Se cumple en estos días un año de la muerte política violenta más importante de este período democrático iniciado en 1983. Me refiero obviamente a la de mi colega Alberto Nisman.
Ese día no sabíamos que se iniciaba un año en el que pasarían muchas cosas importantes para nuestro país. De las buenas y de las otras.
No sabíamos que el gobierno de entonces, denunciado por Nisman bajo la hipótesis de encubrir el peor atentado terrorista sufrido por la Argentina, iba a encarar una feroz campaña con tintes éticos contra el fiscal intentando que los ciudadanos no les dieran crédito a los gravísimos hechos incluidos en su denuncia.
Además de que la propia ex presidenta asumió esa tarea, a la que dedicó varias cadenas nacionales, fue el ex jefe de Gabinete el que casi la monopolizó. Paradojas de esas tantas cosas que ocurrieron en 2015, se trata de quien ahora resulta severamente cuestionado por su posible vinculación con graves hechos que siguen saliendo a la luz.
Asistimos también a la celeridad con que algunos integrantes de la Justicia archivaron la denuncia de Nisman utilizando artilugios leguleyos de los que no teníamos precedentes.
También nos tocó observar absortos cómo otros colegas “militantes” se apuraron a involucrar a la madre y a la hermana de Nisman con cuentas en el exterior (el voto del juez Farah en la nulidad planteada en esa causa da cuenta expresamente).
El año 2015 terminó con la asunción de un nuevo gobierno que prontamente planteó otro escenario en este tema, con su política sobre la inconstitucionalidad del pacto con Irán, el nombramiento de Mario Cimadevilla en la unidad de la AMIA dependiente del Ministerio de Justicia, y ahora el levantamiento del secreto para que declaren los agentes de la ex SIDE.
Es de esperar que esa impronta se derrame en todas estas investigaciones judiciales, desde la del atentado a la AMIA, pasando por la denuncia de Nisman y la de su propia muerte.
*Fiscal general.
