Es muy interesante la paradoja que plantea el lector Héctor Becerra en el mail que dirigió a este ombudsman y que se publica en el correo de hoy. Está referido a la columna editada en este espacio el domingo 29 de noviembre, en la que se puntualizaban tres acontecimientos que sucedieron en una misma semana y están referidos, en todos los casos, a la aplicación de la cláusula de conciencia que protege a los periodistas en términos de su libertad de expresión y de relación profesional y laboral con el medio en el que trabajan. Coincidimos con Becerra en el tiempo dedicado a la formación de nuevas camadas de periodistas (veinte años) y en el énfasis puesto en algunas cuestiones que tienen que ver con la ética personal y profesional, particularmente la defensa de las propias convicciones. En mi condición de docente incentivé en mis discípulos el firme rechazo a lo que Becerra define como “obediencia debida” a editores, jefes y dueños de medios, siempre, claro está, en base a excelencia en la tarea y subordinación a los principios básicos del buen oficio: rigurosa administración de los datos informativos, respeto por las fuentes, buen manejo de la palabra, veracidad de cuanto el periodista se dispone a transmitir.
Becerra (me) interroga acerca de una pregunta y una respuesta que escribí acerca de la desvinculación del excelente periodista español Miguel Angel Aguilar del diario El País de Madrid. Hay en ese caso un curioso encontronazo entre esa libertad de conciencia de la que hablábamos el lector y este ombudsman y la libertad –o su limitación– que tiene el periodista a exponer en otro medio –a modo de opinión– una problemática interna en el medio para el cual trabaja. Debo recordar el caso: dichos de Aguilar fueron incluidos en una extensa nota de The New York Times sobre la situación económica, financiera y política de la prensa española en general y del diario El País en particular. En ese artículo se generalizaba acerca de las presiones ejercidas desde el poder político y los cambios de línea operados en algunos medios sometidos a una tremenda presión financiera (el grupo Prisa, al que pertenece El País, tiene una deuda acumulada con bancos de unos 1.880 millones de euros). Lo que evidentemente molestó a la conducción del diario fue la afirmación de Aguilar en el sentido de que en El País se ejercen sobre los periodistas tensiones rayanas con la censura. Una denuncia grave, que el veterano profesional reconoció como exagerada de su parte en un mail a la Defensora del Lector de El País, Lola Galán, agregando: “De ninguna manera querría incorporarme a lo que Rafael Sánchez Ferlosio llama el victimato, ni tampoco reescribir en términos hostiles mi historia de 25 años en El País –de 1980 a 1984 en la Redacción y desde 1994 como columnista semanal–, llena de satisfacciones personales y profesionales”. Según escribió Galán, “en conversación telefónica, más tarde, negó que sus declaraciones fueran una provocación”. La relación entre Aguilar y el diario ya era tensa desde que el periodista puso en marcha su semanario Ahora, competidor en kioscos con El País. Por tanto, sus dichos en el diario neoyorquino contribuyeron a dejar el vínculo entre ambos en la cuerda floja hasta que ésta se cortó. Cuando escribí que, desde el punto de vista legal, el despido había sido con razón del empleador es porque así lo establecen las prácticas laborales de España. Por cierto, coincido con Becerra en que la libertad de expresión está respaldada con sólidos argumentos y es un derecho inalienable que sólo los regímenes totalitarios se atreven a negar. Nadie censuró sus dichos y este ombudsman –no haría falta aclararlo– no los cuestiona. Se trata de un hecho de características peculiares que plantean, como dije, una paradoja.
Perlitas. En la edición de ayer se deslizaron algunos errores y omisiones que no les hacen bien a los lectores:
En la página 4 de Espectáculos, el epígrafe principal dice que Gabriel García Márquez fue quien definió su literatura como centrada “en lo que él llamó ‘realismo mágico’”. No fue él quien bautizó así un género que lo tuvo como autor encumbrado. El término viene de más lejos: sin ir tan atrás (el origen parece remontarse a 1925), Arturo Uslar Pietri, en su ensayo El cuento venezolano, lo describió así en 1947.
Parece demasiado amable y contemporizador el diálogo con el CEO de Techint, Paolo Rocca (página 25), en el que no hubo pregunta alguna acerca del flamante despido de casi 200 trabajadores. Sólo al pie hay un recuadro que toca el tema –en vías de solución, al parecer–, pero sin la palabra del empresario.
En El Observador, páginas 60 y 61, se destacan dos declaraciones sin indicación de quién las pronunció. La de la página par correspondía a Emilio Apud y la restante a Alejandro Bianchi. El lector merece que no lo obliguen a recorrer todo el texto para saber quién dijo qué.
