El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tiene en sus manos una decisión trascendente: la de permitir la participación legal de una asociación civil como querellante en causas por corrupción. Sin participación de particulares la definición es exclusiva de los fiscales que investigan: si concluyen que no hubo delito, las causas se archivan sin posibilidad de ser revisadas por otras instancias.
Se trata de denuncias presentadas por los legisladores Aurelio García Elorrio, Liliana Montero y Juan Pablo Quinteros, este último actual concejal electo. Sucesivamente, fueron archivadas y no pudieron ser controvertidas. Así, los denunciantes crearon la asociación Acción Solidaria por una Mejor Argentina (Asoma), aunque esa figura tampoco fue admitida por no evidenciar que fuera una parte ‘ofendida’ para justificar la participación en el proceso.
La primera causa emblemática es el expediente en el que se investigó si existieron irregularidades en la construcción del Hotel Ansenuza, a cargo de la Lotería de Córdoba, en Miramar, que comenzó con un presupuesto de $50 millones y terminó costando $450 millones. Pidieron constituirse en querellantes. El fiscal instructor, Gustavo Dalma, no les concedió la solicitud; mientras que la jueza de Control Nº2, Laura Baralle, sí la aprobó.
Por apelación a esa resolución intervino la Cámara de Acusación, que coincidió con el criterio del fiscal.
Sin noticias. Esa causa es la que debería resolver en primera instancia el TSJ. Hubo fuertes rumores a comienzos de año de que saldría una resolución adversa a la constitución como querellantes. Queda poco más de un mes para finalizar el 2019 y aún no hay novedades. Este medio corroboró que “está a estudio de los vocales” y alguno de ellos ya redactó su voto. Del criterio que se adopte allí, dependerá el resto de causas. Decide la Sala Penal.
Si la resolución es adversa, la asociación irá hasta la Corte Suprema.
La segunda causa en la que Asoma pretende ingresar como parte es la que se inició por una denuncia contra el exfiscal Anticorrupción Gustavo Hidalgo, actualmente juez del fuero especial. La demanda se presentó porque archivó tres pedidos de investigación: la construcción del Camino del Cuadrado, las cámaras ocultas al extitular de la empresa Kolector y el exhorto por presunto pago de coimas en la obra de los gasoductos troncales.
En todas Hidalgo concluyó que no hubo delito y las archivó.
La tercera está referida a la última adjudicación a una empresa privada para el cobro de impuestos provinciales. Se denunció la licitación ganada por Servicio y Consultoría SA y Compañía de Gestión, Administración Fiscalización SA. Según los denunciantes, la nueva concesionaria está constituida por los mismos integrantes de Kolektor. La causa fue archivada por el juez de Control Anticorrupción Gustavo Hidalgo.
La última causa, que tampoco llegó al TSJ y está en la Cámara de Acusación, versa sobre la presentación ante la Unidad de Investigaciones Financiera (UIF) sobre la cesión de acciones de la empresa Madero Urbana SA, entre las firmas Iecsa (del grupo Macri) y GDISA (de los hermanos Álvarez, dueños de Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización SA, integrante de Kolektor). La causa caratulada como “Actuaciones labradas con motivo de la remisión efectuada por la UIF…” fue remitida al fuero Anticorrupción provincial y archivada por el fiscal subrogante Marcelo Fenol.
Desde Asoma esperan que Acusación resuelva si puede ser querellante para apelar dicho archivo. Difícilmente ello ocurra porque el tribunal de Alzada ya fijó un criterio adverso.
