A la altísima velocidad que discurre el debate dialéctico en la Argentina -que no es lo mismo que la realización efectiva y tangible de avances en la vida cotidiana, porque es pura velocidad retórica- pareciera que el quinto aniversario del fallecimiento de Raúl Alfonsín ya pertenece a un pasado remoto. Fue hace apenas 72 horas. Y, sin embargo, hay un ángulo que, a mi manera de ver las cosas, preserva una potente vigencia. Hoy, como hace cinco años, la figura de Alfonsín fue utilizada por muchos para bañarse en bronce. Lo que nuestros abuelos llamaban “jarabe de pico” circuló en abundancia en los más diversos sectores, comenzando por la presidente, que cree que cada vez que pronuncia la palabra “Alfonsín” se contagia de parte de la honorabilidad y de decencia de aquel hombre.
Sin embargo, los mismos que usaron la memoria de Alfonsín, en algo no transigieron. Había sido Alfonsín quien dijo y llevó a la práctica algo elemental: no se puede tomar al 2 de abril como Día de Malvinas porque es una fecha para siempre asociada a un régimen militar, y en consecuencia, como él había heredado el 2 de abril del gobierno de las Fuerzas Armadas. Había una historia previa.
La ley nacional 20.561 firmada por el presidente Juan Perón el 20 de diciembre de 1973 estableció el 10 de junio como Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y sector antártico, pero no como feriado nacional.
El 28 de marzo de 1983, el gobierno militar encabezado por Reynaldo Bignone promulgó la ley 22.768 declarando "Día de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur", al 2 de abril como feriado nacional.
Recuperada la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín modificó la fecha de conmemoración mediante el decreto nacional 901 del 28 de marzo de 1984,trasladándola al 10 de junio, como día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico, según la ley 20.561, como el feriado nacional establecido para el 2 de abril por la ley de facto 22.761. Por eso 1983 fue el único año en que se celebraron ambas fechas: el 2 de abril y el 10 de junio.
En 1992, el presidente Carlos Menem volvió a rescatar al 2 de abril, bautizándolo “Día del veterano de guerra”. Nuevamente, a fines de 2000 el presidente Fernando de la Rúa introdujo cambios, al designar a la fecha como "día del veterano y de los caídos en la guerra en Malvinas", como feriado nacional. En 2006, Nestor Kirchner definió oficialmente a la fecha como “inamovible”, equiparándola con el 9 de julio y el 25 de mayo.
Ya que pretenden darse un baño en las aguas del Jordán alfonsinista, ¿por qué no registraron ese hecho y no advirtieron la contradicción flagrante, dolorosa e hiriente de un país que dice haber abandonado para siempre las aventuras militares -externas e internas- rescata una fecha que es patrimonio indiscutible de un régimen militar?
No es el único caso en el que este tipo de situaciones se advierten en la Argentina.
Vivimos empachados de conmemoraciones retoricas. El 19 de julio, inevitablemente habremos de recordar los 20 años del impune atentado contra la AMIA. Corresponde preguntarse si la insistencia retórica, agobiante, pastosa y confusa en la palabra “memoria” es sinónimo de éxito, progreso, triunfo o realización. Opino que no, porque si algo consiguió aquel desembarco en Malvinas en 1982 es postergar para futuras generaciones la eventualidad de que ese archipiélago fuese incorporado a la Argentina. Como resultado, puede decirse que provocó 700 compatriotas muertos, un descrédito universal y un colapso que todos conocemos.
En la Argentina se habla de memoria y recordación como una letanía, un rezo generalizado. Da la sensación de que nos quieren convencer de que la sola evocación de los episodios alcanza para que no se produzcan. Sin embargo, cada vez que pueden, vuelven a los peores pasos: por ejemplo, la reivindicación del aventurerismo armado, como sucedió esta semana cuando la presidente homenajeó al Comando Cóndor, encabezado por Dardo Cabo, que secuestró y desvió en 1966 un avión civil de pasajeros para llevarlo a las Malvinas, con la excusa que de esa manera reivindicaba los derechos argentinos. En aquel momento, los derechos argentinos sobre las Malvinas había sido reivindicados mejor que nadie por el gobierno del presidente Arturo Illia, que consiguió a través del canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz, la más importante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la nº 2065, votada el 16 de diciembre de 1965, instando a proseguir “sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland Islands). Si la Argentina no se hubiera apartado de ese camino pacífico, hoy estaríamos hablando de otra cosa.
Para Cabo y sus camaradas, lo importante era la acción directa (secuestro y desvío de un avión, exhibición de armas, izar la bandera argentina y regresar finalmente, todos presos). Esto es lo que ha reivindicado ahora el Gobierno Nacional.
Por otra parte, una comisión del Congreso acaba de ratificar que los problemas que atraviesan en la Argentina los medios de comunicación no solamente son atribuibles a la deforme y monstruosa pauta de propaganda que el Gobierno gasta en sus medios amigos, sino de algo todavía más grave, insidioso y problemático, la autocensura o la censura directa que han aplicado grandes corporaciones privadas, sobre todo en el ámbito del súper mercadismo, para no pautar en los grandes medios en los que hacían publicidad hasta hace un año y medio.
¿Qué provocó ese boicot? ¿Un apriete del Gobierno, o la cartelización de los supermercados? No lo puedo asegurar y no creo que nadie lo pueda demostrar. Pero el episodio existe e implica de parte del sector privado, una vergonzosa agachada, una genuflexión, mediante la cual empresas argentinas y multinacionales aceptaron la extorsión del Gobierno para quitarle a los medios de comunicación el combustible que necesitan y necesitamos para poder subsistir. De eso se habla poco, porque les da mucha vergüenza a muchos empresarios privados. Pero algún día deberán hacerse cargo de sus responsabilidades. Está muy bien y es muy fácil atacar siempre al Estado y al grupo prepotente e ideológicamente radicalizado. Pero, el sector privado, ¿dónde estuvo estos años? ¿Con qué valor y coraje se jugó para que los medios privados pudiéramos seguir siendo independientes, auto sustentándonos? Cuando esa pregunta sea respondida, muchas responsabilidades deberán ser evacuadas.
(*) Emitido en Radio Mitre, el jueves 3 de abril de 2014.
