sábado 25 de septiembre de 2021
COLUMNISTAS de la bicameral a formosa
06-03-2021 23:06
06-03-2021 23:06

Tiempo de revanchas

El Presidente, profesor de Derecho, y la vice, una exitosa abogada, cargaron contra el Poder Judicial.

06-03-2021 23:06

Mas nafta para avivar el fuego. El alegato de Cristina Kirchner en la causa dólar futuro transitó el camino por donde ella se siente más cómoda: una escenificación televisiva adecuadamente producida, el uso del despacho de la presidencia del Senado, una gestualidad ampulosa y un discurso de barricada de fuerte contenido político que le sirvió para invertir los roles y pasar de acusada a acusadora. Hizo acordar a los Aló Presidente con que fatigó la cadena de radio y televisión durante sus mandatos. Arremetió contra el Poder Judicial, lo vinculó a operaciones políticas para favorecer la elección de Mauricio Macri, volvió a hablar de lawfare y dejó en claro que usará todo su poder para ir tras ellos. Todo apenas 72 horas después de que el presidente Alberto Fernández pronunciara su discurso ante la Asamblea Legislativa con un tono muy similar. “Ella aprovechó la situación y profundizó a su manera algunos de los puntos enunciados por el Presidente. Después salieron los duros a exacerbar los ánimos y no se habló de otra cosa que de supuestos embates a la Justicia”, dicen en Balcarce 50.

A esta altura de los hechos, ya no es creíble la idea de que el Presidente es una víctima de su vice. Es más, el discurso de Alberto Fernández también estuvo teñido de revanchas personales. “Tenía la necesidad de devolver alguno de los golpes que viene recibiendo de la oposición desde que se desató el escándalo del vacunatorio vip. Fue un mensaje hacia adentro y hacia afuera del Frente de Todos”, señalan en su entorno.

El Presidente sintió la necesidad de hacer saber que la reforma judicial, que incluye la reforma del Ministerio Público Fiscal, es una idea suya. Pero cuando aparecieron CFK y sus secuaces –Oscar Parrilli siempre está a la cabeza– con sus exabruptos y disparates, esa pretensión se esfumó. Tanto que obligó a la ministra de Justicia, Marcela Losardo –a la que el kirchnerismo quiere echar desde siempre– a aclarar que una comisión bicameral para analizar el comportamiento de los jueces es absolutamente inconstitucional.    

El reto a Parrilli y el silencio de Massa. Mientras ardía la discusión por la constitución y la viabilidad o no de la bicameral para “supervisar” –controlar– la tarea de los jueces, el silencio de Sergio Massa fue una constante. El presidente de la Cámara de Diputados sabe perfectamente que, cuando termine la pirotecnia verbal, deberán recurrir a él para cualquier iniciativa dentro de su ámbito. Dejó que Oscar Parrilli se fuera de boca y esperó su momento. Ese momento llegará este lunes cuando se reúna con el Presidente. Parrilli no solo se metió en terreno de Massa al resaltar que “el Presidente pidió una comisión bicameral que investigue a la Justicia” sino que expresó sin eufemismos los deseos de su jefa. En Casa Rosada se sostenía que CFK estaba furiosa con Parrilli a quien retó y mandó callar. Habrá sido un enojo por haberle quitado protagonismo en su proyectado día de furia. Según se explica desde el oficialismo, la razón de ser de la bicameral es llamar a audiencias públicas para transparentar y generar mecanismos de celeridad en la Justicia. La idea es colocar allí para que ejerza la presidencia a alguna figura que tenga el consenso de la mayoría. El nombre en el que se piensa por estas horas es el de Graciela Camaño.

Nada de esto está contemplado en la Constitución Nacional. El profesor de Derecho –¿es aún profesor o ya no lo es?– Alberto Fernández debería saberlo; la “exitosa abogada” Cristina Fernández de Kirchner, también.  

Mientras tanto los problemas de la gente. En su discurso del lunes el primer mandatario intentó –una vez más– encapsular el escándalo del vacunagate haciendo alusión a su decisión de pedirle la renuncia a Ginés González García. Los hechos, sin embargo, lo desmienten. La realidad vuelve a chocar contra la frialdad del relato. La vacunación en la provincia de Buenos Aires sigue con rumbo incierto y de manera poco profesional. “A mi madre la vacunaron en la escuela situada en las calles 7 y 609 en las afueras de la ciudad de La Plata. El operativo era llevado adelante por chicos muy jovencitos de La Cámpora. Todos los vacunados deben permanecer en el lugar unos 30 minutos por precaución luego de ser inoculados. Pero si algo ocurría, no había personal capacitado ni una ambulancia para actuar en caso de emergencia” –se quejó una reconocida médica de la capital provincial–.

La radiografía en el resto del país no es muy distinta. El último escándalo de vacunados vip sacudió a la política de Tucumán. Está claro que todos saben que no será el último. El subregistro en los asientos de las dosis aplicadas es un problema nacional que facilita el clientelismo y el uso político de un instrumento vital. Esto venía sucediendo desde mucho antes de la pandemia del Coronavirus. Si en los principales hospitales nacionales y provinciales –algunos de renombre internacional– los registros son deficientes se puede deducir fácilmente lo que sucede en los rincones más alejados del país.

Formosa. Lo que está sucediendo allí es un hito. Llega un día en que el abuso de poder en todas sus formas, tal como lo viene implementando Gildo Insfrán a lo largo de sus más de 25 años al frente de la gobernación, agota la paciencia de la ciudadanía.

Una anécdota ilustra a la perfección lo que representa en los hechos la barbarie de ese régimen. Quien esto escribe estuvo en Formosa por última vez en 2002. Al llegar al hotel y registrarme, el gerente se apersonó y lo que dijo fue impactante: “Discúlpeme, no puedo alojarlo porque, por orden del gobernador, cuando se aloja un periodista tenemos la obligación de comunicárselo a la jefatura de la policía de la provincia”. Esto –que le sucedió y aún sucede– a varios colegas es la norma. Es decir, la existencia de un Estado policial y persecutorio. Una persecución brutal y violatoria de los Derechos Humanos.

El lamentable comunicado firmado por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla –en el que intenta desviar la responsabilidad de los hechos a los medios de comunicación y a la oposición junto a su desinterés por poner límite a tanta barbarie–, debería ser causa suficiente para que el Presidente le pidiera la renuncia.  

Formosa es la Venezuela de la Argentina. ¿Será la única?

Producción periodística: Santiago Serra

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