Sin lugar a dudas, la Asignación Universal por Hijo (AUH) es la política pública más relevante de la última década orientada específicamente a la infancia. Según la Anses, la AUH alcanza una cobertura de 3,4 millones de niños, niñas y adolescentes y 1,8 millones de familias. Según estudios propios, la AUH tuvo efectos positivos en la pobreza extrema, en la inseguridad alimentaria, en la escolarización y en la merma del trabajo infantil. Los efectos fueron diferenciales en cada uno de estos indicadores y en tal sentido revelaron cómo las transferencias monetarias, aun cuando tienen condicionalidades, se revelan insuficientes para garantizar la plena escolarización y para erradicar el hambre, la pobreza extrema y el trabajo infantil.
En reiteradas ocasiones se ha dado cuenta de los progresos sociales de la última década en el reconocimiento de derechos sociales de la infancia y de las mejores estructuras de oportunidades en el campo de la salud y la educación. No obstante, en condiciones de desaceleración de la economía del país, estancamiento en la creación de empleo y un sostenido proceso inflacionario, cabe preguntarse sobre la situación de las infancias con el objetivo de alertar sobre las situaciones más críticas, invitar a la reflexión y orientar políticas públicas presentes y futuras.
Se estima que en el cuarto trimestre de 2014, un 26,5% de los adolescentes registraba una situación de déficit educativo (20,4% por sobre-edad y 6,5% por no asistir a la escuela); un 8,4% de la infancia entre 0 y 17 años experimentaba situaciones de inseguridad alimentaria graves, 9,5% vivía en hogares en situación de indigencia económica y 12,4% entre los 5 y 17 años trabajaba (3,8% entre los 5 y 15 años trabajaba y tenía déficit educativo).
Existe amplio consenso en torno a que la infancia es una de las poblaciones más vulnerables a los ciclos económicos recesivos, dado que estos no sólo afectan las estrategias de sobrevivencia de los hogares donde se concentra de modo mayoritario, sino que adicionalmente se ven empobrecidas las estructuras de oportunidades como consecuencia de una menor inversión de los Estados en educación, salud, infraestructura pública, entre otros servicios de gestión pública imprescindibles para el efectivo ejercicio de derechos en la niñez y adolescencia.
En tal sentido, los efectos que pueden tener las crisis socioeconómicas sobre el desarrollo humano y social de las infancias son de difícil reversión. Efectivamente, cuando se experimentan graves privaciones físicas y emocionales durante la niñez y adolescencia se producen marcas que difícilmente puedan ser revertidas en momentos más prósperos de las sociedades. Nos referimos a las secuelas en el desarrollo neuronal como consecuencia de la falta de una adecuada nutrición física y emocional durante los primeros años de vida, a los efectos negativos directos sobre la salud del niño/a cuando se vive en un medio ambiente contaminante o sin condiciones adecuadas de saneamiento, y sus consecuencias indirectas sobre su capacidad de aprendizaje e integración social.
Entonces parece imprescindible en momentos de crisis económica incrementar y fortalecer las estrategias de protección social en áreas clave del desarrollo humano y social de la infancia y adolescencia. Si bien las políticas de expansión de los ingresos son ineludibles, éstas son insuficientes e incapaces de suplir a las acciones de los Estados en el mejoramiento del espacio de hábitat, la atención de la salud, la educación, entre otras tantas dimensiones de derechos esenciales al desarrollo integral del/de la niño/a.
*Coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
