Murieron las ideologías y aprendimos que no hay que decir más “clases sociales”. Se puede hablar de empresarios y de dirigentes. Hablemos entonces de la corrupción con las palabras del vocabulario permitido.
Antes, un episodio que me ocurrió durante la marcha organizada por los camioneros. Más de una docena de kirchneristas sueltos me preguntaron con agresiva ironía qué estaba haciendo yo en Belgrano y Bernardo de Irigoyen. Como les malicié la intención, les devolví la pregunta con otra: ¿qué pensaban ellos de las denuncias de corrupción que caían, como flechas de un western, sobre Cristina Fernández y sobre el propio Moyano, a quien estábamos escuchando? Me aleccionaron con una frase: el capitalismo es corrupto.
Esa respuesta mostraba no tanto una teoría del capitalismo, sino la hipocresía de quienes me increpaban. Algo de razón tenían. El capitalismo es corrupto en aquellos países donde el Estado es incapaz de sostener una Justicia y una policía independientes del poder del dinero. Nadie duda que Alemania es un país capitalista. Nadie diría que un alto porcentaje de sus dirigentes empresariales o políticos son corruptos. Obtendría un titular en cuerpo catástrofe que un dirigente del empresariado alemán embolsara millones por una patagónica ruta imaginaria. Es improbable un von Laskurain. Para no ir tan lejos: Uruguay o Chile no presentan los niveles de corrupción política, empresarial y sindical argentinos.
La corrupción de la que se acusa a Cristina Fernández proviene del uso del poder y del aparato del Estado. Los Kirchner no eran multimillonarios cuando llegaron, escapando de la dictadura, a Santa Cruz, en 1976. Se fueron convirtiendo en extrarricos, primero en la provincia y luego en la nación. Esa riqueza no puede justificarse separada del uso del Estado en su beneficio.
Los que votaron a Macri sintieron que les llegaba una brisa fresca y matinal. Macri ya era rico. Por lo tanto, lo protegía su plata y, como la poseía en grandes cantidades, no se tentaría en corromper Estado y gobierno. Equipado con un padre multimillonario, en cuyos negocios él había participado, nadie sugirió que hizo negociados en Boca Juniors. Como jefe de Gobierno de Buenos Aires, muchos legisladores de la Ciudad cuestionaban excepciones al código de edificación hechas para beneficiar emprendimientos de gente amiga. Por otra parte, como en un claroscuro, las presunciones de corrupción del gobierno kirchnerista lo envolvían en un halo que difuminaba anteriores sospechas sobre adjudicación de contratos, preguntas sobre sus actos durante los años 90 y otros pormenores biográficos. Llegaba una nueva época.
Lo que se acercaba, lo que hoy se ve, es de una uniformidad social desconocida. Los ministros de Macri no son políticos tradicionales. Con muy pocas excepciones, vienen de empresas, consultorías y fondos privados. En este paisaje idílico poblado de gente cool, de empresarios y gerentes dispuestos a perder plata por la patria, hay denuncias a algunos funcionarios y ministros. Luis Caputo, Gustavo Arribas, el renunciado Díaz Gilligan. Un episodio casi ridículo tocó a L.M. Etchevehere, actual ministro de Agroindustria, que llegó a serlo, en vuelo sin escalas, desde la presidencia de la Sociedad Rural, que le extendió un chequecito de despedida por los servicios prestados.
El propio Macri tuvo que sacarse de encima (con la ayuda de la Justicia) los Panamá Papers. Se trata siempre de pagos girados a cuentas en paraísos fiscales y de grandes transferencias ida y vuelta en esos mismos paraísos, distraídamente no declarados por sus dueños o testaferros cuando llegan al gobierno. No voy a entrar en la cuestión de si los ricos tienen esa costumbre, porque sería debatir con los hechos. La tienen. La cuestión que me parece importante es otra.
En todos los casos que fueron denunciados en el gobierno de Macri, hay una cualidad más o menos constante: son ricos y, por lo tanto, están habituados o necesitan depositar esas fortunas en paraísos. Por otra parte, miembros de las capas medias trataron y tratan de proteger sus ahorros en cuentas radicadas en el exterior; otros integrantes de las capas profesionales necesitan una de esas cuentas para recibir el pago de trabajos que realizan en el extranjero. Pero la cosa se pone negrísima cuando esos depósitos no han sido declarados ante la AFIP. Cuccioli, el nuevo jefe de la AFIP, que tiene toda su plata en el exterior, será el encargado de ver si gente como él la declara en la Argentina. Seguro que sí, porque Marcos Peña lo recontrabanca.
Pero ¿cómo llegamos a las clases sociales? Llegamos por el sencillo camino de los sinónimos: los empresarios tienen estrategias que responden a la conveniencia de sus fortunas y al éxito de sus empresas. Incluso cuando se pelean entre sí, están defendiendo lo suyo.
Si el lector no quiere llamar a esto una conducta de clase social, póngale hache. Las ciencias sociales están llenas de post-sinónimos. Lo que se destaca no es que los empresarios protejan sus bienes incluso embarcándolos en viajes por islas paradisíacas, sino que sea tan homogéneo socialmente el gobierno de Macri. No vamos a hablar de gran burguesía porque ya no se usa. Digamos empresarios, si les gusta más. Como siempre sucedió a lo largo de la historia del capitalismo, la burguesía tiene fracciones con intereses diferentes. Incluso algunas de esas fracciones pueden amigarse durante bastante tiempo con fracciones de la dirigencia sindical. Ejemplar fue la amistad (perdida) entre Moyano y Macri. Demuestra que entre un empresario constructor y un sindicalista pudo haber entendimiento, cuando son amigos y ninguno de los dos le revisa los papeles al otro.
Divergencias han existido siempre en el interior del empresariado, la gran burguesía o el nombre que se elija. Este sector o clase, con sus variadas fracciones, no está vacunado contra sus propios intereses.
Por eso, el ministro Francisco Cabrera ha criticado con fuerza a los renuentes empresarios, que se quejan todo el tiempo. Y a Macri le duele que sus hermanos de clase todavía no sehayan decidido a invertir fuerte, durante su gobierno, en su propia y querida patria.
