¡¡Je Suis Panamá!!, versaban las pancartas de varios hombres ricos, políticos y deportistas de la portada de la edición de esta semana de la revista Charlie Hebdo, cuyo título fue “Terrorismo fiscal”. Posiblemente si hubiera un lugar físico donde se pudieran concentrar todos los afectados por la explosiva noticia conocida como Panamá Papers, dicha caricatura podría convertirse en realidad.
Tal investigación periodística, la cual habría accedido a información de más de 210 mil sociedades y 11 millones de archivos, hecha pública por la International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mediante una operación mediática inusitada, puso en cuestionamiento la legalidad del uso de las sociedades off-shore como instrumento jurídico para realizar negocios. En tal sentido este acontecimiento nos invita a reflexionar sobre tal cuestión.
Las sociedades de ese tipo, las cuales se forman para operar en jurisdicciones diferentes a las de su constitución, son legales en sí mismas dependiendo de cómo y para qué se utilicen. No debemos justificar un uso inadecuado de ellas, pero tampoco prejuzgar a quienes sacan rédito de sus beneficios si lo hacen en un marco de legalidad y transparencia.
Los beneficios más comunes, entre otros, son: impositivos, producto de las excepciones que ofrecen y que en general permiten evitar dobles imposiciones para una misma renta; protección patrimonial frente a posibles contingencias legales o de otro tipo más aún cuando los titulares de dicho patrimonio residen en jurisdicciones con poca seguridad jurídica y con historias de embargos y confiscaciones por parte del propio Estado; facilidad, resguardo y reducción de costos en procesos sucesorios, etc.
De hecho, habría que preguntarse dónde está domiciliada la gran mayoría de las cien principales empresas que cotizan en Nueva York o cuántas subsidiarias offshore poseen las que integran similar ranking pero de la bolsa de Londres. Las respuestas a esas cuestiones nos demuestran que la élite del mundo de los negocios internacionales hace uso también de las ventajas que ofrecen estos instrumentos.
En cuanto a los maleficios, siempre está la tan mentada posibilidad de evitar declarar la verdadera identidad del beneficiario final, y, por ende, ocultar la tenencia de activos que pueden tener un origen delictivo o que, aun teniendo un origen legal, se pretende no tributar lo que corresponde. En este marco, las estructuras con acciones al portador son las más apetecibles para tal fin, más allá de que sean una especie en extinción. De hecho, Panamá logró salir de la lista gris del GAFI, en parte por eliminarlas de su legislación transformándolas en nominativas.
Entorno internacional. Lo antedicho no puede ocultar que a nivel mundial hay muchos países que poseen un alto porcentaje de sus economías en la informalidad y otros que, aun sin tener dichos guarismos muy elevados, son generadores de grandes sumas de dinero proveniente de la evasión fiscal.
Acorde con información pública de la ONG Tax Justice Network del Reino Unido, el flujo anual de dinero de evasión fiscal es de aproximadamente 3,5 billones de dólares (millones de millones), cuantía que se aproxima al 5% del PBI mundial. Alrededor del 65% de dicho flujo lo aportan un Top 10 de países constituidos por los del G7, excluyendo Canadá, más China, Rusia, España y Brasil.
Asimismo, según dicha organización, ese flujo alimenta de forma permanente un stock de activos financieros no declarados, hoy administrados vía los denominados paraísos fiscales, que podría llegar a 35 billones de dólares. Es decir que podríamos sostener que la cuantía nominal de dinero proveniente de evasión rondaría entre 40% y 50% del PBI mundial.
Semejante realidad nos obliga a preguntar ¿dónde está ese dinero?, ¿estará invertido en los mercados de capitales internacionales en activos financieros preferentemente de bajo riesgo y buena rentabilidad, al igual que los originados por los países desarrollados?
En esa línea, si analizamos el nivel de endeudamiento del sector público más el sector privado de dicho Top 10 de países, podremos observar, conforme a cifras del Banco Mundial, que la sumatoria supera los 110 billones de dólares, es decir, alrededor de 1,4 veces el PBI mundial. ¿Cómo se financia semejante endeudamiento? ¿Será quizás que dichos flujos de evasión terminan financiando parte de los déficit fiscales de los países desarrollados o las buenas condiciones de vida de sus habitantes?
Hacia un blanqueo global. Tal paradoja demuestra que no sobran quienes tengan la autoridad moral suficiente para imputar en forma quizás discriminatoria el presunto comportamiento de una jurisdicción por ser atractiva para la constitución de sociedades en las más diversas plazas a nivel mundial.
No obstante, todo esto nos debe servir para afianzar la tendencia de una mayor transparencia fiscal global por medio de la adopción de estándares como los promovidos por la OCDE, tal es el caso del procedimiento automático de intercambio de información financiera bajo un esquema de reciprocidad al cual ya adhirieron más de cien países y cuyo inicio está previsto para 2017.
Asimismo reflexionar acerca de la conveniencia de establecer un estándar homogéneo para la implementación de un blanqueo global a efectos de que sólo quienes puedan demostrar que poseen activos de origen legal, pero no declarados, puedan exteriorizarlos beneficiando a sus fiscos. Ya son más de veinticinco países, muchos del mundo desarrollado, que han implementado estas herramientas para paliar el profundo desequilibrio macroeconómico que dejó como saldo la crisis de 2009.
Creo que nuestro país no debiera resignarse a implementar una alternativa de esta naturaleza sin repetir los fracasos del pasado reciente. No sólo dando confianza a quienes vayan a exteriorizar y a los que intermedien en la operación, sino que tomando todos los recaudos necesarios para que tal procedimiento impida que el crimen organizado, en particular el narcotráfico, pueda infiltrar sus dañinas ganancias en nuestra economía, afectando así a nuestro orden institucional y por ende el Estado de derecho.
Más allá de los efectos positivos, apelamos a la prudencia a la hora de hacer públicos estos acontecimientos ya que de lo contrario se podría llegar a instalar innecesariamente una suerte de terrorismo fiscal mundial que puede incluso desestabilizar a los mercados financieros internacionales o de alguna jurisdicción en particular.
