Una vez más se abrió en el país el debate sobre la edad de imputabilidad de niños y adolescentes, ante un nuevo caso de un chico de 15 años que asesinó a un adulto y fue declarado inimputable por el juez. Esta polémica se reabre periódicamente cada vez que ocurre algún delito protagonizado por un adolescente. Lamentablemente, pasado el interés transitorio, todo queda igual y no se adoptan las decisiones que corresponden.
La Convención sobre los Derechos del Niño, que Argentina incorporó a la Constitución Nacional en 1994, plantea la necesidad de adaptar la legislación nacional de acuerdo con sus principios, algo que la Argentina cumplió parcialmente cuando en 2005 se aprobó la Ley 2.6061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, pero aún no adecuó el Régimen Penal Juvenil.
Reducir la discusión a la edad de imputabilidad sin considerar cómo se los juzga y penaliza, más aún, cómo prevenir que cometan delitos y reincidan, es parcializar y problema y minimizar la responsabilidad del Estado y la sociedad. Deberíamos ocuparnos más de los miles de niños, niñas y adolescentes a quienes hoy no se les están garantizando sus derechos y son víctimas de abusos y manipulación por parte de adultos. Ni la sociedad ni el Gobierno están hoy reconociéndolos como sujetos de derechos y aun persiste una actitud tutelar y proteccionista que oscila entre la condescendencia y la dureza; les permitimos todo o los culpamos por todo. No entendemos que niños, niñas y adolescentes reflejan lo que los adultos por acción u omisión les transmitimos, consciente o inconscientemente, y que nosotros somos los responsables. Frente a la niñez prevalece la omisión, hay tantas cosas que no hacemos, por ejemplo, para que no se les avasallen sus derechos y algunos caigan en la delincuencia, que su sola enumeración requeriría muchas páginas.
Si la niñez y adolescencia es realmente una prioridad, es urgente revisar las políticas sociales, educativas y comunicacionales para que les garanticen sus derechos y darles los elementos para que sepan y puedan defenderse frente a las presiones y manipulaciones de los adultos, sean ellos padres, familiares, docentes y/o gobernantes. Nuestra responsabilidad es asegurarles que puedan tener sus propios proyectos de vida y garantizarles su desarrollo como ciudadanos plenos y libres. Para ello, se deben cumplir leyes como la 2.6061, de Protección Integral, y sancionar urgentemente un Código Penal Juvenil. Este debe acabar con las conductas tutelares, que todavía impregnan las posiciones y prácticas de muchos adultos, reconocer a los niños como sujetos de derecho, y por ende también de deberes y responsabilidades acordes con su ciclo evolutivo. Reconocer derechos a niños, niñas y adolescentes implica que los adultos asumamos nuestros deberes, algo que por ahora no estamos haciendo.
No se trata entonces, de discutir si encerrarlos o liberarlos, y dejar esto librado a la discrecionalidad de los jueces. El sistema penal juvenil debe ser reparador integralmente; para ello no necesitamos lugares para encierro de chicos que tranquilicen al sector de la sociedad que los percibe como “peligrosos”, sino verdaderas modalidades de recuperación y reparación, que los atiendan según la falta cometida. Esto es lo que una ley de Régimen Penal Juvenil debe asegurar y no meramente aumentar o disminuir la edad de imputabilidad. Así lo hacía el proyecto de ley aprobado en el Senado en 2009, en base a un acuerdo de los partidos mayoritarios, y por eso es necesario recuperar la discusión en la Cámara de Diputados, donde se paralizó por cambios de la posición del oficialismo asociados a algunos diputados de otros partidos. Esperemos que este nuevo caso permita esa discusión urgente y se sancione esta ley. Después les tocará al Poder Ejecutivo y al Judicial implementarla, y a todos nosotros cumplirla. ¡Ese es el desafío mayor!
*Presidenta de FEIM. Plenarista electa por las ONGs de Género en el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.
