Es una obsesión. Así, lisa y llanamente, se puede definir la conducta que la Presidenta viene poniendo de manifiesto en relación con “los medios”. La obsesión –una patología– es siempre fuente de errores. El problema aparece cuando, además, a esos errores no se los reconoce. Esto es lo que le viene sucediendo desde el comienzo de su gobierno a Cristina Fernández de Kirchner. De allí que la Presidenta está convencida de que generará mayores simpatías y apoyos sumando horas de cadena nacional. Alguien, con un poco de conocimiento, debería intentar decirle que, históricamente, la cadena nacional ha sido fuente de fastidio y rechazo por parte de la población.
A este ambiente de hostilidad hacia los medios en general, se le vino a agregar el bloqueo a las plantas de distribución de La Nación, Clarín y Noticias, acciones, con claras reminiscencias chavistas, que fueron llevadas adelante por Hugo Moyano y sus muchachos ante la manifiesta pasividad de las autoridades nacionales.
El hecho, de por sí grave, tiene dos componentes agregados que le confieren un carácter francamente inquietante: el primero es la alarmante metodología violenta complementada con ingredientes de vandalismo e impunidad; el segundo, es que quien llevó adelante estos actos no es sólo el secretario general de la Confederación General del Trabajo, sino también un pilar fundamental del proyecto político de Néstor y Cristina Kirchner. Por eso es que la convalidación de estos actos que, con su silencio e inacción ha hecho el gobierno, no sorprende.
No hubo silencio, en cambio, para salir a responderle duramente al líder de la Corriente Clasista y Combativa Juan Carlos Alderete, que anunció la toma de edificios públicos para protestar contra los manejos clientelares de los planes sociales. La toma de edificios públicos – un ministerio, una escuela, una comisaría– es un acto siempre criticable, lo haga quien lo hiciere.
Para este gobierno, en cambio, es sólo reprochable cuando lo hacen sus adversarios. Alderete debería abstenerse de cumplir con esta amenaza que conlleva una cuota de violencia de la que la sociedad está harta.
Lo más dramático de todo es que, en medio de esto, la realidad continúa. El episodio de violencia sufrido por el ex futbolista Fernando Cáceres, quien aún lucha por salvar su vida, y el asesinato de un policía en la madrugada del sábado en la zona de Merlo, es una muestra de ello. La inseguridad nuestra de cada día es un flagelo que está lejos de ser superado. Y ello es así porque los niveles de marginalidad y exclusión social que presenta la Argentina siguen siendo muy altos. Es llamativo observar cómo esta realidad, que desde el núcleo del poder se niega, termina por ser aceptada y reconocida por otros funcionarios del mismo gobierno. Si no, veamos lo que ha ocurrido con el documento que se presentó ante la Security Exchange Comission (SEC) de los Estados Unidos, con el objetivo de reabrir el canje de la deuda con el pago a los bonistas que no entraron en la ocasión anterior. Dice allí el representante del gobierno argentino:
“Pese a la recuperación, la economía argentina enfrenta importantes desafíos, incluyendo la extensión de la pobreza, el incremento del desempleo y subempleo, alta inflación y escasez energética”. Ese documento contiene una curiosidad sorprendente, cuando dice que:
“Desde el último trimestre de 2006, el Instituto de Estadísticas y Censos, ha sufrido significativos cambios de personal y controversias. Algunos empleados del INDEC y analistas han objetado los datos de la inflación (y otros datos económicos afectados por las cifras de inflación, como la pobreza y las estimaciones del PBI) publicadas por el INDEC. Analistas privados y otras fuentes no gubernamentales publican estimaciones de inflación y otros datos estadísticos que difieren significativamente de los publicados por el INDEC.”
La necesidad que tiene el país de volver a los mercados internacionales para acceder a fuentes de financiamiento genuino a tasas de interés más bajas, viene generando un complicado ida y vuelta por parte de Néstor Kirchner. Esto lo tiene a mal traer a Amado Boudou, quien se encuentra en Londres, participando de una cumbre de ministros de Economía del G-20. El asunto principal pasa por la negativa que el matrimonio Kirchner viene expresando a aceptar la auditoría que el Fondo Monetario Internacional debe realizar de nuestra economía. Esto coloca al gobierno argentino en una franca contradicción con el resto de los países miembro de este grupo, los que han accedido a ser sujetos de estas inspecciones. La Argentina es el único que no lo ha hecho, por lo que la contradicción es indisimulable.
