El anuncio sobre el retiro de los efectivos de la Policía Federal que prestaban servicios adicionales en distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad colocó nuevamente al tope de la atención los contrapuntos y desavenencias que en la materia vienen arrastrando el Gobierno nacional y el porteño. No obstante, el acalorado debate político y mediático se perdió en las aristas particulares sin ir al meollo de la cuestión.
En efecto, discutir si un policía federal –que es pagado por los porteños pero también por los fueguinos, salteños y riojanos– debe cuidar el CGPC de Palermo, o si la Policía Metropolitana es la más indicada para tales tareas, es discutir sobre aristas particulares del problema que eluden el fondo de la cuestión. El punto central es de raíz político-institucional, antes que policial o penal.
Como recientemente se ha explicado en este espacio, Buenos Aires no sólo es la ciudad de los porteños sino también la capital de la Nación. Esta doble condición impone a los dos gobiernos que cohabitan sobre esta ciudad el irrevocable mandato de coordinar políticas y complementarse. Como dos países limítrofes que están inexorablemente destinados a relacionarse por el simple hecho de que siempre uno estará contiguo al otro, el Gobierno nacional y el porteño tienen idéntico mandato. Y de todas las áreas que requieren coordinación y complementación, la seguridad es la que mayor exigencia presenta, pues aquí los costos de los desajustes se cuentan en la calle.
Así, ni se le puede negar una policía propia al Gobierno porteño para cumplir con sus propias obligaciones y funciones, ni se le puede arrebatar –en la Ciudad donde residen los poderes federales– la Policía Federal al Gobierno nacional, condenándolo a ser “huésped” del poder local como en los tiempos del presidente Nicolás Avellaneda y el gobernador Carlos Tejedor.
En esta inteligencia, la clave simple y, a la vez, contundente para lograr la mentada coordinación y complementación es la clara asignación de responsabilidades (competencias). Este es el punto central. ¿Cuál es el modelo al que se apunta de asignación de responsabilidades de seguridad entre el Gobierno nacional y el porteño? ¿A qué debería dedicarse el Gobierno de la Ciudad y a qué el Gobierno federal? ¿En qué debe emplearse una policía local, para hacer qué?, y en función de ello: ¿cuál es la organización, funcionamiento y despliegue derivado de su competencia? ¿Cuál es el proceso adecuado para llegar a ese modelo, teniendo en cuenta los tiempos y los recursos disponibles? ¿Qué ejemplos internacionales pueden aprovecharse de coordinación de competencias en una misma jurisdicción?
Desde que en el 2007 se modificó la “ley Cafiero” para permitir al Gobierno de la Ciudad organizar un cuerpo policial propio, lo primero que debería haberse ensayado es una respuesta adecuada a aquellos interrogantes, pues estas ordenarían las restantes.
Desde la perspectiva de la Ciudad, ello comportaba concentrarse en todas aquellas cuestiones estrictamente locales, tipificadas como faltas, contravenciones y delitos menores, de modo que caigan bajo la competencia de los policías, fiscales, jueces y procedimientos locales.
Esta definición hubiese llevado a planificar desde el inicio, con aquel mandato, el modelo de organización policial, el perfil de sus oficiales, el programa de reclutamiento y selección, el plan de formación y re-entrenamiento, el equipamiento y la tecnología requeridos para su funcionamiento, el despliegue y los medios materiales necesarios, etc. Definir para qué quiero una Policía Metropolitana lleva a definir su tipo de organización, funcionamiento y despliegue. Y como esto lleva tiempo, vemos la importancia de las decisiones políticas: ahorran tiempo y recursos cuando son adecuadas; generan costos en tiempo y recursos cuando son equivocadas.
En lugar de ello, la Policía Metropolitana nació con un “pecado original”. En vez de planificarse como una policía local empleada para la prevención de faltas, contravenciones y delitos transferidos (y a transferir), buscó presentarse en sociedad como la contracara “buena” de la Policía Federal. En lugar de complementarse, buscó diferenciarse y competir. El perfil de los oficiales reclutados –vgr. el primer jefe de Policía y los mandos medios–, las tareas asignadas –vgr. procedimientos por el delito (federal) de droga–, el equipamiento comprado, la organización –vgr. se dispone de una unidad táctica de asalto–, el despliegue –vgr. paradas fijas en zonas gastronómicas o recorridos en corredores turísticos–, entre otros aspectos, confirman lo dicho. Así, se advirtió la oportunidad política de mostrar que en la Metropolitana –a diferencia de la Federal– se invierte en tecnología, a los policías se les paga un buen sueldo y se los capacita, no se les permite hacer servicio adicional, etc., vale decir: se los conduce con “criterios modernos y sin prejuicios ideológicos”. En el fondo, un experimento con objetivos político-electorales.
La medida del Ministerio de Seguridad nacional de suspender el servicio de policía adicional al Gobierno de la Ciudad desnudó, brutalmente, las serias inconsistencias y falencias de la política de seguridad porteña. Tres años y medio de gestión es un tiempo suficiente para prever, planificar y ejecutar las acciones que permitan ir organizando una fuerza policial orientada a las cuestiones propiamente locales, y un servicio que de seguridad al personal porteño y custodie las dependencias que lo requieran. No resulta apropiado requerirle a un policía federal que trabaje 16 horas ininterrumpidas para hacer un adicional en una dependencia porteña mientras un metropolitano “ayuda a cruzar la calle a una abuelita” en una acción de proximidad.
Ahora bien, también es cierto que la exigencia de coordinación y armonía de acciones es para ambos gobiernos. Y este buen talante debe darse en el marco de un plan de coordinación y complementación para la Ciudad. En materia de seguridad, como en tantas otras, una buena medida puede resultar inconveniente si no se da en el contexto adecuado. Abordar uno de los aspectos más nefastos del funcionamiento policial actual –los servicios adicionales– requiere que se haga contemplando todos los aspectos involucrados y previendo todos los escenarios de su ejecución.
Es con este sentido de responsabilidad institucional que ambas partes deben hacerse cargo del inexorable mandato de coordinar y complementarse. Desde el ámbito porteño, y en el marco de un plan general, debería solicitarse la colaboración de las fuerzas federales luego de haber agotado todos sus recursos en sus propias obligaciones (dependencias propias, faltas, contravenciones y delitos transferidos) y presentando un cronograma detallado de incorporación de nuevos recursos. Así podrá redimir a la Policía Metropolitana de su “pecado original”, coordinando y complementando con la Federal.
Las cuestiones de seguridad versan sobre la protección de la vida, la libertad, el patrimonio de las personas y el resguardo del orden público, esto es, cuestiones extremadamente sensibles para la vida en comunidad. De allí que someterlas a experimentos político-electorales –además de adolecer del mínimo sentido de responsabilidad– resulta temerario por la naturaleza de lo que se pone en juego.
*Politólogo. Fue ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
