Ya se ha señalado que, paradójicamente, el gobierno que puso en el discurso la defensa del rol del Estado, y que aumentó su tamaño en personal y gastos de manera exponencial, tal vez sea, en este período democrático, el que más deterioro les causó a sus capacidades reales de gestión de todos los servicios públicos. Por eso es difícil imaginar que en estos dos últimos años haya voluntad para plantear, en educación, una agenda de gestión adecuada a las enormes carencias actuales. Sin embargo, nadie mejor que este gobierno para hacerlo dado que nació con un fuerte anclaje político en el gremio docente (Ctera), y tal vez en virtud de esa alianza dejó durante diez años de exigirles a las escuelas mejores resultados. Nada que pudiera incomodar a aquella dirigencia gremial, supuestamente defensora de la escuela pública, ni conflictuar las gestiones de los sucesivos ministros “progresistas”. Así llegamos a los niveles más bajos de calidad conocidos, y con un inédito drenaje de matrícula al sector privado.
Se han denostado todas las políticas y herramientas que se usan en el mundo y que trabajan sobre la calidad y por ende la equidad del sistema: evaluaciones periódicas a escuelas y docentes, estrategias de intervención en las instituciones con peores resultados, criterios de calidad y mérito en las instituciones formadoras de docentes; ingreso, ascensos, salarios y egreso docente por estrictas evaluaciones de formación y desempeño; articulación con las autoridades locales para las funciones de monitoreo y asistencia a las escuelas; desarrollo de organizaciones escolares transparentes, provistas de suficientes recursos humanos y físicos. Una comunidad informada sobre la situación de las escuelas, sus avances y problemas. Comisiones de padres y entidades sociales que colaboren con las autoridades en la gestión, y comisiones de alumnos que sean responsables de algunos aspectos de ésta. Presupuestos anuales previsibles por institución, con plantas docentes y personal auxiliar, con programas de capacitación para todo el año, previsiones para el mantenimiento y las remodelaciones necesarias y para las actividades educativas especiales.
Si el Gobierno se decide a abrir esa agenda porque ahora reclama alguna devolución por la inversión que realizó, debiera contar con el apoyo de todo el sistema político, de la sociedad en general y, por supuesto, de los docentes y sus gremios. Se trata de dejar de mentir y trabajar. Defender la escuela pública es colocarla en condiciones de atender eficazmente la complejidad actual. Niños y jóvenes desprovistos de recursos materiales y culturales en sus casas, con vidas amenazadas por el flagelo de la droga, la violencia y la falta de trabajo. Herederos de por lo menos dos o tres generaciones al margen de la economía formal, sin compartir los códigos de la otra mitad de su misma edad que vive en el otro país, el del trabajo, los ideales de progreso y ascenso social. La escuela, para aquellos, sigue siendo el último recurso para pertenecer. La escuela, para el Gobierno y para el sistema político todo, debiera ser la mejor estrategia para soñar que algún día seremos un solo país, integrado, armónico y progresista. Y eso sólo puede realizarlo el Estado, pero no un Estado colonizado por la corrupción, la incapacidad y la anomia, sino un Estado inteligente al servicio del bien común.
*Ex ministra de Educación, Ciencia y Tecnología.
