Si el 2,4% de inflación de febrero sonó como el estruendo comparable con la ruptura del glaciar Perito Moreno, el 4,8% de incremento de los precios mayoristas significa una señal de alarma a la espera de los números de marzo, y obliga al Gobierno a maniobrar cuando el valor previsto del 15% para el año se acerca a una velocidad inesperada.
El oficialismo, alejándose de las explicaciones monetaristas –que ponen el énfasis en la emisión–, vuelca su mirada hacia el sector empresarial, y su reticencia a invertir para aumentar su producción prefiriendo ajustar por precios, un clásico de los últimos lustros.
Justamente, en los últimos años del kirchnerismo, las explicaciones de los economistas heterodoxos apuntaban a que buena parte de la inflación era generada por los llamados “formadores de precios” que por ejercer una suerte de monopolio o la cartelización de un puñado de empresas podían imponer sus valores al resto de la economía sin relación con los valores internacionales de esas mercancías, práctica seguida por el amplio sector de servicios que no tienen su relación con el mercado mundial.
Tomates verdes fritos. Solo en el marco del proyecto productivo que Macri tiene en mente para el país, resumido en la frase del “supermercado del mundo”, se puede entender el altercado entre el Gobierno y Luis Pagani, número uno de Arcor. Como es sabido, Arcor es la empresa de origen cordobés (Arroyito-Córdoba) que manufactura productos a base de materias primas alimentarias, principalmente enlatados y golosinas. Como una de las principales productoras y exportadoras de este tipo de productos, es el tipo-ideal de empresa que Macri cree que debería dominar el comercio exterior. Sin embargo, ante la queja de Pagani, sobre la invasión de latas de tomate importadas, la respuesta del ministro de la Producción, Francisco Cabrera, fue inesperada por una rudeza poco habitual en el Gobierno: “Hay que tener una agenda positiva y dejarse de llorar”.
Un par de días después, Macri, en el marco de la inauguración de Expoagro, felicitaría a los sectores del agro como los que entendieron el mensaje del Gobierno, anunciando una serie de beneficios, como la simplificación de los trámites ante el propio Estado que deben realizar los productores. Traducción: el Gobierno comienza a otorgar premios y castigos.
Quizás el castigo a la industria fue transmitido por el propio Cabrera en un marco más ideológico cuando dice: “Somos uno de los países más cerrados del planeta después de Sudán y Nigeria”, y de esa forma explica una decisión siempre polémica: la apertura de las importaciones en productos de consumo masivo. De esta forma, hoy se pueden encontrar en los comercios cervezas de todas partes del mundo, suavizantes para ropa canadienses, uvas chilenas, copas de cristal de la República Checa, quesos franceses, zapatillas made in China, y un largo y creciente etcétera. La pregunta del millón es si esa política de apertura logrará poner un límite al incremento sostenido de los precios o solo es un nuevo recurso para los empresarios locales que ahora pueden importar más barato lo que antes se producía aquí. Sin embargo, las cifras que reporta el Indec muestran que en enero de 2018 se exportaron mercaderías por 4.750 millones de dólares y se importaron por 5.736, lo que redundó en una balanza comercial negativa por 986 millones, siendo un serio problema el estancamiento de las exportaciones, y que probablemente se agudice en este año como resultado de la sequía actual en el campo argentino.
De regreso, Mirta. Los memoriosos, que nunca faltan, piensan que la economía de estos días se “ochentizó”. Un alto déficit fiscal que el Estado debía financiar tomando dinero del mercado financiero a altas tasas de interés, un dólar presionando al alza que llevaba a miles de argentinos a pararse frente a las casas de cambio para “pegarla” con los saltos bruscos de la divisa, y el gerente financiero pasando a ocupar el rol más importante de las empresas definieron los años 80 como un tiempo de inestabilidad que finalizaría en la hiperinflación, y donde algunos de los elementos parecen transportarse treinta años después.
También Raúl Alfonsín como ahora Mauricio Macri tendría sus enfrentamiento con los empresarios, los sindicatos y aun con la Iglesia católica. En esos días los “llorones” eran los llamados “capitanes de la industria” que, aun favorecidos por las políticas del radicalismo que buscaban proteger el mercado interno, conspiraban contra su gobierno, más preocupados en su rentabilidad que en sostener los congelamientos de precios que el gobierno buscaba imponer tras el Plan Austral. Era una industria todavía con un fuerte componente local que se transnacionalizaría en los 90.
Con respecto a los sindicatos, la apuesta de Alfonsín era democratizarlos mediante una ley que permitiera abrir la puerta a la representación de las minorías.
La llamada Ley Mucci (por el ministro de Trabajo de aquella época) fue sepultada bajo la presión de los más importantes dirigentes sindicales de la época: Saúl Ubaldini, Osvaldo Borda, Ramón Baldassini y Jorge Triaca (padre). Lejos de pretender eliminarlos, Alfonsín soñaba con un sindicalismo escindido del peronismo y quizás con mayor presencia radical en sus estructuras.
Nuevas hogueras. También contra la Iglesia el enfrentamiento del primer gobierno de la restauración democrática fue inevitable cuando planteó la ley de divorcio vincular.
Aunque hoy parezca grotesco, la resistencia de la Iglesia frente a esa ley los llevaría a convocar a movilizaciones para detener el proyecto que finalmente fue sancionado en junio de 1987. Por supuesto que aquella Iglesia era más cercana a Von Wernich que al papa Francisco.
La discusión actual sobre el aborto reactualiza la disputa, a tal punto que la mayoría de los legisladores que se declaran en contra de la iniciativa lo fundamentan en sus convicciones religiosas vinculadas a las posturas del catolicismo. Como nafta arrojada en la hoguera, la revelación por parte del jefe de Gabinete, Marcos Peña, sobre el sueldo de los obispos abonados por el erario actualiza el debate sobre la relación Estado-Iglesia y el sentido del artículo 2º de la Constitución Nacional: el gobierno federal sostiene el culto apostólico romano.
*Sociólogo (@cfdeangelis).
