En América Latina, desde la formación de los Estados nacionales –luego de las luchas por la independencia de España y Portugal– hasta nuestros días, las cosas nunca han sido fáciles.
Incluso, la transición hacia la democracia –siendo un fenómeno común a tantas regiones y países del mundo– se ha revelado tardíamente en nuestra región, donde además ha tenido que convivir con el fantasma de la constante inestabilidad económica y los golpes de Estado.
Lamentablemente, los latinoamericanos durante el siglo XX sufrimos diversas agresiones y atentados a la Constitución y la democracia, en consecuencia padecimos gobiernos de dictaduras; incluso en los últimos años de democracia constitucional la región ha experimentado cierta inestabilidad política. Así, desde la destitución de Carlos Andrés Pérez en Venezuela en 1993 hasta la de Dilma Rousseff en Brasil en 2016, son varios los antecedentes de crisis políticas e institucionales de magnitud que hemos padecido en los últimos 25 años; recordemos rápidamente lo sucedido en 2001 en Argentina con la renuncia del presidente De la Rúa, en 2004 en Haití con el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide, en Ecuador en 2005 con la destitución del presidente Lucio Gutiérrez, en 2009 en Honduras con la destitución de Manuel Zelaya, el intento de golpe a Rafael Correa en Ecuador en septiembre de 2010 o la repentina destitución del presidente Lugo en Paraguay en 2012, por citar solo algunos ejemplos.
Sin embargo, pese –y en paralelo– a esta historia de fragilidad de los procesos políticos y económicos latinoamericanos, hoy debemos destacar uno de los acontecimientos más trascendentes a la hora de limitar atropellos, violencias, discriminaciones, reafirmar libertades, garantías y la dignidad de las personas, las minorías y los pueblos: me refiero a la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual este 2019 está cumpliendo cuarenta años desde el inicio de su funcionamiento dentro del sistema jurídico interamericano de aseguramiento, control y promoción de los derechos humanos.
Pues aun en medio de un contexto regional de evidente debilidad e inestabilidad económica y una secuencia de crisis de gobernanza como las señaladas anteriormente, es importante destacar la incidencia que positiva y progresivamente ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en las respectivas legislaciones como en determinadas instituciones políticas de los diversos Estados parte del sistema.
¿Quién hubiese imaginado hace algunas décadas tan importante límite a los atropellos de los Estados y semejante evolución en favor de los derechos fundamentales, las libertades humanas y el reconocimiento de derechos y respeto hacia las minorías?
¿A quién se le hubiese ocurrido, por ejemplo, que las sociedades que padecieron la crueldad extrema de las dictaduras pudiesen luego recuperar la justicia bajo el entendimiento de que el derecho positivo doméstico está sujeto al derecho internacional de los derechos humanos, permitiendo el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad?
Todo ello fue posible –entre otras razones– gracias al sistema interamericano de derechos humanos, a la Convención Americana y, en cierta medida, a la jurisprudencia emitida por la Corte en su difícil misión de asegurar –en una región tan compleja como impredecible e inestable– la satisfacción efectiva de los derechos humanos.
Sin dudas ha sido importante la labor desarrollada en estas cuatro vertiginosas décadas por la Corte Interamericana, pero también son muchos los problemas no resueltos y los desafíos que quedan por delante en una región del planeta caracterizada por sus altos niveles de desigualdad.
*Profesor de Derecho Constitucional UBA y Derecho Político USI-Plácido Marín.
