El 3 de julio próximo jurados populares decidirán si debe o no ser condenado un policía que protagonizó un hecho de gatillo fácil, ocurrido en barrio Bella Vista hace nueve años. Por segunda vez es juzgado Mariano Martínez –fue absuelto en 2019– por el mismo hecho. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anuló ese fallo y ordenó un nuevo debate oral y público que se está desarrollando en la Cámara 11ª del Crimen desde el 15 de mayo pasado.
El hecho juzgado sucedió el 12 de julio de 2014, cuando Pérez junto a un hermano y un amigo se conducían en un auto y fueron detenidos por un control policial. Cuando eran revisados, Damián se dio a la fuga y por detrás lo persiguió Martínez. En la zona de La Cañada, con su arma reglamentaria, el policía disparó y la bala alcanzó al joven por la espalda. Inmediatamente cayó desvanecido y luego se comprobó que la lesión le provocó inmovilidad motora instantánea. El año pasado ocurrió un hecho que modificó el nuevo debate: Damián Pérez, la víctima, falleció.
Marcelo Sicardi, fiscal de Cámara, pidió la integración del tribunal con jurados populares y apenas inició la audiencia solicitó el cambio de calificación legal: de lesiones gravísimas a homicidio calificado. También dijo, al presentar el caso a los jurados, que pretendía alcanzar la verdad de lo sucedido abriendo un amplio abanico para que se profundizara el análisis de la prueba. En ese sentido, pidió una pericia médica para determinar si había causalidad entre la lesión de 2014 y el fallecimiento de Pérez, al tiempo que solicitó la reconstrucción virtual del operativo policial.
Pericia médica. Los peritos oficiales fueron contundentes. María Florencia Granton y Ramiro Ortiz Morán firmaron su dictamen afirmando que “sí existe un nexo de causalidad entre el disparo de arma de fuego que recibió Damián Alejandro Pérez y la muerte del mismo”. “Las complicaciones posteriores están directamente relacionadas a las secuelas –anestésicas y motoras– dejadas por el proyectil, ya que responden a procesos infecciosos derivados de estas secuelas”.
Proyectil doblado. En la pericia balística se observó la imagen de la bala que quedó alojada entre la octava y novena vértebra de Pérez. Se plantearon dos posibilidades: se deformó por el impacto en la columna del joven o es una evidencia de que ingresó a su cuerpo después de rebotar en el piso.
El jueves pasado las partes expusieron sus conclusiones generales. En su alegato, el fiscal Sicardi volvió a modificar la calificación legal y pidió seis años prisión de condena para el policía Martínez por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función y uso de arma de fuego.
Desde su perspectiva, el policía no tiró con el objetivo de matar a Pérez, basándose en la pericia balística mencionada, por lo que para él se configuró dolo directo sino dolo eventual. Puso como ejemplo el cono de cobertura legal que se establece en la prohibición de cruzar un semáforo en rojo y una eventual muerte que puede ocasionar un conductor que no respeta la norma.
En este caso, sostuvo Sicardi, hay indicaciones claras de que el policía Martínez no debía usar el arma y disparar porque no corría riesgo su vida y sin embargo lo hizo. Pero alegó que no tuvo intención de matar.
Por su parte, Nicolás Turturro, el abogado querellante en representación de los padres de Pérez, pidió que se le aplique prisión perpetua por homicidio calificado por alevosía y abuso en su función. Se basó en la pericia médica que estableció, a pesar de que habían pasado ocho años, que el deceso fue producto de las lesiones y posteriores complicaciones derivadas de ella. También en que el propio Martínez dijo en sucesivas indagatorias que disparó directamente al cuerpo de Pérez, aduciendo que llevaba un arma. Hoy se sabe que esa pistola fue plantada.
La defensa del oficial Martínez, a cargo de Hugo Luna, solicitó su absolución señalando que actuó en legítima defensa y basándose en la duda, situación que lo benefició en el primer juicio absolutorio.
UN ENORME MANTO DE MENTIRAS
En el análisis de todas las pruebas, la escena del crimen y las declaraciones de los policías que intervinieron se descubrieron una serie de encubrimientos que, a esta altura, parecerían una marca registrada en procedimientos irregulares que realizan algunos efectivos de la Policía de Córdoba.
El fiscal de Cámara, Marcelo Sicardi, se encargó en gran parte de su alegato de titular cada una de las “mentiras”.
1. Uno de los policías dijo que palpó un objeto duro en la cintura de Pérez y le dijo que exhibiera lo que tenía y se dio a la fuga. “Es el manual de lo prohibido –objetó el fiscal– no me cabe duda de que eso no es cierto”.
2. Martínez declaró que luego de perseguir a Pérez quedaron frente a frente cada uno con una pistola en la mano. “Es una versión ilógica: ¿cómo nadie dispara cuando la opción era matar o morir?”, se preguntó y encontró una explicación. “Había que argumentar una supuesta legítima defensa que no existió”.
3. El arma plantada. Apareció un arma a 15 metros del lugar donde cayó herido Damián Pérez. Estaba ubicada como si la habría arrojado hacia atrás. También aquí las inconsistencias fueron numerosas y el fiscal no dudó en señalar que esa pistola fue colocada por los policías para “ayudar” a Martínez, lo que indujo a error a los investigadores y terminaron perjudicando a Pérez porque lo imputaron por tenencia de arma de guerra.
4. No se hizo un cordón criminalístico para conservar la escena. El fiscal Sicardi señaló que “lo que menos quería el comisario responsable del procedimiento era que llegara la Policía Científica de Policía Judicial”.
“Es asombroso que siga pasando” denunció el magistrado al indicar que hay, por lo menos, tres sentencias judiciales recientes que acreditaron el mismo modus operandi de encubrimiento, incluido el caso por el cual fueron condenados 11 policías por el crimen de Blas Correas.
Pidió la remisión de antecedentes para los policías que mintieron y adulteraron la escena de los hechos plantando el arma.
