“Iremos avanzando mejorando la seguridad, ya que junto a la mejora en la formación de nuestros efectivos este año agregaremos 100 domos de video vigilancia, incorporaremos 120 móviles policiales, 2.400 chalecos antibalas y se pondrá en funcionamiento el sistema 911, que permitirá dar una respuesta temprana ante emergencias con el equipamiento más moderno del mundo”.
Esos fueron los únicos anuncios en materia de seguridad que hizo el gobernador Juan Schiaretti en el inicio de las sesiones legislativas.
El ítem seguridad/inseguridad en la gestión de Hacemos por Córdoba es uno de los más cuestionados en los últimos tiempos.
A los episodios de múltiples robos diarios se le suma la enorme cantidad de hechos en los cuales se vieron implicados policías. Por presuntos casos de gatillo fácil, bandas integradas por efectivos policiales, hechos de violencia de género, golpizas, en los últimos meses más de 40 policías han sido detenidos o imputados por la Justicia.
Bisagra. Ayer se cumplieron seis meses del crimen de Valentino Blas Correas, que tiene a 14 policías imputados, ocho de ellos detenidos. Este caso marcó un quiebre en la sociedad y también obligó al Gobierno a tomar medidas para intentar mejorar la imagen de la policía y tratar de aplacar las críticas.
En ese sentido, en aquel momento, se cambió la conducción policial –Liliana Zarate reemplazó a Gustavo Vélez–, se anunciaron cambios en la formación policial y se sumó un proyecto de ley para modificar el Tribunal de Conducta Policial. Es decir, el órgano encargado de controlar y sancionar a los policías. E
sta ley fue aprobada por la legislatura casi al finalizar el año pasado, el 23 de diciembre del 2020.
Ahora se necesita de la reglamentación del gobernador para su activación. Si bien está previsto que el ejecutivo tiene hasta seis meses para reglamentarla, PERFIL CÓRDOBA pudo saber que la intención del gobierno es apurar la conformación del nuevo tribunal y ponerla en actividad cuanto antes.
De qué se trata. Según el texto de la Ley, el nuevo órgano denominado Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, tendrá como objetivo “instituir un mecanismo de control externo, civil, democrático, autónomo, transparente y eficaz de la actuación de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Córdoba, mediante la prevención, investigación y eventual sanción de las faltas disciplinarias, a fin de resguardar el correcto e integral funcionamiento del servicio de seguridad pública”.
En concreto, la intención es que el control y eventual sanción de policías no quede en manos de la propia fuerza, como es en la actualidad.
La ley aprobada deja expresamente aclarado que el personal en actividad o en situación de retiro de las Fuerzas Armadas o de seguridad no pueden ser miembros del Tribunal de Conducta ni de la Dirección General de Control e Investigación.
El control principal del nuevo órgano estará en manos del Ministerio Publico Fiscal, y será la Fiscalía General la que tendrá que designar a la persona que estará a cargo de presidir el tribunal.
Si bien por el momento no hay un nombre concreto, ya comenzaron a sondear a algunos posibles candidatos para el puesto. En la semana hubo algunas reuniones en Tribunales 2.
El nuevo tribunal estará conformado por siete miembros: un representante del MPF (a cargo de la presidencia); un integrante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; uno del Ministerio de Seguridad; tres legisladores, y habrá un miembro de la Facultad de Derecho, en representación de la Universidad Nacional. Actualmente, el Tribunal de Conducta Policial está presidido por la doctora Ana María Becerra (presidenta) quien es la representante del Poder Ejecutivo, el legislador oficialista Eduardo Serrano y Manuel Cristian Savid, representante del MPF.
Con antecedentes. Una de las situaciones más cuestionables que se han presentado en los últimos tiempos es la de policías en actividad involucrados en hechos delictivos y la comprobación de que ya tenían causas o imputaciones anteriores. Según establece la nueva ley, a los efectivos implicados en un delito se los pasará a una situación pasiva de manera inmediata y no podrán volver a la fuerza hasta la realización de un juicio que los condene o los absuelva.
De todas maneras, las sanciones administrativas que pueda determinar el Tribunal de Conducta serán independientes del desarrollo de la causa penal.
En la ley está previsto que las sanciones principales, según la gravedad de la falta, sean un apercibimiento, suspensión, cesantía y la destitución en casos graves.
Entre las novedades que plantea la ley está la evaluación del patrimonio de todos los policías.
En el artículo 23 se establece que el personal de las fuerzas de seguridad deberá presentar anualmente una declaración jurada patrimonial “sobre sus bienes y las modificaciones que se produzcan en su situación patrimonial, en la de su cónyuge, pareja estable o conviviente, ascendientes o descendientes a cargo”.
Otro de los puntos que deberán estar en consideración del Tribunal de Conducta es la incorporación de nuevas figuras para casos de corrupción, violencia institucional, violencia de género y discriminación.
Aunque desde El Panal no quieran dar plazos concretos sobre cuándo pondrán en funcionamiento este nuevo órgano encargado de controlar y vigilar la actuación de la policía, tienen en claro que necesitan de manera urgente dar una respuesta en materia de seguridad.
