Es probable que ser un gobierno de minoría prive a Cambiemos de explicar hasta dónde la corrupción es un obstáculo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Particularmente en el Gran Buenos Aires, principal base electoral de la oposición: está obligado a negociar con ella cada decisión trascendente. Un foco de tensión que recrudece en situaciones como la actual.
Con casi un millón de desocupados, concentra la población más vulnerable a esos movimientos del mercado cambiario. Es comprensible que cubrir esa urgencia y otras necesidades básicas sea prioridad en ese segmento y no los casos judiciales donde se ventilan procesos que no son percibidos como solución inmediata a esos problemas. Es un déficit al que debería prestarle más atención. Las fallas en los mecanismos de control para penalizar
esas irregularidades proveen de una fría lógica a la desigualdad.
Lo que despoja de cualquier apariencia fortuita a la relación de dos hechos salientes. La demanda de mayor ayuda social efectuada al oficialismo por los intendentes del Conurbano y las organizaciones sociales con la trama de intereses, que involucra a funcionarios policiales, del Poder Judicial bonaerense y dirigentes políticos, revelada en La Plata por una investigación destinada a desbaratar una banda delictiva especializada en el robo de viviendas vacías.
Por esa causa la Corte bonaerense suspendió por noventa días a Martín Manuel Ordoqui. Al juez del Tribunal de Casación Penal se lo acusa de tráfico de influencias para favorecer la libertad de uno de los miembros de esa organización delictiva con la que mantenía relación el detenido ex magistrado César Melazo. Esa medida disciplinaria suele preceder el inicio de un juicio político. Si inicia el trámite jubilatorio, Ordoqui podría eludirlo.
También quedaría eximido de adelantar su declaración jurada de bienes a la comisión legislativa reunida para juzgarlo. Ocasión que aprovecharía la Procuración General para pedir copia de ese expediente y confirmar si, en efecto, asegura allí haber ganado tres veces sorteos de Lotería para justificar el incremento de su patrimonio.
Podría hacer trizas la estrategia del Poder Judicial que negoció aplazar del 31 de agosto al 14 de diciembre que una versión abstracta de ese trámite figure desde esa fecha en la página web de la Corte. Lo hizo luego de aceptar las garantías de seguridad ofrecidas por el encriptamiento del
sistema informático del Ministerio Público que cuestionó durante un año.
Previsión. Más previsor resultó Víctor Violini. Promovido en la gestión de Felipe Solá al Tribunal de Casación, el colega de Ordoqui gestiona en simultáneo la jubilación y el lanzamiento como candidato a intendente de La Plata con el respaldo de Pablo y Mariano Bruera. Al igual que el fiscal general del Tribunal de Casación, Carlos Altuve, y Alvaro Garganta, a cargo de la Unidad de Instrucción 11 de La Plata, comprometidos en grado diverso con la investigación de Bettina Lacki.
Por efecto colateral de su trabajo, el fiscal deja expuesta una paradoja sorprendente a la oposición que gobernó entre 1987 y 2015. Autoridades de la máxima instancia judicial en delitos penales como el enriquecimiento ilícito pueden ser acusadas de valerse de sus cargos para estimular esa práctica ilegal en beneficio propio.
Al peronismo no le interesa hablar de este tema. En riguroso anonimato, prefiere refugiarse en un diagnóstico de la situación económica que, de cumplirse, lo liberaría de dar explicaciones. O es lo que suponen que ocurriría en un país en llamas. Por ahora los focos de eventuales incendios expresados en potenciales saqueos a supermercados u ocupación de tierras se concentran en los partidos de Moreno, Avellaneda y La Matanza.
Verónica Magario es el caso más complejo para Cambiemos. La intendenta de La Matanza lideró un reclamo de mayor distribución de alimentos esta semana y la restitución del Fondo Sojero. Uno de los temas que los gobernadores del PJ negocian con el Gobierno por el nuevo Presupuesto. El oficialismo tiene detectada la presencia de funcionarios de ese municipio en tareas de agitación en los barrios más periféricos de Isidro Casanova, Rafael Castillo, La Tablada y Laferrere.
Tal vez para no contradecir a María Eugenia Vidal, con la que mantienen un diálogo fluido a diario, una amplia mayoría de intendentes del Conurbano no hará público su consentimiento a la posición de Magario. El reclamo de una mayor cuota de alimentos para los municipios encubre el fastidio por la distribución que realizan los gobiernos nacional y provincial a través de otras instituciones. Es una inédita coincidencia con los movimientos piqueteros.
Esa queja encierra cierta impotencia por un cambio sutil en el comportamiento de quienes solicitan asistencia. Evitan recorrer los circuitos formales de delegaciones o punteros e interactúan en forma directa con dependencias y dirigentes de donde es posible obtenerlas. ¿Amenaza ese atisbo de autonomía la lógica de los aparatos clientelares?
No es la única incógnita que inquieta a los intendentes. Existe preocupación por lo que pueda suceder con Gustavo “Pata” Arrieta en la causa de los falsos médicos del Hospital Municipal de Cañuelas. Por orden judicial, el 6 de agosto fueron allanados ese centro de salud y las oficinas del municipio gobernado por Arrieta.
A los investigadores los sorprende la diferencia en la escala salarial de los profesionales apócrifos, entre 120 y 170 mil pesos mensuales, y quienes en verdad lo son: casi veinte veces menos. El testimonio de Evelyn Cantoni podría esclarecer ese y otros puntos opacos. La ex contadora del hospital había denunciado irregularidades en la Justicia local hace tres años, luego de abandonar ese trabajo.
Esa posibilidad de incendio generalizado, alentada incluso con aquellos que podrían quemarse, no exime a Cambiemos de la responsabilidad de ahogarlo antes de que se desate. Es una tarea riesgosa que preocupa al oficialismo. Precisamente, por tratarse de la oposición. Pese a todo, imprescindible en cualquier sistema democrático. “Podría no quedar ninguno”, es la principal amenaza observada por un investigador.
