El despido de 354 empleados de la Agencia Télam ha despertado una fuerte reacción en medios y pensadores de la realidad argentina. Se trata de una noticia desagradable que despierta preocupación y llama a la solidaridad; lo que no debiera impedir revisar su relación con nuestra forma de resolver el tema del empleo.
El Estado es la herramienta más valiosa que tiene la sociedad para garantizar la libertad y el bienestar material de todos, sin exclusiones. Puesto en manos de la clase política por los ciudadanos, ese Estado debe garantizar los derechos y obligaciones de cada uno, frente a los demás y frente al mismo Estado; así como crear las condiciones para la producción de riqueza que debe ser distribuida equitativamente.
Pero salvo excepciones, nuestra historia muestra que desde hace décadas la clase política está lejos de cumplir dignamente esos mandatos. En particular la de crear las condiciones necesarias para que se produzca riqueza y empleos genuinos: luego de más de tres décadas de democracia ininterrumpida nos encontramos con alrededor del 30% de pobres y una falta de empleo que es atendido por planes sociales y empleo público.
Es en este escenario donde cobran sentido situaciones como las de la Agencia Télam, que se repite en muchas otras dependencias con un número mucho mayor de empleados, de gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Télam es una agencia que casi duplicó su personal entre 2003 y 2015 para realizar las mismas funciones; lo que permite un ausentismo superior al 30%; cuesta más de 2 millones de pesos por día; y pagó por los despidos una indemnización de unos 370 millones de pesos; dinero que podría ser destinado a otros servicios como salud y educación.
En cuanto al desempeño de la clase política, su defecto en lo relativo al reclutamiento de las personas para cumplir las diferentes funciones del Estado se manifiesta en la no creación de una burocracia de sólidos conocimientos técnicos, ajustada en su número a las verdaderas necesidades funcionales del mismo, reclutada por concurso, y con estabilidad mientras se mantengan las funciones para cuya atención fueron convocados, y su buen desempeño. En lugar de ello se utiliza el Estado para colocar a parientes, amigos, y militantes, con lo que no solo defrauda a sus representados, sino que además entorpece el cumplimiento de sus funciones al multiplicar innecesariamente los trámites en aras de justificar ese gran número de empleados.
Frente a esas aberraciones, y ante cualquier intento de reducirlas, aparecen voces progresistas que con ese infantilismo que tanto preocupaba a Lenin, ponen en un mismo plano al Estado y las empresas privadas. Defienden la sindicalización de los servidores públicos para que luchen por mayores ingresos y mejores condiciones de trabajo, pese a los muchos privilegios que ya le fueron otorgados por el Estatuto del empleado público; así como el derecho de huelga que paraliza al Estado en su función de prestar los servicios más esenciales. Se oponen también a que se dé por finalizada esa relación aun cuando se deba a que la función pasa a requerir menos personal.
La empresa privada contrata fuerza de trabajo con fines de lucro, obteniendo ganancias fruto del esfuerzo de sus trabajadores, y al romperse la relación contractual sin causa justificada debe indemnizarlos sacrificando parte de la plusvalía que obtuvo de la misma. El Estado en cambio no tiene fines de lucro; no genera plusvalía, y tanto la contratación como la permanencia de empleados, que apuntan solo a prestar servicios a los ciudadanos, deben guardar estricta relación con las necesidades de una buena prestación de esos servicios. El desempleo debe atenderse con la creación de trabajo genuino y en la emergencia con seguro al desempleo o planes sociales.
Tratar al Estado como a una empresa privada no es revolucionario ni progresista; se parece bastante a un rechazo propio del anarquismo.
*Sociólogo.
