Esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de modificación de la ley de lavado de dinero, en línea con lo que venía siendo demandado a nuestro país por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). A pesar de que toda la legislación en la materia fue originalmente concebida para combatir el financiamiento del terrorismo, hoy día resulta ser un instrumento fundamentalmente para reprimir todo tipo de criminalidad organizada, especialmente el narcotráfico.
Ahora bien, las modificaciones que se aprobaron permitirán –más allá de los aspectos perfectibles que aún tiene nuestra legislación– modernizar el instrumental legal vigente, pero debemos preservarnos de creer que con la sola sanción de la nueva ley el Estado argentino será más eficaz a la hora de prevenir y reprimir el lavado de dinero. Así como la simple prohibición legal de una actividad no la erradica de la realidad, tampoco la simple mención de la pena disuade a quien comete el ilícito. Entre la ley y la realidad se encuentran las instituciones del Estado desarrollando acciones para hacer cumplir la ley, y es aquí donde hay que trabajar.
Por ello, la legislación sobre lavado de dinero tiene un valor instrumental, antes que absoluto. Servirá en la medida en que sea utilizada por los distintos organismos del Estado como resorte indispensable, por ejemplo, a la hora de dar cuenta del principal problema estratégico de la Argentina: el tráfico de drogas.
En efecto, el problema del narcotráfico abarca una variedad de aspectos que lo tornan extremadamente complejo. Requiere, entonces, definir con precisión en qué punto concentrar los recursos del Estado para producir mayor daño en la oferta de droga.
En un estudio realizado por dos investigadores de la Universidad de los Andes (ver Daniel Mejía y Pascual Restrepo, “The war on illegal drug production and trafficking: an economic evaluation of Plan Colombia”, 2009), se demuestra que la política focalizada en el combate a la producción de coca –desarrollada en el marco del Plan Colombia– ha logrado reducir a la mitad la superficie cultivada, pero –al mismo tiempo– sólo redujo la producción de cocaína en 11%. Más aún, el precio de la droga en Colombia se mantuvo relativamente estable en ese mismo período.
Esto significa que la inmensa cantidad de recursos económicos, materiales, humanos, etc., empleados en el combate contra el narcotráfico y orientados a la represión de la producción sencillamente no han generado resultados en términos de reducción de la oferta y afectación del precio. Y se explica porque las organizaciones narcocriminales respondieron a esa mayor presión del Estado sobre la superficie cultivada incrementando la productividad del suelo: con la mitad de la superficie de cultivo, producen prácticamente la misma cantidad (el rinde del suelo pasó de 4,3 kg de cocaína por hectárea en 2000 a 7,7 kg en 2006).
Así, resulta menester replantear seriamente el paradigma tradicional de la política en la materia, que –como ya se ha explicado en otra oportunidad– orienta erróneamente todo el esfuerzo estatal al decomiso de grandes cantidades de droga.
Entonces, considerando integralmente el problema a enfrentar, la mejor manera de reprimir la oferta es focalizándose en las organizaciones antes que en la droga. Y las dos mejores vías de llegar a las narcoorganizaciones es centrando los recursos del Estado en materia de inteligencia, investigación y represión en las rutas del producto (ingreso, acopio, fraccionamiento y exportación de la droga) y del dinero (blanqueo de capitales).
La primer vía –reprimir la logística de la droga– debe llevar a un replanteo integral e inteligente del esfuerzo policial y judicial empleado en este aspecto. Cuando recientemente se agitó en el Congreso un proyecto de ley de derribo de aviones, es necesario tener presente que la droga entra: primero, por vía terrestre; luego, fluvial; y en tercer lugar, aérea. Y sale por los puertos, en seguros contenedores.
La segunda vía para llegar a las organizaciones –la ruta del dinero– debe ser mejor explotada con el instrumental legal que ofrece la legislación antilavado. Es necesario que los procedimientos de drogas dejen de hacerse sólo con perros y balanzas para buscar y pesar la droga, e incorporen contadores y peritos que permitan investigar los circuitos del dinero negro.
La mejor forma de enfrentar el narcotráfico es desbaratando organizaciones criminales, y la legislación sobre lavado de dinero puede ser un instrumento fundamental para ello.
*Politólogo. Ex viceministro de Seguridad bonaerense.
