El ex canciller Di Tella solía decir, ante cualquier disputa fiscal, que la tendencia a gastar y establecer impuestos era tan vieja como la de eludir el pago de impuestos. Algo de eso afloró durante la semana pasada cuando al rechazo al Presupuesto 2022 se le sumaron iniciativas que, directa o indirectamente, terminarán aumentando la presión impositiva sobre la población.
En realidad, resulta extraño que un gobierno, habiendo perdido las elecciones, elija como camino de afianzarse en el poder una campaña de que se pague más. Pero la llave de esta estrategia radica en que un aumento de la recaudación tributaria promedio esconde un aumento sustancial para algunos (que son pocos y no forman parte de su electorado-objetivo) y un statu quo o hasta una rebaja para otros. No podría leerse de otro modo la iniciativa legislativa impulsada por el ahora presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que siguiendo su dogma que el salario no es ganancia, elevó el piso del impuesto más progresivo y más resistido localmente, para reducir la cantidad de contribuyentes que debían tributarlo.
Justamente un signo de madurez social es que la población se eduque en su responsabilidad fiscal: los gastos públicos (debidamente autorizados en la Ley de Presupuesto por sus representantes) son sufragados por casi todos los ciudadanos mayores económicamente activos. Algunas administraciones colocan un listón casi idéntico al del salario mínimo, vital y móvil, otros al doble de dicho valor, pero no mucho más que eso. En España, por ejemplo, dicho ingreso es de 965 euros mensuales y se tributa a partir de los 22 mil euros (unos 1.540 euros por mes). ¿Cuál es la pedagogía? Que casi todos se ven alcanzados por dicho impuesto y nadie se cree que solo pagan los ricos o los que “ganan” en lugar de trabajar.
De 2003 a la fecha, el gasto público global aumentó cerca de 15 puntos del PBI (pasó de 24% a 39-40% del total). Algunos, como Orlando Ferreres, lo sitúan incluso más arriba. En una economía que no crece desde hace una década y cuyo ingreso por habitante incluso no sube desde hace 15 años, toda esta recaudación extra se hizo a expensas de mayor eficiencia de la AFIP y organismos tributarios provinciales (vía inteligencia artificial y sistemas que barren cada vez con más intensidad), pero también aumentando las alícuotas o incorporando actividades dentro del espectro impositivo. Industrias como la automotriz, por ejemplo, tienen una participación de los impuestos que casi llega a la mitad del valor de un auto, que luego seguirá tributando patentes, tasas sobre las primas de seguro, la transferencia de unidades, los combustibles, los repuestos e, indirectamente, la protección global a la industria. Lo mismo ocurre con las propiedades: no sólo se castiga impositivamente la compraventa a través de sellados y tributos varios, sino que luego se los incluye dentro de la base impositiva del impuesto a los bienes personales. Pagar más o menos en este gravamen dependerá, sobre todo, de la valuación fiscal y la antigüedad del bien en cuestión, rompiendo con el principio de igualdad ante la ley.
Los ciudadanos que tengan “altas rentas” también fueron agasajados por el Estado este año con un impuesto que, prometió, sería por única vez. Como el de “réditos” luego convertido en Ganancias, el de Bienes Personales (por una década que se estiró a tres, para empezar) y el impuesto al cheque, que era por la emergencia para sostener la convertibilidad (QEPD).
Con la reciente autorización del Presidente a los gobernadores para que borren con el codo lo que firmaron (muchos de los presentes lo habían hecho personalmente) el mentado pacto fiscal impulsado por el gobierno anterior y gestionado por el entonces ministro Rogelio Frigerio, se abre un nuevo capítulo extractivista. En el centro de la escena estarán dos impuestos, que habían sido declarados como una piedra en el zapato de la producción: Ingresos Brutos y tasas municipales. El primero, porque tiene efecto en cascada sobre el resto de la cadena productiva y el segundo porque es absolutamente discrecional y termina convirtiéndose en una extensión del inmobiliario provincial o el de IIBB mencionado. La novedad es que se adopte la innovación del exgobernador Felipe Solá en Buenos Aires, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes (herencia, donación, etc.), un impuesto que, si bien existe en algunos países, no suele convivir con impuestos patrimoniales. Una nueva batalla legislativa asoma, ahora en las legislaturas provinciales, en la que, como siempre, se defenderá recaudar más para hospitales, escuelas y orfanatos. Del impacto sobre el consumo, los ingresos y la producción, se dice poco y se analiza menos. Es que, nuevamente, el cortoplacismo y la ilusión fiscal de una cultura política silencia los argumentos y la visión de la sustentabilidad como un principio inalienable del sistema económico y social. Mucho más que una palabra de moda en un discurso vanguardista del ministro de Economía de turno.
