La “democratización de la Justicia” es el avance más concreto que ha realizado este gobierno sobre los derechos de la gente.
Fuera de los tecnicismos y las múltiples explicaciones teóricas que puedan plantearse, esa será la consecuencia más grave que se producirá una vez aprobado este proyecto.
En otras palabras: la “democratización de la Justicia” es la demostración más acabada de que para el kirchnerismo los derechos individuales deben ceder ante el interés del Estado.
Lo explicó hace pocos días la diputada Diana Conti al proclamar, en una de sus expresiones de espíritu republicano, que “en las democracias, las mayorías gobiernan en los tres poderes”.
Bajo esa premisa, el Gobierno nacional se ha dedicado la última década a avasallar las instituciones, forzar la letra de la Constitución, soslayar la división de poderes y avanzar hacia su objetivo final de poder absoluto deslegitimando la palabra de otros partidos, ninguneando a mandatarios de distritos opositores e, incluso, desoyendo a la propia sociedad, al ignorar sus reclamos y movilizaciones de protesta, que en tres ocasiones recientes han sido de magnitud inédita.
Lo que necesita la Justicia no es una “democratización” sino, por el contrario, el respeto a su independencia y la profundización de su distancia con el Ejecutivo.
Bajo la épica de “democratización de la palabra” el kirchnerismo ha llevado a cabo un plan de avasallamiento, atropello e intervención sobre los medios de comunicación. Lo mismo pretenden hacer ahora con la Justicia: quieren controlarla y someterla al arbitrio de sus decisiones políticas.
En el caso de la Ley de Medios, tras su aprobación se avanzó en el control de canales y diarios, se agigantó el multimedio ofiicial, se incrementaron las licencias en mano de socios y amigos del Gobierno, el control oficial sobre los contenidos que se emiten en esos medios llegó a niveles nunca vistos, así como también la arbitrariedad en la distribución de la pauta.
¿Eso queremos para la Justicia? La democratización de la justicia es la solución más sencilla para que el escándalo de Lázaro Báez termine antes de empezar.
Es el cierre automático para todas las causas de corrupción y la garantía de impunidad frente al accidente de Once y la protección frente al caso Ciccone.
Irónicamente, en ambos proyectos “democratizadores” las consecuencias directas son la restricción de libertades, limitación de espacios para voces discordantes y cercenamiento de derechos.
Por eso, es fundamental que desde la política y desde la sociedad en su conjunto hagamos todo lo posible para evitar que se consuma este atropello a la Justicia y, con ella, la desaparición del último freno posible al “Vamos por Todo”.
*Dirigente denarvaísta.
