El Gobierno se encamina a un déficit fiscal récord. Tomando mediciones independientes, el déficit primario fue de 4% del PBI en 2015 y superaría 5% este año. El financiero pasaría de 5,2% a 7,1%. Pese al esfuerzo fiscal, la economía caería 2,5%. Para entender por qué no arranca la economía y el impulso fiscal no funciona es necesario incluir la dimensión distributiva en el análisis.
El Gobierno implementó un shock redistributivo aumentando la rentabilidad esperada de la inversión y las exportaciones. Redujo retenciones, mejoró ingresos de las petroleras y energéticas, podó subsidios, mejoró ingresos de la renta financiera (sólo en intereses de Lebacs recibirán 160 mil millones), bajó Ganancias y bienes personales y liberó la cuenta capital. Complementariamente, el ingreso del trabajo representado por la masa salarial total cayó. La baja en el salario real formal es del 7% y en los salarios no formales, cercana al 18%. Además, la masa salarial se redujo por la caída del empleo formal e informal.
Los sectores de ingresos bajos tuvieron una inflación mayor (48% para el decil más bajo contra 38,6% del decil más alto y 42,5% del promedio). Los trabajadores informales –el 27% del empleo– durante las crisis sólo recuperan parte de lo que ajustan los formalizados, y la desocupación crece allí más rápido.
Por qué la redistribución afecta a la macroeconomía es explicado por la teoría económica. Cuando se redistribuyen cien pesos de los asalariados a los perceptores de ganancias, rentas o salarios altos, el consumo cae en cien pesos y sube, supongamos, 75 pesos. Ese aumento del ahorro puede ir a aplicaciones locales o fugarse.
Asustado por el impacto electoral del experimento, el Gobierno buscó contrarrestar la insuficiencia de la demanda recurriendo a una receta presentada como keynesiana: aumentar el déficit fiscal, que se suma al mayor déficit de provincias. Para maximizar el efecto, financia el gasto en pesos con un endeudamiento externo en dólares récord, lo cual evita el crowding out del crédito privado, pero aprecia el tipo de cambio.
El problema es que la política expansiva de dejar crecer el déficit no ha tenido éxito porque también tiene un sesgo redistributivo: bajas de impuestos, mayores pagos de intereses de deuda y transferencias a empresas. Todavía no se vio el impacto de la reparación a las jubilaciones más altas y los aumentos en gasto social fueron menores a la inflación.
Por otro lado, inversión y exportaciones no respondieron compensatoriamente por varios motivos: la propia caída del consumo, capacidad ociosa al 35%, altas tasas para consumo e inversión, apreciación cambiaria, incentivos a la importación sustitutiva, precios de commodities con perspectiva bajista e incertidumbre sobre un probable ajuste en 2018. Todos elementos previos al efecto Trump.
Podemos extraer varias lecciones.
Si quienes eligieron la política cambiaria y monetaria pensaron que no generarían semejante inflación y recesión, erraron el diagnóstico. Si, en cambio, sabían que eran inevitables dada la opción elegida, erraron de política.
¿Cómo hubieran sido los resultados si, además de la política monetaria y cambiaria que provocó esta recesión, el Gobierno hubiera implementado una política fiscal restrictiva? Intuyendo la respuesta y habiendo probado una política monetaria de shock y una política fiscal gradualista, parece claro que el gradualismo monetario y fiscal y una política financiera agresiva era la combinación más adecuada para morigerar los costos de la recesión. En esta recesión tiene mayor protagonismo la redistribución del ingreso, y eso la hace menos comparable con las anteriores.
El Gobierno debería buscar mayor coherencia en sus políticas monetaria, cambiaria, fiscal y distributiva que permitan combinar sus objetivos de largo plazo con la transición de corto plazo.
*Universidad Nacional de La Plata. Ex jefe de Investigaciones Económicas del BCRA.
