El 28 de mayo se presentó nuevamente un proyecto de ley para Interrupción Voluntaria del Embarazo –IVE– en el Congreso de la Nación. Esta presentación realizada por octavo año consecutivo por la Campaña por el Derecho al Aborto, fue acompañada por una importante movilización de personas de todas las edades, sexos y orígenes que a lo largo de Rivadavia y Avenida de Mayo las desbordó. Esa movilización también se vio en las principales ciudades y capitales de provincias de todo el país. La llamada marea verde fue muy grande.
Vale preguntarse: ¿por qué esta nueva presentación? Muy simple porque sabemos que éste es un reclamo claro y reiterado de la mayoría de la población para que la falta de una ley como ésta, no obligue a las mujeres adolescentes y niñas a tener que recurrir a un método inseguro para interrumpir un embarazo que no pueden continuar. Y entiéndase que No Pueden continuar el embarazo, es una necesidad por distintos motivos y eso es lo que la ley actual no siempre contempla. Porque el Código Penal desde 1921 permite la interrupción legal en dos situaciones, pero deja causas sin reconocer. Además, porque necesitamos no penalizar a las mujeres que se practican un aborto porque no lo pueden continuar y por eso son castigadas con prisión como hemos visto en varias provincias.
Este nuevo proyecto de ley deja en claro que éste es un derecho de todas las personas y no incluye ninguna referencia a la “Objeción de conciencia” porque se entiende que como otras enfermedades o tratamientos que son un derecho de las personas, no se aclara esto que es algo que puede ocurrir, pero que no puede afectar el derecho de las personas. ¿O acaso en la ley de sangre se especifica la objeción de conciencia? Sin embargo, sabemos que hay personal de salud que por sus creencias religiosas expresa su objeción de conciencia, pero la institución tiene que adoptar medidas para superar esto y asegurar a las personas que requieran una transfusión sanguínea que puedan recibirla.
Este proyecto es mucho menos reglamentarista o sea que si bien es claro respecto al derecho que garantiza, a la edad de las personas para consentir según el Código Civil y Comercial, no entra en detalles que deben quedar para ser incorporados en el reglamento. Esto es de mejor técnica legislativa ya que en el futuro para adecuar aspectos instrumentales no es necesario modificar la ley.
Cuando se trate el proyecto, es clave que los legisladores y la población comprendan que esta discusión, debe darse en un contexto de búsqueda de la mayoría para lograr una ley. Esto implica debatir y discutir no para que cada uno quede en la posición original, sino para ver qué acuerdos en común existen. Esto que es la base de la negociación política en el Congreso, fue algo que no ocurrió el año pasado en el Senado. En Diputados sí hubo negociación y la ley que se aprobó tuvo cambios que lograron la mayoría. En el Senado todos los intentos de búsqueda de acuerdos para lograr una ley posible, chocaron frente a dos grupos que, desde posiciones opuestas, se negaron a considerar terceras posiciones que hubieran permitido contar hoy con una ley que habría ahorrado las muertes de muchas niñas, adolescentes y mujeres que desde agosto ocurrieron y también problemas graves de su salud. Especialmente en niñas como ocurrió, que fueron obligadas a continuar el embarazo por violación hasta la semana 25 o más y luego someterse a microcesáreas, cirugías que las dejan con su capacidad reproductiva futura afectada. Además, padecer la muerte del nacido cuya inmadurez es sabido les impide sobrevivir.
Por eso porque no queremos obligar a nadie a hacer lo que no quiere, por eso necesitamos esta ley para no obligar a esas niñas, adolescentes y mujeres a padecer estos sufrimientos e incluso morir. Por otra parte, las que quieran seguir sus embarazos cualquiera sea la situación o motivo no se verán afectadas porque la ley no las obligará a interrumpirlo. ¡Porque defendemos la vida pedimos la ley!
*Médica. Máster en Salud Pública. Presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.
