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COLUMNISTAS / opinion
domingo 23 diciembre, 2018

Reflexiones sobre la responsabilidad empresaria y el juicio del Cuadernogate

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por Jorge Fontevecchia

Carlos Wagner, Aldo Roggio y Paolo Rocca. Tres empresarios salpicados por el Cuadernogate. Foto: Cedoc

De la misma forma que no era lógico dejar liberado de responsabilidades a Paolo Rocca con solo decir que no sabía de las coimas que pagó Techint para mejorar las condiciones de la expropiación de su fábrica en Venezuela, tampoco era racional procesar a todos los empresarios que pagaron coimas en el caso del Cuadernogate por asociación ilícita. El fallo de la Sala I de la Cámara Federal corrigiendo lo dispuesto por el juez Bonadio “emprolija” lo resuelto por el juez de instrucción. Para Bonadio, la prueba de que la mayoría de los empresarios eran parte de una asociación ilícita estaba en que aumentaron los precios de las obras públicas para pagar las coimas, demostrando que no padecieron consecuencias económicas por hacerlo y se puede inferir que no lo hacían a disgusto.

Es acertado que la Justicia pondere las diferencias entre los empresarios que se enriquecieron gracias a la corrupción y aquellos que la toleraron sin beneficiarse adicionalmente y, en un grado menor, de los que pagaron ocasionalmente por no tener escapatoria. Pero como entendió la Cámara Federal, la medida para graduar esas diferentes categorías no surge de que hayan aumentado o no el precio de la obra, como entendió el juez de instrucción, porque no podrían haber hecho nada diferente. La obra pública, por la magnitud de su valor, tiene que tener márgenes de ganancia porcentualmente bajos aunque sea mucho dinero en términos absolutos. Y si el ambicioso sistema recaudador K exigía superar los dos dígitos porcentuales de retorno, o sea más que el margen de ganancia normal en obra pública, no quedaría más alternativa que trasladar al precio el costo de la coima. En promedio, se trataba de un 20%, habiendo casos como el que confesó Juan Chediack, de 50% de sobreprecios (licitaciones GNA 4 y 6/12, y 127/13). Ese mecanismo tenía a la vez una ventaja para el recaudador: dejaba comprometido doblemente al empresario pagador no solo como partícipe necesario sino como socio de quien recibe la coima al trasladarla de forma evidente al precio. El mayor tamaño de coima colocaba al pagador bajo sospecha de ser también beneficiado, lo que prometía garantizar el sistema de impunidad porque cualquier denuncia sería autoincriminatoria.

No es lo mismo la conducta continuada de pago de coimas que un caso concentrado en un período corto.

Dicen que la ex presidenta, al fallecer Néstor Kirchner y tomar dimensión del volumen del dinero recaudado, habría preguntado: "¿Para qué tanto?", y especulan que parte del dinero no se encontrará porque lo mandó quemar para reducir el riesgo probatorio al desaparecer parte del “cuerpo” del delito.

Pero hay una evidente diferencia entre quienes se beneficiaron con más rentabilidad de la que tenían sus emprendimientos, o con un volumen mucho mayor de obras, y aquellos que no aprovecharon el mecanismo para mejorar su situación. Si el canon se establece en función de cómo estaba el pagador de la coima antes de comenzar la “carrera” y al final, las categorías tendrían como ejemplos más notorios y en orden decreciente de culpabilidad primero a Lázaro Báez, que no era empresario, y a Cristóbal López, que lo era pero su empresa se multiplicó grandemente: estos dos no figuran en los cuadernos porque no pagarían coimas sino que directamente serían testaferros o socios, y aunque en otra categoría, tampoco apareció pagando coimas la familia Eskenazi, la que Bonadio no había investigado y la Cámara Federal ahora le ordenó hacerlo.

Seguirían Electroingeniería, que existía previamente al kirchnerismo pero incrementó su participación, y la constructora de Carlos Wagner. Y luego, los grupos empresarios igualmente relevantes antes de la llegada del kirchnerismo que mantuvieron su volumen de negocios con el Estado. Otra frontera la limita la categoría de partícipe habitual o esporádico, que tiene como ejemplo más notorio a Techint.

Lázaro Báez y Cristóbal López no aparecen en los cuadernos: ellos no pagaban coimas. Al igual que Eskenazi.

Pero el kirchnerismo no acepta esta vara para medir justos y pecadores sosteniendo que un sistema de recaudación en forma de coimas existía desde antes de su llegada al poder. Por lo que, independientemente de la prescripción jurídica, hay que comenzar a medir desde varias décadas atrás, incluso durante la dictadura militar, donde se acuñó la figura de la “patria contratista”, teniendo entonces a Franco Macri como uno de los actores principales.

Otra perspectiva es que hay una responsabilidad del empresariado en la corrupción del kirchnerismo de la misma forma que la hubo en la dictadura militar de 1976 a 1983, que no era solo militar sino “cívico militar”. Esta visión invierte el orden: no son los empresarios víctimas, partícipes necesarios, ni socios o testaferros sino, aún peor, serían los verdaderos autores materiales de la dictadura en los 70/80, los mandantes de quienes gobiernan. Esa es la visión del juez Sergio Moro en Brasil, para quien el mecanismo de corrupción con obra pública viene desde la dictadura militar brasileña, a comienzos de 1964, siendo los empresarios quienes corrompieron a los políticos y no al revés.

Pero hay una diferencia: se podría decir que en el corto plazo la dictadura militar benefició a los empresarios generando un traslado de renta de los sectores asalariados al los del capital, pero esa no fue la situación durante el kirchnerismo.

Otro aspecto a destacar del fallo de la Cámara Federal es que haya revocado la falta de mérito a los arrepentidos y los haya procesado como partícipes, quienes podrán tener una pena menor pero no ninguna. De cualquier forma, habrá que esperar a que la Cámara de Casación, donde están los jueces más independientes del poder político, termine de “emprolijar” la instrucción de Bonadio: no parece justo que algunos empresarios se mantengan dentro de la asociación ilícita y otros en condiciones comparables hayan pasado a cohecho. No hay diferencia entre Gerardo Ferreyra, de Electroingenieria, y Gabriel Romero, quien confesó haber pagado coimas regularmente (además de 600 mil dólares para que Cristina Kirchner firmara un decreto), o entre Carlos Wagner y Juan Chediack, quien al igual que Wagner fue otro presidente de la tristemente célebre Cámara de la Construcción y parte de la organización.

La responsabilidad empresaria en la historia de la corrupción argentina no se limita a los juzgados en el Cuadernogate; al igual que en las dictaduras, hubo una responsabilidad pasiva de los medios de comunicación y la Justicia. La instalación del “sistema de recaudación paraestatal” que la Cámara Federal menciona que trajo Néstor Kirchner de Santa Cruz, al asumir en 2003, contó con la mirada “distraída” de la mayoría de los medios y jueces que hasta 2008 fueron tolerantes.


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