Finalmente, ocurrió lo que presumían algunas de las empresas constructoras participantes de la Licitación Pública Digital Nº 01/2018: el Gobierno de la Provincia dejó sin efecto esta compulsa que había sido convocada el 20 de diciembre de 2017. Tenía como objetivo adjudicar las obras de ampliación del Centro Cívico y contaba con un presupuesto de $ 322,30 millones para construir una torre que iba ser sede de todos los ministerios.
A diferencia de lo que ocurrió con el proceso licitatorio de la nueva Legislatura (que también mereció doble llamado porque, en el primero, los oferentes no alcanzaron a dar un precio competitivo), en este caso sí había una propuesta virtualmente ganadora: la de la firma Teximco (que ofertó $310,61 millones), escudada por Electroingeniería (propuso$341,97 millones). Junto a estas dos compañías habían participado también AMG (con una propuesta 7,3% superior al límite fijado por el pliego), Delta (+10%), Riva (+11,5%) y el Consorcio de Cooperación (+24%).
¿Qué motivo la caída de la licitación? Un decreto promulgado con posterioridad a la licitación y el argumento de la “revisión integral del Proyecto de la obra, con el objeto de incorporar nuevas tecnologías de vanguardia”, según explicó el Ministerio de Obras Públicas a través del Boletín Oficial.
El decreto en cuestión es el Nº 108/2018 referido a la Garantía de Capacidad Económico Financiera que deben tener las constructoras, el cual vino a modificar el artículo 6º del Decreto 1419/2017, reduciendo significativamente el valor de las garantías obligatorias. Ahora sí, según el Gobierno, “se va a garantizar mayor concurrencia de oferentes”.
Tal como funcionaba la Garantía hasta diciembre, ¿fue impedimento para que haya una nutrida oferta? Se presentaron seis compañías de primera línea, con espalda financiero-patrimonial sólida para enfrentar una obra millonaria.
Teximco, por caso, cumplía con las condiciones exigidas sin tener que recurrir a garantías extraordinarias. “Ninguna empresa interesada dejó de estudiar la obra por el costo de la póliza”, señalaron, a su vez, a este diario fuentes de la firma Delta. Electroingeniería, en tanto, “sí presentó una póliza, cumpliendo así todas las normativas vigentes a la fecha de la licitación”, explicó un vocero de la empresa, quien reconoció que, ahora, el nuevo decreto flexibilizador “no beneficiará adicionalmente a la compañía, en ninguna medida”.
Tecnologías de vanguardia. El segundo argumento esgrimido por el Gobierno es aún más cuestionado, a los ojos del sector privado. “Movilizamos miles de pesos para llegar al llamado de diciembre, una época complicada que demandó más inversión que la habitual para preparar la propuesta, y a los tres meses el Gobierno se da cuenta que el proyecto necesita tecnologías de vanguardia para un funcionamiento inteligente y con ahorro de energía”, señalaba con alguna desazón una de las constructoras participantes, que prefirió referirse en off the record.
"El problema para estudiar obras complejas sin proyecto desarrollado, es que las licitaciones se llaman con tiempos mínimos que no permiten estudiarlas bien”, coincidieron desde Delta.
¿Cuánto margen de improvisación se puede dar el Gobierno en el desarrollo de un proyecto de más de $300 millones? Más aún cuando lo que se asegura que se adicionará a la obra no son temas menores: el uso de “tecnologías de vanguardia” y los cálculos de consumo de energía sostenible para una torre como la proyectada exigen no sólo alto expertise de diseño sino tiempo de desarrollo del proyecto.
En el sector privado corre “en voz baja” cierto temor: que el próximo llamado se vuelva a hacer con celeridad, y que este factor constructivo haya sido una excusa, o bien se menosprecie la importancia del tiempo necesario para hacer propuestas eficientes en costo y calidad.
Qué hay detrás de escena. Pocas certezas y demasiadas dudas. El presupuesto para la obra crecerá. Lo admitió el ministro de Obras Públicas, Ricardo Sosa, quién aseguró que se intentará “gastar lo menos posible”.
Desde las empresas reconocen también que los números se van a disparar. “Desconocemos las modificaciones que se introducirán, pero el valor de la obra se incrementará, sin duda, por los aumentos de precios”, señalan desde Delta. En igual sentido responde el vocero de Electroingeniería: “Desconocemos los cambios anunciados. (Los nuevos precios) serán parte de los estudios que deberemos hacer cuando estudiemos la nueva licitación”.
El historial de ajustes en precios que lleva la construcción del Centro Cívico es muy particular: el Panal se licitó por $415 millones y tuvo un ajuste del 25%, que bien lo explica la evolución de los precios, pero si se suma el costo implícito por la financiación, el valor alcanza los $1.479 millones.
