Se ha conocido la propuesta de autoridades del gobierno argentino a tenedores de bonos sujetos a negociación –en el proceso de canje de deuda– de incluir en esa negociación un bono que ajuste conforme la evolución de las exportaciones.
Sin ingresar en lo conveniente o no de esta modalidad para los tenedores de bonos, algo relevante a expresar ante este hecho es que aparece entonces en la conversación un nuevo grupo afectado por la misma: las empresas que producen y comercian relacionadas a la exportación. Del éxito futuro de ellas dependería (si la propuesta se concretara) una parte de los pagos totales de vencimientos de deuda.
La Argentina exportó en 2019 unos 65 mil millones de dólares en bienes y unos 13 mil millones de dólares en servicios. Al parecer, ésta propuesta se vincula a las exportaciones de bienes.
Lo primero que puede decirse en relación al incentivo para los tenedores de bonos es que las exportaciones argentinas no han mostrado una evolución atractiva en lo que ha transcurrido del siglo XXI: en todo este tiempo las ventas externas argentinas han crecido solo 150% y son (excluidas las de la crítica Venezuela) las de menor alza porcentual en toda la región latinoamericana, en la cual las exportaciones sumadas crecieron –agregando todo los países– un 210%. Este resultado incluye casos de enorme alza como los de Paraguay (con más de 1.500%), Perú (alrededor de 600%), Bolivia (más de 500%), o Chile (más de 300%). Argentina es, consecuentemente, el país con menor ratio exportaciones / PBI de toda Latinoamérica (ratio que –por ejemplo– es duplicado por Chile y triplicado por México).
Por su parte, si se computa solo el decenio 2010/2019, las ventas externas argentinas cayeron 5% en la serie. El incentivo estaría atado, entonces, a un resultado que no ha sido demasiado dinámico en los años más recientes.
Precisamente ese saldo no ha sido más alentador debido a la suma de desincentivos que ha operado en nuestra economía. Nuestra experiencia muestra, dicho sea de paso, cómo un país que devalúa su moneda como casi nadie sin embargo no logra un alza en las ventas externas en el mediano plazo si no crea un entorno general virtuoso.
Pues esta iniciativa de atar el pago de deuda al resultado de las exportaciones opera como un nuevo potencial desincentivo para las ventas externas: es una cuasi garantía de que se mantendrán las altas retenciones (un virtual impuesto a la exportación que solo tiene vigente una decena de países –en general poco prósperos– en el mundo).
Los vencimientos de deuda pública son obligaciones de pago estatales y los ingresos por exportaciones son ingresos económicos privados por lo que no deberían estar vinculados expresamente. Hacerlo, en cambio, hace prever el mantenimiento de las llamadas retenciones incluso para futuras administraciones (el plan prevé pagos por esta vía hasta 2046) que si quisieran desactivarlos tendrían la carga del pago de estos vencimientos financieros estatales como límite.
Es cierto que el sector público puede pagar vencimientos de deuda con recursos originados en varios otros instrumentos (nueva deuda, impuestos, rentas u otros ingresos) pero en términos de expectativas actuales el temor de los exportadores ante una relación “obligaciones estatales externas (pagos de deuda)/ingresos privados externos (exportaciones”) es innegable.
Los desincentivos a la exportaciones son desde hace mucho tiempo variados; contándose hoy, además de las retenciones, el desdoblamiento cambiario, las dificultades surgidas de un entorno de negocios obstructivo (difícil régimen tributario, altas tasas de inflación, inestabilidad macroeconómica y complejidad regulativa), difícil acceso a insumos importados, conflictividad socioeconómica y escasos acuerdos internacionales para la mejor vinculación suprafronteriza (que faciliten el ingreso de productos argentinos en condiciones preferentes a mercados externos que tienen muchos de nuestros competidores).
Más aun: cabe preguntarse si esta propuesta no dificulta la generación de acuerdos externos comerciales futuros, que cuando se celebran suelen prever la reducción de numerosos obstáculos al comercio internacional entre los firmantes (como lo hace el pendiente de concreción pacto con la Unión Europea).
Una consecuencia de todo lo referido es que Argentina cuenta con escasas empresas exportadoras: en tiempos normales (que no son los actuales de pandemia y confinamientos) son menos de 7 mil las habilitadas, pero se llega a ese numero incluyendo dentro de ellas a miles que no exportan todos los años.
La cifra de empresas exportadoras ronda las 8 mil en Perú y Chile, 10 mil en Colombia; 24.000 en Brasil y 35 mil en México. Pero más aun (siempre considerando tiempos normales) la cantidad de empresas que en Argentina exportan más de 1.000 millones de dólares anuales no supera las 15. Y solo unas 60 empresas exportan más de 100 millones de dólares al año en nuestro país.
La propuesta referida que amenaza con sostener (o quizá aumentar) la presión estatal sobre los resultados de las exportaciones no contribuye precisamente a generar un ambiente que alienta la capacidad de competir en un mundo que en los últimos años, al contrario, ha reducido la carga impositiva a empresas en un 40% en medio de una tendencia en la que la cooperación ha sido superada por lo que podríamos llamar el competivismo.
Una referencia adicional puede hacerse en relación con los saldos comerciales: si la propuesta en cuestión se concretara podría ocurrir que las exportaciones crezcan y obliguen a pagos mayores pero eso no impediría que también puedan crecer –y crecer más aun– las importaciones, y ello haría que esos pagos financieros estatales se incrementen mientras el país pueda padecer déficit comercial (no han sido pocos los años en los que crecen las exportaciones pero –por mayor alza de importaciones– decrecen las exportaciones netas). La argentina es una economía que incrementa importaciones cuando crece el PBI porque el 80% de todo lo que compra en el exterior se utiliza para procesos productivos en nuestro territorio. Por ello en los años de mas alto crecimiento de la economía –como los de la recuperación posdevaluación de 2002– las compras desde el exterior llegaron a niveles relativos al PBI nunca repetidos, cercanos a una cifra equivalente al 20%.
Esta propuesta aparece, pues, en medio de un clima que no es el más virtuoso. Y tiene horizontes largos.
La tensión entre lo público y lo privado se ha instalado en nuestra economía hace mucho tiempo. Mas allá del esperado acuerdo sobre dónde debe estar el limite entre los dos ámbitos, lo que debe esperarse es que la sensación de avance de uno contra el otro se despeje. Si se lograra esa armonía, esa pendiente concordia, los beneficios llegarían para todos.
*Profesor de posgrado del ITBA. Especialista en negocios internacionales.
