. Igual, algunos deben ir a la guerra económica por obligación, porque los acechan (Techint podría perder el auxilio de Pagani en la UIA, aunque el oficialismo de Aluar tampoco saldrá bien parado, ni hablar de Clarín o del agro), o porque los subyugan (siempre habrá algún crédito a tasa baja).
Quieran o no, los políticos habrán de intervenir, aunque Duhalde sólo atienda hoy su pacto con Macri para internas entre los dos (luego de las que hará el Peronismo Federal por secciones electorales).
O que Reutemann, el ahora viajero, vea consumado como ministro de Justicia a un primo suyo (Rafael Gutiérrez, juez del Supremo Tribunal santafesino) justo cuando prometió antes de partir: “Van a ver que en marzo se hablará de mí”.
Por lo que se sabe, él habla bien de Cristina, como siempre. A su vez, Scioli recoje adhesiones que no imaginaba de los intendentes: candidaturas como la de Sabbattella, apoyando a Cristina y renegando del gobernador, en rigor habilitan la implantación de las “colectoras”, eso replicándose en las intendencias no es aceptado por los caciques bonaerenses. Quieran o no, también pueden ser parte de otra guerra.
De esa doble Argentina en pugna que no debe alegrar a Cristina, minada por la inflación y episodios catastróficos de inseguridad (como el asalto al tren, casi un film del Far West), o de droga. Aunque, cuando regrese la delegación de la SIDE que el Gobierno envió a España, quizás haya descabezamientos masivos en la Fuerza Aérea. Como si a los aviadores no los controlaran los civiles.