El caso de las obras de la Nueva Legislatura es más peculiar aún porque en esta ocasión se hicieron dos llamados a licitación para ajustar costos de construcciones adicionales (cocheras comercializables), que ahora aparentemente no se van a hacer, pero aparentemente se van a pagar. (Ver abajo “Los números no cuadran”).
La madre de las sospechas. Desde el sector privado temen que en un segundo llamado se desate una guerra de precios ficticia. Ahora que ya se conoce el piso de la oferta que puede hacer cada una de las interesadas, “pueden simularse precios bajos de licitación y con futuras negociaciones contractuales (las famosas redeterminaciones de precios) se recupera el precio original; entonces, esta segunda licitación cobra sentido para tratar de favorecer a algún candidato preferido”, señaló una de las empresas consultadas.
Desde Delta arriesgaron: “Sin ninguna duda, el que gane en esta segunda vuelta perderá dinero en la ejecución, con posibilidad de que la gane alguien que después no cumpla y termine como el CPC Provincial de Barrio Jardín”.
Uno de los recursos que le queda a la sociedad para conocer a dónde irán a parar sus impuestos en las obras del Centro Cívico es exigir que el segundo llamado dé cuentas acabadamente del tipo de obras adicionales que se solicitan (especificaciones técnico-constructivas, calidades y objetivo de retorno de la inversión en funcionalidades). Así se podrá comparar ese nuevo presupuesto con el más competitivo de la primera ronda ($310,6 millones) y comprobar que con los ajustes de precios y las mejoras proyectadas resulta razonable.
Asimismo, controlar que los precios que se presenten se ajusten al Decreto de Buenas Prácticas en Obras Públicas que dictó la Nación, según el cual esos valores no deberían estar por debajo del monto del presupuesto oficial en más de 15%. Una oferta que caiga en más de ese porcentaje podría estar indicando una maniobra para ganar una obra sobre la cual luego se recuperará dinero con redeterminación de precios.
LOS NUMEROS NO CUADRAN
El encuentro fue el martes pasado, en la sede del Ministerio de Obras Públicas. Actuando como anfitrión, el ministro del área Ricardo Sosa actualizó a un grupo de legisladores sobre los avances de las obras de la nueva sede de la Unicameral.
Además de repasar las características estructurales de lo que será el edificio, el ministro les explicó que el predio para las cocheras que se entregarían en concesión “quedará previsto, pero no se encontraron inversionistas que quieran desarrollar esa parte de la obra”.
Así lo reveló a PERFIL Cáordoba el legislador Daniel Juez (Frente Cívico) quien participó del encuentro. “Nos dijo (Sosa) que no hubo oferente, entonces esa parte no prosperó”, agregó.
Por las tareas detalladas en Memoria y Pliego para la obra del Nuevo Edificio de la Legislatura Provincial, el Gobierno previó un Presupuesto Bruto de $378,35 millones, desglosado en un Presupuesto Neto de $259,27 millones y un Canon de $118,82 millones por concesión de cocheras; adicionalmente, se agregaron $149,59 millones direccionados puntualmente a esas playas que se esperaban comercializar.
Asumiendo que la adjudicataria, Sadic SA, no realizará las cocheras en cuestión, el presupuesto debió haber quedado en $259,27 millones. Sin embargo, la Provincia anunció en su site oficial, el 30 de enero de 2018, que la obra se había entregado por $389,05 millones; casi $130 millones de diferencia.
"ES USUAL QUE LAS ADMINISTRACIONES RECHACEN TODAS LAS OFERTAS"
¿Puede un Gobierno dar de baja una licitación cuando no existen motivos vinculados a precios ni señalamientos de vicios o irregularidades de los participantes?
Sí, puede.
Lo explica el doctor Sergio Muzi, experto en aspectos jurídicos de obra pública y socio del bufete Ferla-Muzi Abogados: “En las legislaciones referidas a las obras públicas, es usual que la Administración se reserve la facultad de rechazar todas las ofertas y luego llamar a una nueva licitación. Ello se enmarca dentro de las llamadas ‘facultades exorbitantes’ que tiene la Administración por encima de los contratantes privados”, explica Muzi. La Ley de Obras Públicas de la Nación (art.18) y la Ley de Obras Públicas de la Provincia (art. 29) conforman el paraguas legal que ampara la decisión del Gobierno. También lo establece en ese mismo sentido el Pliego de la Licitación (art.20).
La siguiente pregunta, entonces, ¿es qué sucede con la seguridad jurídica, ante eventos de dobles licitaciones reiteradas? “Personalmente entiendo que no afecta, en tanto no se transforme en una metodología reiterativa y se trate –como creo ocurre– en esporádicos y puntuales episodios debidamente justificados”, responde Muzi.
