Un periodista ruso señaló dos hechos irrebatibles. El primero: los Papas son elegidos de por vida. El segundo: el presidente Putin ya se ha reunido con tres de ellos.
El 15 de enero Putin anunció ante el Parlamento ruso una serie de cambios institucionales y de reformas a la Constitución de 1993, enfatizando la necesidad de impulsar nuevos proyectos a nivel nacional, en especial en el campo social y económico. Los cambios anunciados por el presidente llevaron a la renuncia del primer ministro Medvedev y de su gabinete. La designación de Mijail Mishustin (anteriormente a cargo del Servicio Federal de Impuestos donde obtuvo importantes logros en la recaudación y en su automatización) en su reemplazo, no implicó, sin embargo, la salida de cuatro ministros clave, entre ellos el de Relaciones Exteriores y el de Defensa. Los cambios propuestos –ampliamente analizados en los medios de prensa nacional e internacional– implican un proceso de reestructuración institucional y, posiblemente, un mayor control de las decisiones del presidente por parte de una serie de instancias, incluyendo el Parlamento y un –hasta ahora– poco visible Consejo de Estado. En función de prolongar su liderazgo luego de las elecciones de 2024, presentarse nuevamente como candidato presidencial, Putin podría presidir este Consejo, siguiendo el ejemplo de Nursultán Nazarbayev en Kazajistán en 2019 quien renunció a la presidencia, pero mantuvo su poder e influencia política. En lo inmediato, Medvedev fue designado como vicepresidente de este Consejo, pese a la proliferación de diversas hipótesis sobre posibles fracturas y conflictos en el entorno político del presidente ruso. Sin embargo, más allá de estas hipótesis, hay una serie de elementos que quedan claros a raíz de este proceso –los cambios apuntarían a asignarle a Putin, después de 2024, un control crucial sobre la presidencia y otras instancias–; introducirían un obstáculo insalvable para competir para algunos candidatos que no son del partido de gobierno al plantear como requisito imprescindible haber residido en Rusia los últimos 25 años y no tener otra nacionalidad o pasaporte (lo que excluiría automáticamente a potenciales rivales como el exiliado oligarca Jodorovski o el líder opositor Navalny, quien estudió y vivió en los EE.UU.) y enviarían un mensaje claro a la comunidad internacional al plantear que la nueva Constitución se impondría por encima de cualquier tratado o norma internacional. Por otra parte, la composición del nuevo gabinete –más allá de los ministros que permanecen– asoma una importante transición generacional que incorpora a una nueva camada de tecnócratas más proclives al uso de su expertise técnica que a la política.
En este marco, el terreno queda abonado no solo para una transición –institucional y generacional– “suave” que no ponga en peligro los logros de Putin en el poder, sino que también sirva para preservar la estabilidad política del país en un entorno internacional tormentoso. El mantra de la estabilidad –especialmente importante para un Putin que vivió la caída del Muro de Berlín, la posperestroika, y el Maidán ucraniano como amenazas a los intereses de la supervivencia de Rusia y a la recuperación de su estatus internacional como potencia, coincide, en este proceso de transformaciones, con las diversas iniciativas en política exterior de Moscú quien, según el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov –han apuntado a “tener un efecto estabilizador en el mundo” y que, en los hechos, han tendido a alejar o diluir las amenazas más inminentes y más cercanas para la Federación Rusa–.En suma, una transición “suave” que se ajuste a las nuevas demandas de la sociedad rusa y del rol de Rusia en el mundo, y que posibilite una continuidad posputiniana sin turbulencias y bajo la supervisión del mismo Putin.
*Analista internacional y autor de “Eurasia y América Latina”