Al levantamiento de la ley cerrojo, votado en diputados esta semana, con la negativa de los sectores de izquierda y de la Coalición Cívica, habrá que seguirlo con mucha atención. Allí se le reconocen a los bancos que van a participar en las operaciones, comisiones que, para algunos especialistas, son muy altas.
Mientras tanto, el gobierno ve acercarse la fecha del 10 de diciembre en la que su poder en el Congreso quedará disminuido.
La última gran batalla que pretende librar de aquí a ese día es la del proyecto de Reforma Política. Hoy parece poco probable que ese proyecto vaya a ser aprobado. La posición fuertemente crítica de los sectores de izquierda, a los que el gobierno busca seducir, representa una barrera que aparece como infranqueable. La exposición ante las comisiones de diputados que hizo el ministro del Interior, Florencio Randazzo, no logró convencer a ningún legislador de la oposición.
Desde Olivos adjudicaron tal fracaso a la poca habilidad del ministro. “Eso es injusto; no hay ministro que pueda hablar con respaldo sobre un proyecto como éste cuando hay un gobierno que imaginó, armó y defendió la disparatada y fracasada aventura de las candidaturas testimoniales”, reconoce un funcionario K.
En el imaginario de Néstor Kirchner en su camino por reconquistar el poder, el próximo paso es el operativo clamor para que reasuma la presidencia del Partido Justicialista. El llamado operativo clamor es una nueva demostración de la disociación que hoy viven los que están atados al aparato político.
Hoy el clamor de la sociedad pasa por cuestiones mucho más concretas y apremiantes. Uno de ellos es la inseguridad nuestra de cada día que se lleva vidas sin cesar. La respuesta de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, poniendo cara de circunstancia para después echarles la culpa a los que estuvieron antes, no hizo más que generar la indignación de una ciudadanía que vive con miedo.
La exclusión, que también se cobra vidas, sigue siendo instrumento de clientelismo político. Y las explicaciones que el gobierno da para negar esto más que aclarar, obscurecen.
Ante este panorama, hay también un desafío para la oposición.
De aquí a un mes y dos días habrán de asumir los legisladores electos el 28 de junio. ¿Tendrán la capacidad de generar proyectos conjuntos y lograr coincidencias sustentables en el tiempo sobre tres o cuatro temas esenciales?
Tal vez una oportunidad para apreciar eso aparezca con un proyecto que está elaborando Julio Cobos.
El vicepresidente viene trabajando en una propuesta de nueva coparticipación federal que asegure una mejor redistribución de los fondos entre las distintas provincias. Su idea es la de presentarlo para su tratamiento legislativo en el comienzo del período de sesiones ordinarias del Congreso, a partir del 1 ° de marzo de 2010.
Hablando de Cobos, hay que decir que, ante alguna mala interpretación de una declaración suya, ha hecho saber que de ninguna manera va a presentar la renuncia a su cargo una vez que encare su proyecto presidencial para el 2011, el que sigue intacto. Por y para eso es que está trabajando en la reunificación de la Unión Cívica Radical.
Su idea, una vez definida su candidatura, es pedir licencia durante el tiempo –60 días– que dure la campaña.
La anécdota del cierre tiene que ver con la reunión de la Mesa de Enlace con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. En ella se le advirtió al funcionario que cualquier intento de dividir a los ruralistas fracasaría.
Hubo, además, una demanda perentoria a fin de poner freno a los remates que pesan sobre gran cantidad de pequeños productores que no pueden hacer frente al pago de créditos que tomaron en el Banco Nación.
A estos efectos, Domínguez se levantó de la reunión y habló con la Presidenta quien, impuesta de la novedad, se comunicó inmediatamente con la titular del banco, Mercedes Marcó del Pont, a la que instruyó para que ordenara la suspensión de esos remates.
Obtenida esta respuesta, Domínguez pidió que los integrantes de la Mesa de Enlace pasaran a constatar el listado de los afectados para que nadie quedara afuera de esta solución. Una vez completado este proceso, el ministro tomó nuevamente su teléfono y marcó un número.
“Hola jefe, está todo arreglado”, dijo Domínguez quien, tras la respuesta de su interlocutor, agregó: “¿Quiere hablar con uno de ellos? Se lo paso”. Así, pues, fue como Néstor Kirchner –el jefe– habló con Manuel Förster, uno de los dirigentes que estaba a mano, a quien le dijo la frase “no les guardo ningún rencor” que tanto dio que hablar.
Producción periodística:
Guido Baistrocchi
