En Olivos, la Presidenta cursa su convalecencia sin ninguna complicación. Es una muy buena noticia. Nada de diarios, nada de noticieros, nada de problemas para Cristina Fernández de Kirchner, orden médica que sus hijos Florencia y Máximo se encargan de hacer cumplir a rajatabla. Por eso no se le informó sobre el nuevo accidente ferroviario ocurrido ayer en Once. Y estuvo bien que así haya sido. La ausencia pública de la jefa de Estado, unida al natural impacto que produjo su enfermedad, le ha reportado una mejoría a su imagen ante la opinión pública. Es una mejoría que le ha traído algún beneficio mínimo a Martín Insaurralde. El intendente de Lomas de Zamora y primer candidato a diputado nacional por el FpV en la provincia de Buenos Aires lucha a brazo partido para revertir un resultado que lo deja al kirchnerismo sin futuro de poder.
En realidad, la campaña se la ha cargado sobre sus espaldas Daniel Scioli. El gobernador bonaerense, hasta ayer nomás denostado por el kirchnerismo, está haciendo lo imposible por remontar una cuesta difícil. Y ahí va, entonces, de inauguración en inauguración de muchas obras ya inauguradas y de anuncios y promesas, algunas de ellas de dudosa concreción. Así, Scioli ha pasado de ser un traidor vapuleado desde el círculo áulico que rodea a la Presidenta a un leal de toda la vida. Nunca más cierto aquello de que la necesidad tiene cara de hereje.
En este derrotero de una campaña tan pobre como tantas otras del pasado, el gobernador no ha dudado en adherir al sistema de premios y castigos que el kirchnerismo usa con quienes no le son adictos. Eso es lo que se está viendo, por ejemplo, con la distribución del personal de Gendarmería asignado a realizar tareas de policía. Para los municipios K hay mucho; para los otros, la nada misma.
En el medio de esta lucha apareció el video de Juan Cabandié del que ya no se sabe cuántas versiones hay. Atravesados por ese fárrago del vale todo, lo que sí se sabe es que hay cuatro hechos ciertos: la frase “yo me banqué la dictadura” pronunciada por el legislador porteño como estandarte de un pretendido escudo de indemnidad –la palabra justa es impunidad– según el cual en nombre de ello la persona se siente con derecho a estar por arriba de todo y de todos; la utilización de la palabra “correctivo” para sancionar a la agente municipal que estaba cumpliendo su trabajo, concepto que retrotrae al lenguaje siniestro de la dictadura; el llamado a Martín Insaurralde, primero negado, en busca de una protección de privilegio; y el hecho de que a la agente Belén Mosquera la echaron.
En el Gobierno se enojan porque es evidente que quien acercó el video a los medios lo hizo con la intención de dañar la candidatura de Cabandié y complicar, a la vez, la de Daniel Filmus. ¿No hizo el Gobierno lo mismo con Francisco De Narváez en la campaña de 2009 con una denuncia por medio de la cual intentó vincularlo a la ruta de la efedrina y al triple crimen de General Rodríguez? La diferencia es que en el caso de De Narváez la denuncia resultó ser falsa mientras que en el caso de Cabandié, el hecho existió. Y ahí está el problema para el kirchnerismo.
El accidente en la estación de Once desnudó otra vez el estado de precariedad de los ferrocarriles. Como siempre, el oficialismo ha salido a victimizarse y a culpar a otros. Otra vez, pues, se ha desempolvado la hipótesis del complot. Lo que no llega a comprender el Gobierno es que el deterioro del servicio es una penuria que los pasajeros padecen todos los días. Según narraron varios pasajeros, el tren que ayer siguió su marcha venía teniendo problemas de frenado en varias estaciones. ¿Nadie avisó de esto? Por otra parte, y siguiendo la teoría conspirativa oficial, cabe preguntarse si el Sarmiento está tomado por un grupo de maquinistas suicidas a los que el Gobierno no puede controlar o es que está copado por un grupo de saboteadores que se mueven impunemente por sus talleres sin que nadie los pueda identificar. ¿No será, tal vez, que muchos de los anuncios de mejoras en el Sarmiento son un bluf?
Otro hecho grave de la hora estuvo dado por el atentado que sufrió en su casa el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti. Le tiraron a matar y, de hecho, lo pudieron haber asesinado. El origen de este acto propio de sicarios es uno: el narcotráfico. A los pocos días apareció una amenaza contra la vida del mandatario provincial. Si a este episodio le sumamos el hecho que se produjo en Córdoba, con el desbaratamiento aún en curso de investigación de una red de narcopolicías, tendremos la idea cabal e inquietante del avance vertiginoso del narcotráfico. La reacción del gobierno nacional, intentando utilizar el atentado para dañar la imagen de Bonfatti, ha sido la peor posible. Parece mentira que no haya desde la Casa Rosada una comprensión de la dimensión de este problema, que exige un trabajo codo a codo y sin fisuras de toda la dirigencia política. Es esta una cuestión primordial que debería generar políticas de Estado consensuadas y sostenidas. Si esto no se logra, nuestro país corre el riego serio de quedar a merced de estas bandas de mercenarios y sicarios. Es lo que ya ocurre en varios lugares en los que la ausencia del Estado es creciente, y como tal, ominosa. No hace falta irse lejos para comprobarlo.
Basta escuchar los testimonios de los curas villeros que, con sus conductas heroicas y en soledad, son el único freno al accionar de esas bandas que se saben impunes y que, de prosperar, harán de la Argentina un lugar invivible.
¿Tan difícil es darse cuenta de ello?
Producción periodística: Guido Baistrocchi.
