A más de nueve años de que se disparara una alerta por operaciones financieras sospechosas, sobre movimientos de la ‘Asociación Civil De la Sota Liderazgo y Conducción’, la Justicia Federal llegó a la conclusión de que los aportes que recibió la entidad estuvieron justificados y por lo tanto no se cometió ningún delito. La asociación estuvo presidida por Elsa del Carmen Aramayo, quien fuera secretaria del fallecido exgobernador de Córdoba.
El expediente se inició por un reporte de operación sospechosa (ROS) efectuado el 25 de octubre de 2011 por el Banco Julio. Lo elevó a la Unidad de Información Financiera (UIF). El dato primigenio que llamó la atención fue la apertura de una cuenta corriente a nombre de la asociación, en julio de 2011. El 1 de agosto se depositaron allí $350 mil y a los pocos días, el mismo monto fue transferido vía interbanking. Según el banco, la asociación no había aportado documentación respaldatoria de esos fondos. Sin movimientos posteriores, finalmente la cuenta se cerró el 6 de enero de 2012. Es decir que estuvo activa menos de seis meses.
La UIF determinó que quien realizó el depósito fue Marcos Javier Busico, en calidad de tesorero de la asociación. Busico era director de la sociedad anónima Mercados y Comunicaciones. Pero además detectó que la entidad ligada a De la Sota, había recibido depósitos en efectivo por más de $6 millones en otra cuenta corriente de Banco Macro, también durante el 2011.
De ese modo, se pidió información a la Afip, desde donde se respondió que la asociación presentó declaraciones juradas por el impuesto a las ganancias correspondientes a los periodos 2010 y 2011 y que en el primero de los periodos referidos registró un patrimonio de $120.000 -correspondiente al aporte inicial de $10.000 realizado por cada uno de los 12 socios fundadores-, mientras que en el periodo 2011 se registraron ingresos provenientes de los aportes de los socios adherentes, por un monto total de $12.504.614,77 y egresos por $12.503.619,05.
El área de Dirección de Análisis de la UIF concluyó que si bien la asociación había declarado ganancias en 2011 por más de $12 millones, no había datos fehacientes sobre las personas físicas o jurídicas que realizaron sus aportes de campaña, ni tampoco sobre el modo en que lo efectivizaron. Así, el expediente se elevó desde la UIF a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), por entonces encabezada por el cordobés Carlos Gonella.
Posición del fiscal. Carlos Casas Nóblega, fiscal federal N°2, analizó la prueba reunida y llegó a la conclusión de que los aportes a la Asociación De la Sota Conducción y Liderazgo provinieron -prácticamente en su totalidad- de funcionarios del Gobierno provincial. Se hizo una muestra sobre un listado de más de 1.100 aportantes. Varios -ex y actuales funcionarios- declararon como testigos y ratificaron que habían aportado de sus respectivos pecunios para la campaña proselitista de quien resultó electo gobernador de Córdoba el 7 de agosto de 2011. Hubo aportes desde los $2 mil hasta los $12 mil.
Entre los citados a testimoniar figuran Jorge Eduardo Córdoba, Juan Carlos Massei, Walter Mario Grahovac, Osvaldo Giordano, Sergio Busso, Juan Martín Farfán y Ricardo Roberto Sosa. Solo se consideró la campaña provincial porque, si bien ese año se realizaron comicios nacionales para elegir diputados nacionales por Córdoba, De la Sota no fue precandidato en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) del 14 de agosto.
Cambio de fiscal. Hasta el 2018 intervino el fiscal federal Enrique Senestrari. Se apartó de la causa cuando apareció en el listado de aportantes el esposo de una familiar directa. Pasó a la fiscalía N°2, por entonces a cargo de Gustavo Vidal Lascano. Su sucesor, Carlos Casas Nóblega, el 26 de noviembre último, firmó el pedido de desestimación de la causa y el 1 de diciembre el juez Bustos Fierro emitió el fallo que cerró definitivamente una investigación que, a lo largo de nueve años, se mantuvo abierta sin registrar imputaciones.
