Las campañas electorales tienen hilos conductores en común, pero van variando cada dos años por temáticas que parecen copar el discurso y los argumentos. En la de este año, hay propuestas que, si bien no bajan del enunciado, en su aplicación chocan contra lo defendido como verdad revelada en la praxis política.
Hay que cambiar planes por trabajo, es el eslógan del momento. Un raro consenso que unen a oficialismo y oposición, que probablemente se basa en la evidencia de que la asistencia del Estado sirve como medida de emergencia para eludir la indigencia, pero de ninguna manera para salir de la pobreza. Casi una tautología ya que la naturaleza de la ayuda de emergencia es justamente para una situación pasajera y para un reducido grupo de personas que está en esa situación. A casi dos décadas de generalizarse su utilización por la expansión del trabajo precario, la informalidad o la caída de la demanda laboral, lo que anticipaba la teoría ahora se viste de una consigna electoral. Es claro que si casi la mitad de la población económicamente activa que hoy está desempleada, subempleada o realizando tareas de manera precaria tuvieran un trabajo formal el porcentaje de pobres no sería el mismo. De golpe, generar empleo parece ser la solución.
Los disensos sí que aparecen cuando hay que proponer cómo alcanzar lo que la experiencia reciente mostró como una verdad inapelable. Allí se dividen aguas: en el espacio libertario se propone amputar 15% del PBI del gasto público total, para bajar 10% del PBI la presión fiscal y así estimular la creación de puestos de trabajo. La oposición crítica se refiere a una quita gradual de las trabas regulatorias y tributarias (al menos para los nuevos puestos a crearse) para que de a poco toda la economía pase a revistar en las filas de una nueva normalidad. El oficialismo también admite que la proliferación de planes sociales es insostenible y la solución está en crear cientos de miles de nuevos empleos, pero ponen el peso de la responsabilidad en planes de empleo y formalizar las economías populares. Hay que reconocer que es bienvenido este debate, pero es lamentable que se precise una década de estancamiento para intentar consensuar lo inevitable. Un precio demasiado caro y una lección para los problemas que aparecerán.
Por ejemplo, también aparece la financiación de las Pymes como una necesidad vinculada con el desarrollo. Generadoras de la mayor parte del empleo privado, no cuentan a la hora de la distribución del crédito. Ahora que endeudarse externamente para el Estado padece de cancelación, hay luz verde a contraer créditos en el mercado interno. Esto haría subir la tasa de interés y practicaría lo que en economía se conoce como “exclusión”: la parte pública reemplaza a la privada en el destino de los pocos ahorros que hoy genera la población argentina. Una contradicción en sus términos que, probablemente, precise de otro debate cortoplacista electoral para aclararse.
Por último, el otro concepto en el que parecen converger unos y otros es el del aliento a las exportaciones para poder acceder a las divisas que, sin acceso al mercado de crédito voluntario, es la única forma de financiar importaciones que hoy están en un mínimo y empezar a quitar la maraña de cepos y trabas burocráticas. El propio presidente del Banco Central reconoció que es la única vía que ve para hacerlo.
Cabe aclarar que es el mismo equipo económico que abrazó la multiplicidad de tipos de cambio (un virtual impuesto a las exportaciones de bienes y sobre todo de servicios de la economía del conocimiento) y las prohibiciones temporarias (debidamente prorrogadas) en la exportación de carne, por ejemplo.
Ganar nuevos mercados o conseguir mejores condiciones comerciales requiere, sobre todo, de un trabajo constante enfocado en hacer más competitivas las exportaciones, que no es el inicio sino el inicio de una cadena productiva que agregue valor y no ineficiencias y lastres impositivos. Hay mucho por hacer, pero la enumeración de estos consensos mínimos es necesaria. Sin embargo, para nada resulta suficiente.
