La legitimidad de los actos judiciales no se convalida con el voto popular. Depende de algo mucho más complejo, la credibilidad o confianza de los ciudadanos en la imparcialidad del que resuelve.
Por esa razón, es necesario un control adecuado sobre el desempeño de los magistrados, porque cuando un juez pierde credibilidad, cualquier acto que realice, aún los ajustados a derecho, caen dentro de un manto de sospecha.
El juez Oyarbide ha sido un magistrado envuelto en la polémica. Fue acusado por la Cámara de Diputados y estuvo a punto de ser destituido por el Senado hace diez años, salvando su cargo gracias al voto de los senadores justicialistas.
Luego de ello ha tramitado varias causas resonantes, recibiendo cuestionamientos en varias de ellas. Una tramitación muy prolongada en la causa Skanska que contrastó con el cierre expedito de la causa de enriquecimeinto ilícito del matrimonio Kirchner y una muy fuerte queja de PRO respecto de la causa de escuchas ilegales que involucraba a Macri, llegándoselo a acusar de haber “fabricado” la imputación.
La causa llamada “de los medicamentos” tiene una enorme importancia porque, al parecer, se vincula con el funcionamiento irregular de numerosas obras sociales sindicales.
En el marco de este expediente, la espectacular detención de un dirigente sindical vinculado al peronismo federal ha provocado una fuerte reacción de numerosos dirigentes políticos y sindicales que imputan al juez ser instrumento de los designios del Gobierno.
Más allá de que esta detención pueda dar origen a fundadas suspicacias –pues la ley exige como regla la comparecencia del imputado por simple citación, reservando la detención para casos excepcionales–, el episodio puede hacernos reflexionar sobre dos circunstancias.
Por un lado, que debemos terminar con la impunidad enorme que existe en materia de corrupción estatal.
Por otro, que para ello necesitamos jueces probos y creíbles, para que sus decisiones no estén sujetas a una sospecha permanente.
* Ex camarista y diputado por la U.C.R.
