Nuestro país viene teniendo problemas fuertes con la energía desde hace aproximadamente casi 10 años, pero el drama de la población con respecto a los valores de los servicios públicos comenzó desde que asumió la actual gestión, como consecuencia de sus anuncios de actualizar las tarifas de los mismos (luz y gas principalmente).
En cuanto a las tarifas de gas y luz, primeramente debemos entender que siempre nos compararon con los mismos servicios en otras partes del mundo y la región, sin entender que no todos los países viven de la misma forma -ya que sus ingresos son plenamente distintos-, y que los gastos se establecen en base a cada país.
Para terminar de entender esto, debemos saber que el 50% de la generación de la electricidad en nuestro país se efectúa con gas y que el gas es un recurso plenamente local en todas sus fases (explotación, transporte y distribución) y se desarrolla en moneda local. Para respaldar su accionar en cuanto a esos servicios, se toman de la Ley 24.072 del año 1992, que establece que debe tomarse para su facturación el “valor internacional del fluído”, es decir a valor dólar estadounidense; tengamos en cuenta que en el año ’92 nuestro país estaba sumido en el esquema económico de la Ley de Convertibilidad, que disponía la igualdad de 1 dólar estadounidense a 1 peso.
La gestión actual nunca entendió que en 2015 la relación de nuestra moneda con el dólar estadounidense era de 13 pesos por dólar y hoy es de 63 pesos por dólar, y en estos 4 años el incremento del gas por red sufrió incrementos por 3.557%, mientras que la electricidad fue de 1.284%. Todo esto generó grandísimos problemas en las economías familiares, que vieron reducido su nivel de consumo, y llevó a posteriori a la caída del consumo general como principal motor de la actividad económica nacional, dando como corolario la brutal recesión que sufre nuestro país desde 2018 a la fecha, poseyendo también niveles de inflación superiores al 300% en el cuatrienio 2015-2019.
Si en cambio esta gestión hubiera modificado la Ley 24.072 anteriormente mencionada, estableciendo que el valor del gas fuera a costo de producción más ganancias razonables en todos los componentes del proceso, se hubiera pesificado completamente el proceso de producción. En caso de pesificarse el proceso completo, el valor del gas, de acuerdo a estudios realizados por expertos en costos del sector de energía, se establecería en los $340 contra los $650 de pesificar la tarifa, lo cual llevaría el valor a la baja. Y como corolario de ser un componente de la electricidad, reduciría el costo en un 24% en relación con el actual.
Además de esta modificación a la Ley habría que incorporar en otro artículo que dichos servicios públicos, de acuerdo a los estándares de calidad de vida hoy, sean declarados “servicios públicos esenciales” por la facultad que otorga el artículo 42 de la Constitución Nacional, y brindar una mayor seguridad respecto a la situación económico-financiera familiar o nacional de un momento en particular, para prorrogar el corte de dichos servicios ofreciendo posibilidades de renegociar la deuda adquirida.
El único motivo por el cual esto no se realizó fue para poder otorgarles beneficios monstruosos a su grupo selecto de amigos y parientes, tal como nos estamos dando cuenta cada vez que surgen distintos elementos de prueba.
*Economista.
