La asignación universal por hijo, implementada mediante el decreto 1602/09, indudablemente constituye uno de los hitos más relevantes en relación a los derechos ciudadanos, con enorme trascendencia política y socioeconómica.
Su importancia radica en el universo que abarca, millones de niños de familias pobres recibirán un ingreso mensual, a la vez que induce al inicio y a la preservación de su escolaridad y al acceso a la salud, constituyendo un paso histórico en materia de políticas sociales, ya que implica un cambio de paradigma al poner el énfasis en desplazar metodologías asistencialistas, por institutos generales de la seguridad social, ya que si bien el derecho que se implementa no basta por sí solo para poner fin al clientelismo político, ni para reinstalar la cultura del trabajo, limita considerablemente al primero y es un paso hacía la segunda al propiciar la incorporación de más jóvenes y niños a la matrícula de la educación pública.
Hasta ahora, la ausencia de las mínimas redes de seguridad social hacia las familias pobres generaba como única alternativa que sus miembros menores salieran en búsqueda de alguna actividad remunerada, lo que trae aparejado un claro impacto negativo en su escolarización.
La necesidad de instrumentar una asignación universal por hijo puede visualizarse erróneamente, como enfrentada a la política asumida fervientemente por el Gobierno de generar empleo decente, especialmente para los sectores excluidos.
Por el contrario, son caminos complementarios, que en tiempos de crisis constituyen estrategias políticas que buscan la equidad. La promoción del pleno empleo no ignora la necesidad inmediata de combatir el núcleo duro de la pobreza, especialmente la que padecen los hijos de trabajadores desocupados o informales.
Es imperioso atacar la pobreza con abordajes integrales. Las políticas públicas deben así amoldarse a las épocas, a las circunstancias y a los valores que se intentan defender, en este caso la igualdad y la justicia social.
La decisión política analizada en estas líneas busca la inclusión social de millones de niños, promueve fuertemente el derecho a una ciudadanía plena y se encuentra enmarcada en la decisión del Gobierno de extender progresivamente la protección social para todos sus habitantes.
Por eso consideramos positiva la ampliación de su espectro mediante la incorporación de las trabajadoras domésticas, los monotributistas y otros sectores, dentro de la población.
La medida, como toda obra humana es perfectible, pero la discusión no debe pasar por imponer quién tiene la autoría de la misma, sino por reconocer el salto cualitativo que implica en materia de seguridad social y desde esa base todos los actores que alguna vez impulsaron este beneficio como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), trabajar en forma coordinada para mejorar la prestación del mismo.
La protección de la infancia debe estar en el centro de las políticas en países que, como el nuestro, apuestan a un futuro ligado a la igualdad de oportunidades para todos sus habitantes. Asimismo, los derechos de los niños a la seguridad social han sido ratificados por nuestro país a través de diversos tratados, tales como: Convención de los Derechos del Niño de 1989; Ley nacional 26.061/05; de Protección Integral de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes; y Ley 13.298 de la Promoción y Protección Integral de Niños de nuestra provincia.
Es indudable que, con la implementación del Plan de asignación universal por hijo, nos encontramos ante una de las decisiones políticas que quedará en la memoria colectiva de la Argentina y representa un paso fundamental en el rumbo ya iniciado en pos de la igualdad y la justicia social, siguiendo el derrotero que nos marcara Eva Perón cuando proclamó: “Donde hay una necesidad hay un derecho”, palabras que nuestro ideario nos veda olvidar.
*Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.
